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Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN


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SENTENCIA
4 de Septiembre de 2018
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Magistrados: Lorenzetti (en disidencia) - Maqueda (según su voto) - Highton de Nolasco - Rosatti - Rosenkrantz (en disidencia)

SUMARIO
Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b y c, de la ley 25.246, así como de la resolución UIF 10/2004 -posteriormente sustituida por la Resolución UIF 21/2011-, en tanto obligan a los escribanos públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo, dado que esta Corte ha expresado, respecto de los destinatarios de la reglamentación, es decir, los escribanos públicos como sujetos obligados (art. 20, inc. 12, de la ley 25.246), que la reglamentación de la actividad del notariado se justifica por su especial naturaleza, pues la facultad que se atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los actos y contratos que celebren constituye una concesión del Estado.

Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2018

Vistos los autos: "Colegio de Escribanos de la Provincia de
Bs. As. c/ PEN s/ sumarisimou

Considerando:
1°) Que la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones
de Lá Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia,
rechazó la demanda interpuesta por el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicitó
la declaración de inconsti tucionalidad de los arts. 14,
inc. 10; 20 y 21, incs. b y c, de la ley 25.246, asi como de la
resolución UIF 10/2004 -posteriormente sustituida por la resolución
UIF 21/2011-, en tanto obligan a los escribanos públicos a
informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre toda
operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo.
2°) Que contra este ,pronunciamiento, la parte actora
interpuso récurso extraordinario que fue concedido a fs. 551/551
vta. Sostiene, en sintesis, que los preceptos que impugna vulneran
el principio. de legalidad porque no establecen pautas objetivas
para determinar. en qué casos una operación puede ser considerada
"sospech6sau
de encubrir lavado de activos o de financiar
el terrorismo. Entiende que esa incertidumbre coloca a los
escribanos ante la posibilidad de ser sancionados con las penas
fijadas en el arto 24 de la ley 25.246.
3°) due el recurso extiaordinario es formalmente admisible
pues. se ha puesto en tela de juicio la validez de normas
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de índole federal y la decisión ha sido contraria a los derechos
que el apelante funda en las cláusulas constitucionales que dice
vulneradas (arts. 14 de la ley 48 y 6
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de la ley 4055) .
4o) Que, en lo que al caso interesa, el art. 20 bis
de la ley 25.246 prevé de modo general la obligación de los sujetos
enumerados en el arto 20 -entre los cuales se menciona a
los escribanos públicos- de informar o reportar actividades que
permitan inferir la existencia de operaciones de "lavado de activos"
, o de financiamiento del terrorismo. Por su parte, el
arto 21, inc. b, obliga a "informar cualquier hecho u operación
sospechosa" y aclara que se consideran operaciones sospechosas a
las "transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de
la actividad que se trate, como así también de la experiencia e
idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales,
sin justificación económica o jurídica o de complej idad
inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o
reiterada". A lo que cabe agregar que, por "lavado de activos",
como lo definió la cámara a fs. 324/328 vta., se alude al proceso
en razón del cual los bienes de origen delictivo se integran
en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos
en forma lícita, y tiene su tipificación en el arto 303
del Código Penal. Finalmente, el mismo arto 21, inc. b, prescribe
que la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá, a
través de pautas obj etivas, las modalidades, oportunidades y
límites del cumplimiento de esta obligación.
En ejercicio de tal atribución, la UIF dictó la resolución
21/2011, que, a título enunciativo, prevé diferentes circunstancias
que los notarios deben tener en cuenta para definir
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si una operación es sospechosa de lavado de activos o de financiación
del terrorismo. Entre tales circunstancias se mencionan:
1) que los montos, tipos, frecuencia y naturaleza no guarden relación
con los antecedentes y actividad económica de los otorgantes;
2) montos inusualmente elevados, complejidad y modalidades
no habituales de las operaciones; 3) negativa del cliente a
proporcionar datos o documentos solicitados, o cuando resulten
falsos; 4) cuando las operaciones involucren "paraisos fiscales"
o se trate de paises o jurisdicciones declarados como "no cooperativos"
por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);
5) cuando existiera un mismo domicilio para distintas personas
juridicas, o cuando, sin motivo económico o legal, las mismas
personas fueren autorizadas o apoderadas de diferentes sociedades,
en especial sí algunas de las entidades están ubicadas en
"paraisos fiscales" y su actividad principal sea la operatoria
"off shore"; 6) compraventa de inmuebles, cesión de derechos,
préstamos, fideicomisos o cualquier operación realizada en dinero
efectivo cuando ~upere determinada suma; 7). aportes de capital
a personas juridicas que invol~crena personas domiciliadas
o constituidas en paises de baja o nula tributación conforme al
ciecreto 1037/2000; 8) venta de acciones, cesiones de cuotas o
cualquier forma de participación en sociedades ocurridas dentro
de los diez diashábiles de requerida la inscripción de la sociedad;
y 9) constitución múltiple de sociedades con minimo de
socios y de capital, o con el mismo dcimicilio.
5°) Que la cuestión central a dirimir consiste en de- I
terminar la compatibilidad de las normas que imponen a los escribanos,
bajo pena de multa, la obligación de informar a la
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Unidad de Información Financiera la existencia de "operaciones
sospechosas" de lavado de activos o financiación del terrorismo
-arts. 20, inc. 12; 21, inc. b y 24 de la ley 25.246 y del arto
2, inc. e, de la resolución UIF 21/2011-, con el principio de
legalidad consagrado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.
6
0
) Que el principio de juridicidad que emana del
arto 19 de la Constitución Nacional sirve como medida de todos
los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones. Por
ello, la regulación se adopta mediante normas de alcance general,
aplicables a diversos casos, que permitan, obliguen o
prohíban determinadas conductas.
Este principio fundamental se complementa con el conocimiento
generalizado de tales diferencias del orden jurídico
vigente, ya que si el derecho no se conoce, no se conocen los
límites entre lo jurídico-permitido y lo jurídico-prohibido,
presupuesto insoslayable para garantizar la convivencia. Resulta
evidente que en un sistema democrático la peor carencia que puede
tener una comunidad es la ignorancia del derecho que la rige.
7o) Que en esas condiciones, el art. 19 expresa una
decisión de establecer delimitaciones precisas entre lo que se
puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe
hacer para garantizar la convivencia y, consecuentemente, para
no sufrir una sanción jurídica.
En efecto, la precisión y actuación real de las reglas
preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los
particulares conocen de antemano a qué reglas se sujetará la ac-
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tuación de los gobernantes, de manera que la conducta de estos
sea previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad
suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmente
al transgresor (Fallos: 326:417)
8o) Que sin embargo ese' conocimiento del derecho no
es meramente especulativo, sino eminentemente práctico, lo cual
no solo impone la obligación de publicitarIo de forma efectiva
disminuyendo la brecha que se abre entre la ficción del conocimiento
generalizado del derecho y la realidad de su desconocimiento,
sino también la de atender a las cáracterísticas concre~
tas de sus destinatarios.
De esta manera adquiere vital importancia ponderar en
cada caso las circunstancias relevantes singulares que conciernen
a las reglamentaciones a fin de evaluar su conocimiento
efectivo por parte de los administrados que deben adecuar .su
conducta a ellas.
9:0
) Que de todo ello' se extrae, en definitiva, que el
arto 19 citado exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad
tengan el mayor .grado de. precisión y previsibilidad posible,
el cual no puede ser analizado en abstracto y de forma
teórica, sino atendiendo razonablemente al ámbito de aplicación
concreto de la norma en cuestión y a la capacidad de conocimiento
de los sujetos a los cuales se dirige (conf. argo CAF
46527/2011/CA1-CS1 "Apaza, León Pedro Roberto c/ EN - DNM disp.
2560/11 (exp. 39.845/09)s/ recurso directo para juzg~dosU, sentenciadel
8de mayo de 201é -v~to del juez Rosatti-) .
-5-
10) Que a similares conclusiones ha arribado este
Tribunal desde el campo sancionatorio de la administración. En
efecto, ha resuelto que el carácter de infracción -y no de delito-
no obsta a la aplicación de las garantías constitucionales
básicas que se fundan en la necesidad de que exista una ley para
que una persona pueda incurrir en la comisión de una falta pasible
de, sanción. y en ese sentido, reconoció la aplicación específica
del principio de legalidad penal del art. -18 de la
Constitución Nacional a sanciones aplicadas por diversas autoridades
administrativas ( más allá de su naturaleza jurídica (Fallos:
184:162; 239:449; 256:94; 267:457; 287:76; 289:336;
290:202; 304:892, 849; 312:1998; 327:2258; 329:3666; 330:1855;
335:1089, 1126; CSJ 92/2012 (48-E)/CS1 "Edenor S'.A. c/ resolu-,
ción 289/04 - ENRE (expte. 15.312/04) s/ recurso directo", del
21 de octubre de 2014).
Así, ha resuelto esta Corte que si bien e;L derecho
'administrativo sancionatorio puede manejarse por sus características
definitorias con cierta relatividad en determinados aspectos,
como la estructura típica, la graduación de las sanciones y
ciertas particularidades procedimentales que serían inadmisibles
en un enjuiciamiento penal, jamás puede apartarse del respeto a
la garantía constitucional de la ley previa.
11) Que, en efecto, el principio de legalidad del
arto 18 de la Constitución Nacional nace de la necesidad de que
exista una ley que mande o prohíba una conducta, para que una
persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar
en determinado sentido, y que además se establezcan las penas a
aplicar (Fallos: 327:2258). Es por ello que la "ley anterior" de
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el PEN si sumarisimo.
la garantia constitucional citada y del principio nu11um crimen,
nu11a poena sine 1ege, exige indisolublemente la doble precisión
por la ley de los hechos punibles yde las penas a aplicar, sin
perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la
reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de
las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de
un minimo y un máximo (Fallos: 237:636; 248:61; 263:267; 275:89;
293:378; 307:511; 310:1909; 328:940).
Asi, tratándose de materias que presenten contornos o
aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador
no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta
que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en
principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas
al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (Fallos: 246:345;
3i1:2453; 328:940). Eri efecto, la mera indeterminación en el tipo
sancionatorio administrativo no implica violación del principio
de legalidad penal ya que no comporta, en si misma, la habilitación
implici ta al órgano sáncionador para llenarlo con el
contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio (Fallos:
329: 3617) el cual se encuentra constreñido por el principio de
razonabilidad.
12) QUé dicho ámbito discrecional será razonable y
compatible con los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, en
la medida en que, tal como se expuso previamente, la norma sancionatoria
resulte precisa y previsible, lo cual exige tener en
cuenta tanto su ámbito de aplicación concreto como la capacidad
de conocimiento de los sujetos a los cuales se dirige.
-7-
Lineamientos similares ha recogido la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (CIDH, López Mendoza e. Venezuela,
sentencia del 1° de septiembre de 2011, citando TEDH, s. W. e.
REINO UNIDO, N° 20.166192, 36, Y C.R. el Reino Unido N°
20.190/92, ambos del 22 de noviembre de 1995; Kokkinakis V. Grecia,
N° 14.307/88, del 25 de mayo de 1993), y coinciden en sustancia
con los estándares de la Corte Suprema de Justicia de Estados
Unidos (United States vs. Reese, 92 U.S. 214 [1876]; Papaehristou
v. Jaeksonville, 405 U.S. 156 [1972]; y Kolender v.
Lawson, 461 U.S. 352 [1983]; Winters v. New York, 333 U.S. 507
[1948]; Hoffman States v. The Flipside, Hoffman States Ine. 455
U.S. 489 [1982]).
13) Que en esas condiciones, a fin de examinar la
precisión y previsibilidad de la definición del término "operación
sospechosa" que contempla el arto 21, inc. b, de la ley
25.246 y el arto 2°, inc. e, de la resolución UIF 21/2011 debe
tenerse en cuenta, respecto al ámbito de aplicación de tales
disposiciones, que estas se encuadran en el marco de un sistema
de prevención de lavado de activos, donde resulta, por definición,
imposible a la autoridad prever con anticipación todos los
supuestos de sospecha vinculados a operatorias naturalmente esquivas
a la fiscalización estatal.
Dicha normativa responde al fenómeno de la criminalidad
trasnacional, abordada por los instrumentos internacionales
suscriptos por nuestro país que han sido detallados por la señora
Procuradora General en su dictamen, muchos de los cuales refieren
expresamente a las "transacciones inusuales o sospecho-
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el PEN si sumarísimo.
sasU
(art. 14, inc. 1, ap. a, de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097; arto 4,
inc. 1, ap. a, de la Convención Intéramericana contra el Terrorismo,
ley 26.023; arto 7, inc. 1, ap. a, de la Convención Internacional
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, ley
25.632; arto 18, inc. 1,. ap. b, del Convenio Internacional para
la Represión de la Financiación del Terrorismo, ley 26.024),
Es en ese contexto que debe leerse la obligación impuesta
por la ley 25.246 de informar las operaciones sospechosas
allí definidas y precisadas por la resolución UIF 21/2011, cuyo
arto 19 enuncia una lista de dieciséis hipótesis que sirven para
delimitar dicho concepto con la claridad necesaria para que los
escribanos públicos actúen en consecuencia.
14) Que, por lo demás, con relación a los destinatarios
de la reglamentación, es decir, los escribanos públicos como
sujetos obligados (art. 20, inc. 12, de la ley 25.246), esta
Corte ha. expresado que la regla,mentación de la .actividad del notariado
se justifica por su especial naturaleza, pues la facultad
que se atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los
actos y contratos que celebren constituye una concesión del Estado
(Fallos: 303:1796; 311:506; 315:1370; 316:855;321:2086).
~Ello justifica, llegado el caso, la inhabilitación disciplinaria
de los escribanos, ya que la concesión de facultades tan delicadas
como las que el Estado les ha otorgado -dar fe a los actos
que se celebren conforme a las leyes-, tiene su necesario correlato
en las exigencias y sanciones que la.reglamentación contiene,
en el sentido de revocar aquel atributo cuando la conducta
del escribano se aparta de los parámetros que la ley establece
-9-
para tutelar el interés público comprometido (Fallos: 334: 434;
326:964).
Dentro de esta relación de sujeción especial se atribuye
razonablemente un rol preponderante a los escribanos en el
sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la
asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros.
Sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los
ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad
a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios
de vinculación con el lavado de activos y la financiación del
terrorismo.
15) Que en esas condiciones, atendiendo a la forma en
que ha quedado trabada la litis y planteada la cuestión federal,
no se ha puesto en evidencia una violación genérica a los arts.
18 y 19 de la Constitución Nacional por parte de la normativa
cuestionada.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado en lo
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.,'
-j
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el PEN si sumarísimo. '
-II-pertinente por la señora Procuradora General, se declara admisible
el recurso extraordinario y se confirma la sentencia
apelada. Con costas. Notifíquese y, óportunamente, devuélvase.
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e/ PEN s/ sumarisimo.
-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA
Considerando:
1°) Que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia,
rechazó la demanda mediante la cual el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires pretendía que se declaren
inconstitucionales los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b y
c, de la ley 25.246, así como la resolución UIF 10/2004, posteriormente
sustituida por la resolución UIF 21/2011
-reglamentaria de aquellos-, en tanto obligan a 'los escribanos
públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)
sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación
del terrorismo. Contra este pronunciamiento, el actor interpuso
el recurso extraordinario que fue concedido a fs.
551/551 vta.
2 0) Que para decidir de tal modo, los jueces sostuvieron
-concita de un precedente de otro tribunal- que las normas
cuestionadas no erigen a los escribanos en investigadores o
policLas ni les imponen cargas insoportables; solamente apelan a
su experiencia y' les exigen una atención activa con el fin de
detectar .operacionescomplej as o alambicadas, que muchas veces
pasan inadvertidas incluso a los ojos más per~picaces. Agregaron
que no es irrazona,ble que la norma apele a la sospecha, en la
medida que ella es la acción y el efecto de aprehender o imaginar
algo por conjeturas fundadas en apariencias o vi~os de verdad,
y que los escribanos de r~gistro, en razón de su ofiCio o
profesión, tienen una experiencia calificada, que les confiere
-13-
suficiente autoridad para asumir esa tarea, Y concluyeron que
nada obsta para preservar el secreto profesional que el escribano
asesore previamente a su cliente sobre la viabilidad de las
operaciones que pretende realizar "quedando así cubiertas las
funciones propias y específicas del notariado",
3°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible
pues se ha puesto en tela de juicio la validez de normas
de índole federal y la decisión ha sido contraria a los derechos
que el apelante funda en las cláusulas constitucionales que dice
vulneradas (arts, 14 de la ley 48 y 6° de la ley 4055) .
4°) Que el recurrente sostiene que los preceptos que
impugna vulneran el principio de legalidad porque no establecen
pautas objetivas para determinar en qué casos una operación puede
ser considerada "sospechosa" de encubrir lavado de activos o
de financiar el terrorismo, y que esa incertidumbre coloca a los
escribanos ante el riesgo cierto de ser sancionados con las penas
fijadas en el arto 24 de la ley 25.246 para el caso de que
la autoridad de aplicación estime que hubo omisión de reportar.
5°) Que, en lo que al caso interesa, el arto 20 bis
de la ley 25.246 prevé de modo general la obligación de los sujetos
enumerados en el arto 20 -entre los cuales se menciona a
los escribanos públicos- de informar o reportar actividades que
permitan inferir la existencia de operaciones de "lavado de activos",
o de financiamiento del terrorismo. Por su parte, el
arto 21, inc. b, obliga a "informar cualquier hecho u operación
sospechosa" y aclara que se consideran operaciones sospechosas a
las "transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de
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la actividad de que se trate, como así también de la experiencia
e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten
inusuales, sin justificación económita O jurídica o de complejidad
inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada
o reiterada". A lo que cabe agregar que por "lavado de activos",
como bien lo definió la cámara a fs. 324/328 vta., se alude al
proceso en razón del cual los bienes de origen delictivo se integran
en el sistema económico legal con apariencia de haber sido
obtenidos en forma lícita, y tiene su tipificación en el arto
303 del Código Penal.
Finalmente, el mismo arto 21, inc. b, prescribe que
la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá, a través
de pautas obj etivas, las modalidades, oportunidades y límites
del cumplimiento de esta obligación. En ejercicio de tal atribución,.
la UIF 'dictó la resolución 21/2011, que, a título enunciativo,
prevé diferentes circunstancias que los notarios deben tener
en cuenta para definir si una operación es sospechosa de lavado
de activos o de financiacíón. del terrorismo. Entre tales
circunstancias, se mencionan: 1) que los montos, tipos, frecuencia
y naturaleza no guarden relación con los antecedentes y ac-
/
tividad económica de los otorgantes; 2) montos inusualmente elevados,
complejidad y modalidades no habituales de las operaciones;
3) negativa del cliente a proporcionar datos o documentos
solicitados, o cuando resulten falsos; 4) cuando las operaciones
involucren "paraísos fiscales" o se trate de países o jurisdicciones
declarados como "no cooperativos" por el Grup~ de Acción
Financiera Internacional. (GAFI); 5) cuando. existiera un mismo
domicilio para distintas personas jurídicas, o cuando, sin moti-
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vo económico o legal, las mismas personas fueren autorizadas o
apoderadas de diferentes sociedades, en especial si algunas de
las entidades están ubicadas en "paraisos fiscales" y su actividad
principal sea la operatoria "off shore"; 6) compraventa de
inmuebles, cesión de derechos, préstamos, fideicomisos o cualquier
operación realizada en dinero efectivo cuando supere determinada
suma; 7)' aportes de capital a personas juridicas que
involucren a personas domiciliadas o constituidas en paises de
baja o nula tributación conforme al decreto 1037/2000; 8) venta
de acciones, cesiones de cuotas o cualquier forma de participación
en sociedades ocurridas dentro de los diez tiias hábiles de
requerida la inscripción de la sociedad; y 9) constitución
múltiple de sociedades con minimo de socios y de capital, o con
el mismo domicilio.
6°) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el caso "López Mendoza vs. Venezuela" (sentencia del 1° de
septiembre de 2011), siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, estableció los alcances del principio de legalidad en
el ámbito del derecho administrativo sancionador. Dij o que la
norma, además de ser adecuadamente accesible y suficientemente
precisa, debe ser previsible, y que esta previsibilidad debe
evaluarse teniendo en cuenta las siguientes pautas: i) el contexto
de la norma bajo análisis; ii) el ámbito de aplicación para
el que fue creada la norma; y iii) el estatus de las personas
a quien está dirigida la norma (párr. 199).
Por su parte, en lo concerniente al grado de especificidad
de las disposiciones legales sancionatorias, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en un caso que presenta analogia
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con el aquí examinado -por vincularse con un régimen que imponía
a los abogados la obligación de notificar la existencia de operaciones
"sospechosas" de constituir blanqueo de capitales o de
financiar el terrorismo- señaló que "una norma no puede ser considerada
como 'ley' a no ser que esté formulada con la suficiente
precisión para permitir al ciudadano que regule su conducta:
el ciudadano debe ser capaz -si es necesario, con el asesoramiento
apropiado- de prever, hasta donde sea razonable y atendiendo
a las circunstancias, las consecuencias que puede acarrear
una acción determinada". Indicó que "ya ha reconocido la imposibilidad
de alcanzar una certeza absoluta en ,la formulación
de las leyes y el riesgo de que la búsqueda de tal certeza traiga
como consecuencia indeseada una rigidez excesiva"; y que muchas
leyes "están inevitablemente formuladas en términos que, en
mayor o menor medida, son imprecisos y cuya interpretación y
aplicación son cuestiones de práctica" (sentencia del asunto
"Michaud v. France" del 6 de diciembre de 2012, párr. 96).
E,n la misma ocasión, el Tribunal Europeo consideró
que la expresión "sospecha", que contenían las normas puestas en
crisis en ese caso, era "una cuestión de sentido común y que un
grup¿de personas bien informadas, como son los abogados, no se
encuentra en posición de alegar útilmente que no lo entiende".
Desechó así la alegación del demandante en cuanto aducía que las
disposiciones del Código Monetario y Financiero francés carecían
de claridad al exigir a los abogados que notifiquen o reporten
"sospechas" de determinadas operaciones ilícitas (pár,rs. 59, 95
y 97 del caso "Michaud").
-17-
7°) Que con relación al régimen legal cuestionado en
este pleito, cabe advertir, en primer lugar, que no parece posible
realizar a priori una descripción acabada de todas y cada
I
una de las operaciones de financiamiento del terrorismo y de lavado
de activos que sea dable imaginar, toda vez que estas pueden
involucrar múltiples combinaciones de hechos y actos jurídicos,
con intervención directa o encubierta de diferentes suj etos.
No obstante ello, el art. 303 del Código Penal, referente
al lavado de activos, es explícito en cuanto castiga al que convirtiere,
transfiriere, administrare, vendiere, gravare o disimulare
bienes provenientes de un ilícito penal, y también al que
"de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado"
dicha clase de bienes, con la consecuencia posible de que adquieran
la apariencia de tener un origen lícito. Esta norma permite
comprender cuáles son las conductas punibles por ser evidente
el contexto de situación y, por la misma razón, delimita
la tarea del profesional de derecho en su cometido de evaluar si
la operación es o no sospechosa.
80) Que de acuerdo a lo expresado y al desarrollo
hecho por la señora Procuradora General de la Nación en su dictamen,
cabe concluir que el régimen legal impugnado en autos satisface
el requisito de ser previsible y no vulnera, por ello,
el principio de legalidad. En efecto, de acuerdo al arto 21,
inc. b, de la ley 25.246, para calificar de sospechosa a la actividad
y, por ende, tener que reportarla a la OIF, los escribanos
públicos deben examinar si aquella es "inusual", si tiene
"justificación económica o jurídica" o es de "complejidad inusitada
o injustificada", lo que no constituye una tarea de difícil

realización para quienes, dada su condición de profesionales
uni versi tarios, deben tener cabal conocimiento de los negocios
jurídicos en los que intervienen como fedatarios, de modo de poder
discernir si sus características son habituales o no, si determinadas
modalidades suelen presentarse en la práctica, si se
entiende la finalidad del negocio y cuál es el provecho
-económico o no- para sus otorgantes, o si se trata de una operación
novedosa, caso en el cual cabe presumir que se hallan en
condiciones de desentrañar su real sentido.
Para llevar a cabo esa labor, los notarios cuentan,
además, con la lista de las dieciséis hipótesis previstas en el
arto 19 de la resolución UIF 21/2011, que si bien no agotan todas
las posibilidades, delimitan en importante medida la tarea
de evaluación a su cargo. Al respecto, corresponde señalar que,
a diferencia de lo argüido por el recurrente -que no desarrolló
agravios concretos relacionados con cada una de tales hipótesis-,
los supuestos allí contemplados son suficientemente descriptivos
de las situaciones "s'ospechosas" que "pueden presentarse
en una actividad que, como se expresó, es de por sí compleja
y dinámica.
Obsérvese que sobre el particular, la resolución alu-
_dida sigue en este punto a las Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en cuanto aconseja que debe
exigirse a los "notarios -entre otros profesionales- que reporten
las "operaciones sospechosas" cuando, en nombre de un
cliente 6 por un cliente, se involucren en una traniacción financiera
con relación a la "compra y venta de bienes inmobiliarios;
administración del dinero, valores y otros activos del
-19-
cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorro o
valores; organización de contribuciones para la creación, operación
o administración de empresas" y "creación, operación o administración
de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,
y compra y venta de entidades comerciales" (nros. 22 Y 23
del documento conocido como las "Cuarenta Recomendaciones") .
9°) Que, finalmente y dado los términos en que fue
formulada la demanda, no corresponde que el Tribunal proceda a
examinar más que de modo general la validez constitucional de la
ley y su reglamentación específica, sin que ello impida valorar
en cada caso concreto el resultado de su aplicación práctica.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado en lo
pertinente por la señora Procuradora General, se declara admisible
el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada.
Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
-/
0181-/ /-
JUAN CARLOS MI\QUEQI\
-20-
FLP l298/2008/CSl-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
e/ PEN s/ sumarísimo.
-//-DENCIA
LORENZETTI
DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS
Considerando:
l°) Que la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia,
rechazó la demanda mediante la cual el Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires pretendía que se declaren
inconstitucionales los arts. 14, inc. 10; 20; 21, incs. b y
c, de la ley 25.246, así como la resolución UIF 10/2004, posteriormente
sustituida por la resolución UIF 21/2011
-reglamentaria de aquellos-, en tanto obligan a los escribanos
públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)
sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación
del terrorismo. Contra este pronunciamiento, el actor interpuso
el recurso extraordinario que fue concedido a fs.
551/551 vta.
2:°) Que para decidir de tal modo, los jueces sostuvieron
que las normas cuestionadas no erigen a los escribanos en
investigadores o policías ni les imponen cargas insoportables;
solamente apelan'a su experiencia y les exigen una atención activa
con el fin de detectar operaciones complejas o alambicadas,
que muchas veces pasan inadvertidas incluso a los ojos más perspicaces.
Agregaron .que no es irrazonable que la norma apele a la
sospecha, en la medida que ella es' la acción y el efecto de
aprehender o imaginar algo por conj eturas fundadas e,n apariencias
o visos de verdad,' y que los escribanos de registro, en
razón.de su oficio o profesión, tienen una experiencia califica-
-21-
da, que les confiere suficiente autoridad para asumir esa tarea.
y concluyeron que nada obsta para preservar el secreto profesional
que el escribano asesore previamente a su cliente sobre la
viabilidad de las operaciones que pretende realizar "quedando
así cubiertas las funciones propias y específicas del notariado"
.
3°) Que la recurrente sostiene que los preceptos que
impugna vulneran el principio de legalidad porque no establecen
pautas objetivas para determinar en qué casos una operación puede
ser considerada "sospechosa" de encubrir lavado de activos o
de financiar el terrorismo, y que esa incertidumbre coloca a los
escribanos ante el riesgo cierto de ser sancionados con las penas
fijadas en el arto 24 de la ley 25.246 para el caso de que
la autoridad de aplicación estime que hubo omisión de reportar.
4°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible
pues se ha puesto en tela de juicio la validez de normas
de índole federal y la decisión ha sido contraria a los derechos
que el apelante funda en las cláusulas constitucionales que dice
vulneradas (arts. 14 de la ley 48 y 6° de la ley 4055) .
5°) Que a criterio del Tribunal se está en presencia
de un caso o controversia en los términos del art. 116 de la
Constitución Nacional y del arto 2° de la ley 27. Ello es consistente
con los precedentes adoptados en oportunidad de fallar
las causas CSJ 329/2008 (44-C) /CS1 "Colegio Notarial de Mendoza
c/ PEN (U.l.F.) s/ ordinario" (sentencia del 27 de septiembre de
2011); CSJ 1634/2013 (49-C)/CS1 "Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Tierra del Fuego c/ PEN - MJOH - Unidad de lnfor-
-22-
FLP 1298/2008/CSI-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
el PEN si sumarísimo.
mación Financiera y otro s/ acción de inconstitucionalidad"
(sentencia del 15 de julio de 2014); CSJ 3906/2005 (4l-C) /CS1
"Colegio de Escribanos de Entre Ríós c/ P.E.N. (Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Unidad de Información
Financiera) s/ acción de inconstitucionalidad-incidente de apelación
de medida cautelar" (sentencia del 26 de febrero de 2008)
y CSJ 1371/2008 (44-C)/CS1 "Colegio de Escribanos del Neuquén c/
Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación s/ ordinario" (sentencia del 27 de septiembre de
2011), entre otras.
Que asimismo hay legitimación activa del Colegio conforme
con precedentes de esta Corte ("Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455).
6°) Que la cuestión planteada exige determinar si las
normas que imponen a los escribanos, baj o pena de multa, la
obligación de informar a la Unidad de Información Financiera la
existencia de "operaciones sospechosas" de lavado de activos o
financiación del terrorismo -arts. 20,inc. 12, 20 bis y 21,
inc. b de la Ley 25.246 y de los arts. 2°, inc. e y 19 de la resolud,ón
UIF 21/2011-, son consistentes con el principio de legalidad
consagrado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Na-
_ cional.
7°) Que ~l arto 20 bis de la ley 25.246 prevé de modo
general la .obligación de los suj etos enumerados en el art. 20
-entre los cuales se menciona a los escribanos públi~os- de informar
o reportar actividades que permitan inferir la existencia
de operaciones de "lavado de activos", o de financiamiento del
-23-
terrorismo. Por su parte, el arto 21, inc. b, obliga a "informar
cualquier hecho u operación sospechosa" y aclara que se consideran
operaciones sospechosas a las "transacciones que de acuerdo
con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así
también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas
a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o
jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas
en forma aislada o reiterada". A ello cabe agregar que por
lavado de activos se alude al proceso en razón del cual los bienes
de origen delictivo se integran en el sistema económico legal
con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita, y
tiene su tipificación en el arto 303 del Código Penal.
Finalmente, el mismo arto 21, inc. b, prescribe que
la Unidad de Información Financiera (UIF) establecerá, a través
de pautas obj etivas, las modalidades, oportunidades y límites
del cumplimiento de esta obligación. En ejercicio de tal atribución,
la UIF dictó la resolución 21/2011, que, en su arto 19 establece
que "...Los sujetos obligados deberán reportar, conforme
lo establecido en el artículo 21, inciso b) de la Ley N° 25.246
Y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que de acuerdo
a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza y
el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos
o Financiación del Terrorismo ...". A continuación, y a título
enunciativo, prevé diferentes circunstancias que deben valorarse.
Entre ellas se mencionan: 1) que los montos, tipos, frecuencia
y naturaleza no guarden relación con los antecedentes y actividad
económica de los otorgantes; 2) montos inusualmente elevados,
complejidad y modalidades no habituales de las operacio-
-24-
FLP 1298/2008/CSI-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
e/ PEN s/ sumarísimo.
nes; 3) negativa del cliente a proporcionar datos o documentos
solicitados, o cuando resulten falsos; 4) cuando las operaciones
involucren "paraisos fiscales" o se 'trate de paises o jurisdicciones
declarados como "no cooperativos" por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI); 5) cuando existiera un mismo
domicilio para distintas personas juridicas, o cuando, sin motivo
económico o legal, las mismas personas fueren autorizadas o
apoderadas de diferentes sociedades, en especial si algunas de
las entidades están ubicadas en "paraisos fiscales" y su actividad
principal sea la operatoria "off shore"; 6) compraventa de
inmuebles, cesión de derechos, préstamos, fideicomisos o cualquier
operación realizada en dinero efectivo cuando supere determinada
suma; 7) aportes de capital a personas juridicas que
involucren a personas domiciliadas o constituidas en paises de
b?ja o nula tributación conforme al decreto 1037/2000; 8) venta
de acciones, cesiones de cuotas o cualquier forma de participación
en sociedades ocurridas dentro de los diez dias hábiles de
requerida la inscripción de la sociedad; Y. 9) constitución
múltiplé de:sociedades con minimo de socios y de capital, o con
el mismo domicilio.
8°) Que, a los fines expresados en el considerado 6°,
resulta importante resaltar que la normativa precedentemente citada
exige. que se informe urta operación sospechosa, conforme coh
los usos y costumbres, lo cual obliga a los escribanos a realizar
un juicio que excede su función y ubica, además, a los terceros
en una posición dependiente de su discreciona~idad. Para
arrojar precisión se dice que es sospechoso lo que presenta una
falta de justificación económica o una complejidad juridica inu-
-25-
sitada, definiciones que no presentan una adecuada precisión para
el sujeto obligado.
Conceptos de esas características requieren una serie
de determinaciones que, en el mej or de los supuestos, puede
hacer el intérprete final de la norma; es decir, el juez. Pero
en el caso, ese juicio de concretización está a cargo del escribano,
o de la Unidad de Información Financiera y, además, sin
control alguno de las partes. Es, entonces, un criterio muy
abierto y opinable lo que puede calificarse como sospechoso.
Por otra parte, no puede soslayarse que se trata de
acti vidades investigati vas para las cuales el Estado tiene un
diseño de instituciones definidas por la Constitución Nacional,
conforme al Estado de Derecho.
9°) Que es función de esta Corte proteger el ejercicio
de la libertad de modo pleno, excepto que exista una causa
suficiente y determinada para establecer una obligación. Este
principio expresado en el art. 19 de la Constitución Nacional,
tiene una relevancia inocultable en un mundo en el que el avance
sobre la privacidad y la esfera privada pone en riesgo la definición
de libertad humana. Ello es aplicable también en el juicio
de ponderación que debe hacerse cuando se trata del ejercicio
de una profesión que tiene funciones públicas, como es la de
los escribanos.
Que para que exista una obligación legal cuyo incumplimiento
acarrea una sanción, debe existir una descripción precisa
de la figura típica, puesto que, de lo contrario, se genera
-26-
FLP 1298/2008/CSI-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
e/ PEN s/ sumarísimo.
un amplio campo de discrecionalidad para quien aplica la norma,
que no es judicial y que puede incurrir en abusos.
Ello implica, entonces, la regulación mediante normas
de alcance general, aplicables a diversos casos. que permitan,
obliguen o prohíban determinadas conductas. Deben existir delimitaciones
precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está
obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la
convivencia y, consecuentemente, para no sufrir una sanción
jurídica.
la) Que también está en juego la seguridad jurídica
como fundamento de una regulación de mercado, porque la descripción
precisa del tipo que acarrea consecuencias sancionatorias
permi te que, tanto el escribano como los terceros, tengan una
regla clara que deben. cumplir.
La indeterminación causa mayores incertidumbres, incrementa
los costos. de transacción, deteriora la confianza que
es un lubricante de las relaciones sociales y, en la mayoría de
los casos, conduce a una sobreactuación para cubrir responsabilidades
eventuales.
En efecto, .la precisión y actuación real de las re-
-glas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los
particulares conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actuación
de los gobernantes, de manera que la conducta de estos
sea previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad
suficiente, pueda corregir. el error y responsabilizar eficazmente
al transgresor (Fallos: 326:417)
-27-
En definitiva, lo que el citado arto 19 de la Constitución
Nacional exige es que las normas tengan el mayor grado de
precisión y previsibilidad posible.
11) Que, por otra parte, el principio de legalidad
del arto 18 de la Constitución Nacional requiere que exista una
ley que mande o prohíba una conducta, para que una persona pueda
incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado
sentido, y que, además, se establezcan las penas a aplicar
(Fallos: 327:2258). Es por ello que la "ley anterior" de la garantía
constitucional citada y el principio de nullum crimen,
nulla poena sine lege, exigen indisolublemente la doble precisión
por ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar,
sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos
la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas
de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro
de un mínimo y un máximo (Fallos: 237: 636; 275: 89; 307: 511;
310:1909; 328:940).
Así, tratándose de materias que presenten contornos o
aspectos tan ,peculiares; distintos y variables que al legislador
no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta
que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en
principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas
al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (Fallos: 246:345;
311:2456; 328:940).
12) Que del examen de las normas cuestionadas efectuado
precedentemente se desprende que la obligación de reportar
operaciones inusuales o sospechosas no se basa en pautas plena-
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FLP 1298/2008/CS1-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
e/ PEN s/ sumarísimo.
mente objetivas, sino que depende de la subjetividad de quien
está obligado a informar, generando entonces el riesgo de que
existan criterios dispares para considerar que una operación deba
ser reportada. En esos términos, no puede hablarse de una reglamentación
razonable.
No obsta a lo manifestado la existencia de un listado
ejemplificati vo pues, como se ha visto, las circunstancias que
se enuncian deben ser "valoradas" por el sujeto obligado. Lejos
se está, entonces, de las pautas objetivas que prescribe la norma
(inc. b del arto 21 de la ley 25.246).
Por otra parte, una cosa es que los sujetos obligados
tengan el deber de informar "operaciones sospechosas" u "operaciones
inusuales" referidas al marco de su actividad cotidiana,
y otra muy distinta es que tengan que informar aquellas operaciones
inusuales que "...consideren sospechosas de Lavado de Activos
o Financiación del Terrorismo ...", circunstancia que parece
exceder el ámbito de su actuación.
13) Que, a mayor abundamiento, debe señalarse que la
técnica utilizada en la redacción de las normas impugnadas acude
a una importante. cantidad de conceptos jurídicos indeterminados
-tales como "usos y costumbres", "experiencia e idoneidad",
"buena fe"- los que, en principio, atentan cohtra la especificidad
y objetividad necesaria en este t~po de disposiciones jurídicas.
Por lo expuesto, oída la señora Procuradora General, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia
apelada y se declara la inconstitucionalidad de los arts. 20
-29-
.bis y 21, inc. b de la ley 25.246 y de los arts. 2°, inc. e y 19
de la resolución U1F 21/2011. Con costas por su orden. NotifíD131-//-
-30-
FLP 1298/2008/CSI-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
e/ PEN s/ sumarísimo.
-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO
ROSENKRANTZ
Considerando que:
10) En el año 2005 el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires planteó una acción declarativa de certeza
en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, a fin de que se declare la inconstitucionalidad
de los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b y c, de la
ley 25.246, y de la resolución UIF 10/2004 dictada en su consecuencia
-luego sustituida por la resolución UIP 21/2011-, en
tanto obligan a los escribanos a reportar a la Unidad de Información
Financiera -UIF- operaciones sospechosas de lavado de
activos y financiación del terrorismo bajo apercibimiento de
multa.
En sustancia, la actora alegó que la falta de certeza
sobre el alcance de la obligación de informar puede producir
perjuicios inmediatos, tales como la imposición de la sanción de
naturaleza penal prevista en el art ..24 de la ley citada.
2°) La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata revocó la sentencia de la anterior instancia y rechazó
- la acción declarativa planteada, con costas a la actora vencida.
Para asL decidir, el tribunal remitió a un precedente
de la Cámara Federal de Bahía Blanca y a su propio pronunciamiento
dictado en la causa con ocasión de una medida cautelar
previamente solicitada. Bostuvo que los escribanos cumplen una
función pública y que las normas atacadas les imponen la obliga-
-31-
ción de informar una sospecha en base a su experiencia pero no
los obligan a denunciar ni a investigar delitos. Afirmó que el
secreto profesional se preserva si el escribano asesora previamente
a su cliente sobre la viabilidad de la operación que pretende
realizar, cumpliendo de ese modo las funciones propias del
notariado. Agregó que las normas cuestionadas y los compromisos
internacionales asumidos por el Estado Nacional mediante la Convención
Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional
para la Represión de la Financiación del Terrorismo se
refieren a cuestiones de interés público, lo cual justifica
adoptar un criterio estricto para la procedencia del pedido de
inconstitucionalidad. y finalmente señaló que era público y notorio
el incremento de delitos 'vinculados con la ley de lavado.
3°) La actora cuestionó la decisión mediante recurso
extraordinario, que fue concedido a fs. 551/551 vta. por encontrarse
en juego la interpretación y alcance de normas federales.
La recurrente sostiene que los preceptos que impugna
vulneran el principio de legalidad porque no establecen pautas
objetivas para determinar en qué casos una operación puede ser
considerada sospechosa de encubrir lavado de activos o de financiar
el terrorismo y que esa incertidumbre coloca a los escribanos
ante el riesgo cierto de ser sancionados cuando la autoridad
de aplicación estime que hubo omisión de reportar.
Por otro lado, la actora afirma que el arto 21, inc.
b, de la ley 25.246 delegó en la UIF la fijación de pautas objetivas
para el cumplimiento de la obligación de informar y que el
organismo administrativo obligó a los escribanos a aplicar un
-32-
FLP 1298/2008/CSI-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Es. As.
el PEN si sumarísimo.
criterio subjetivo para determinar el carácter de sospechoso de
las operaciones de sus clientes, lo cual supone un exceso de la
potestad reglamentaria (art. 99.2 de'la Constitución Nacional)
4o) La admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto
por la actora se encuentra subordinada a la existencia
de un "caso", "causa" o "controversia" en los términos del arto
116 de la Constitución Nacional y del arto 2
0
de la ley 27 (ver
Fallos: 334:236 y su cita). Tal existencia, por ser de carácter
jurisdiccional, es comprobable de oficio pues su ausencia o
desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la
conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia
(ver Fallos: 308:1489 y sus citas; 325:2982; 330:5111; 331:
2257)
La. determinación de si existe un caso judicial se impone
con mayor razón cuando -como ocurre en autos- se está en
presencia de un proceso colectivo y una decisión favorable a la
pretensión de inconstitucion~lidad promovida podria tornar
inaplicable 'para todos los representados por el actor un aspecto
central de la ley 25.246.
5 O) Sobre esa base, cabe recordar que los casos o
controversias contencios?s que habilitan la jurisdicción de los
tribunales federales son aquellos en los que se persigue, en
concreto, la determinación del derecho o prerrogativa debatidos
entre partes adversas ante la existencia de una lesión actual o,
al menos, una amenaza inminente a dicho derecho o p~errogativa
(conf. Fallos:321:1352;32~:52¿, entre muchos otros).
-33-
Esta Corte ha sido enfática en cuanto a que la acción
declarati va de inconsti tucionalidad debe responder a un "caso"
según la definición dada precedentemente, ya que dicho procedimiento
no tiene carácter simplemente consul tiva ni importa una
indagación meramente especulativa (conf. Fallos: 324:2381, entre
otros). Nuestro ordenamiento no admite "una acción que persiga
el control de la mera legalidad de una disposición" (ver Fallos:
332: 111 "Halabi").
6°) En el contexto de una acción declarativa como la
que aquí se plantea, la configuración del caso judicial exige
que la pretensión tenga por finalidad precaver las consecuencias
de un acto en ciernes al que se le atribuye ilegitimidad y fijar
las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto
(ver Fallos: 330:3109, entre otros).
Desde esta premisa y después de subrayar que no se
requiere un daño efectivamente consumado, esta Corte ha exigido:
a) que medie actividad administrativa que afecte un interés
legítimo; b) que el grado de afectación sea lo suficientemente
directo; y c) que aquella actividad tenga concreción bastante
(conf. Fallos: 325:474; 328:502, 3586, entre otros).
7°) De todos modos, la exigencia del acto en 'ciernes
como elemento configurativo del caso judicial en el marco de la
acción declarativa de inconstitucionalidad no es excluyente.
En ciertos supuestos particulares, la norma legal
cuestionada podría ser susceptible de provocar una afectación
tangible en el ejercicio de un determinado derecho, sin que para
ello sea necesaria la existencia de una actuación administrativa
-34-
FLP 129B/200B/CS1-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
el PEN si sumarísimo.
(ver en este sentido: Fallos: 310: 977, 2812 Y 322: 1253, entre
otros). En tales precedentes, por las caracteristicas del planteo
y de las normas impugnadas estapan dadas las condiciones para
concluir que no se trataba de una petición con carácter "simplemente
consultivo" o que importase una "indagación meramente
especulativa" (ver en este sentido: Fallos: 333:1279, disidencia
de las juezas Highton de Nolasco y Argibay) .
La'afectación del ejercicio de un derecho individual
puede derivarse, entonces, dé un contexto normativo o administrativo
que el peticionario puede pretender esclarecer de forma
inmediata, sin estar obligado a propiciar o soportar un acto administrativo
que concrete su agravio. Ello puede darse, por
ejemplo, cuando en el tiempo previo al acto administrativo que
concretaria el agravio, el derecho que el peticionario busca
proteger se encuentra de hecho negado o cuando el costo en que
debe incurrir durante dicho tiempo implica de hecho la negación
de su derecho.
Ahora bien, ante la falta dé' una actividad administrativa
que pruebe directamente el daño que la acción busca precaver,
debe extremarse la carga argumentativa y probatoria que
pesa sobre el peticionario. A él le corresponde demostrar, en qué
_medida el contexto mencionado afecta sus intereses de modo diferenciado,
directo y concreto (conf. Fallos: 333:10B8).
8°) Partiendo de estas premisas, parece claro que en
autos no se presenta un caso contenciDso que habilit~ la jurisdicción
de esta Corte.
-35-
En primer lugar, no se advierte la existencia de un
acto en ciernes que pueda llegar a lesionar el derecho constitucional
invocado por la actora en forma inmediata y concreta. Dado
que aqui se pretende que ciertos aspectos de la ley y de su
reglamentación violan el principio de legalidad en materia penal,
el eventual perjuicio para los escribanos solo podria concretarse
en caso de que se inicie algún procedimiento sancionatorio
en los términos del arto 24 de la ley 25.246 por haberse
omitido informar una operación que a juicio de la urF resulte
sospechosa de lavado. Sin embargo, en el caso no se ha invocado
y menos aún demostrado la existencia actual o pasada de algún
procedimiento disciplinario en contra de ~lgún escribano por incumplimiento
del deber fijado en el arto 21 de la ley citada.
En segundo término, tampoco se dan las condiciones
que autoricen a tener por configurada una causa sin que medie un
"acto en ciernes", puesto que en la forma en que ha sido planteada
la cuestión, la pretensión de la actora presenta caracteristicas
tales que la asimilan a una solicitud de carácter
consultivo. Aqui no se ha alegado y menos aún demostrado que la
mera vigencia de las normas atacadas impida el ejercicio de la
función notarial ni que su cumplimiento imponga un coste excesivo
en cabeza de los escribanos. Más aun, a lo largo de este proceso
la peticionaria se encargó de remarcar que no estaba en tela
de juicio el deber de colaboración con la autoridad administrati
va en cuestiones vinculadas con el lavado de activos (ver
por caso fs. 49). El cuestionamiento se basa, sobre todo, en la
presunta inexistencia de pautas objetivas para llevar a cabo dicha
labor, aspecto que por ahora no suscita un caso judicial.
-36-
FLP 1298/2008/CSI-CAl
Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As.
e/ PEN si sumarísimo.
9o) En síntesis, no se advierte la existencia de un
interés inmediato y concreto en cabeza de la actora que otorgue
sustento a la acción declarativa de inconsti tucionalidad planteada.
La afectación invocada no traspasa, por el momento,
el umbral de la mera conjetura. Pesaba sobre la demandante demostrar
que a lo largo de todos estos años se produjo algún tipo
de actuación administrativa que pudiera producir un perjuicio o
lesión a sus representados o bien que el cumplimiento de la norma
concretaba esa lesión. Sobre todo, tratándose en autos de una
pretensión que en la práctica tendría efectos derogatorios en el
ámbito de la Provincia de Buenos Aires de una norma legal que se
encuentra vigente desde el año 2000.
Por ello, oída la señora Procuradora General, se desestima
el recurso extraordinario interpuesto, con costas en el orden
causado en atención a la forma en que se resuelve. Notifíquese
y, oportunamente, devuélvase.
d'"
¿~.
»~
CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ
-37-
Recurso extraordinario interpuesto por el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Buenos Aires, representado por la Dra. Elina Edith Gualtieri.
Traslado contestado por el Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Unidad de Información Financiera, representado por el Dr. Claudio Javier
Castelli.
Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia
nO 4 de La Plata.

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Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires el PEN si sumarísimo
Suprema Corte:
-1-
La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuenCIa, rechazó la acción
declarativa de certeza promovida por el Colegio de Escribanos de la provincia de
Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 14, inciso
10, 20 Y 21, incisos by c, de la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de
Origen Delictivo y de su reglamentación -resolución 10/2004 de la Unidad de
Información Financiara (en adelante, UIF), anexos II y IV, sustituida por resolución
21/2011- en tanto obligan a los escribanos a info=ar a la UIF toda operación
sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo (fs. 519/21).
En primer lugar, describió el régimen info=ativo creado por la
no=ativa cuestionada, que, entre otras medidas, obliga a los escribanos a info=ar las
operaciones sospechosas a la UIF, que es el organismo encargado de analizar, tratar y
transmitir datos a fin de prevenir el delito de lavado de activos.
En segundo lugar, apuntó que los escribanos cumplen una
función eminentemente pública. Señaló que las no=as no les imponen el deber de
denunciar, sino de info=ar. Agregó que apelan a su experiencia y los obligan a adoptar
una actitud de atención activa a fin de detectar ciertas operaciones. Finalmente,
enfatizó el interés público perseguido por las no=as impugnadas y expuso que ello
está reflejado en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en
la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo.
1
Por esas razones, sostuvo que corresponde adoptar un criterio
restrictivo para la declaración de inconstitucionalidad, que no es satisfecho por la
petición de! accionante.
-IIContra
dicho pronunciamiento, el Colegio de Escribanos de la
provmcla de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario (fs. 524/35), que fue
contestado (fs. 538/49) Y concedido por e! a quo en lo referido a la cuestión federal,
pero denegado por la arbitrariedad invocada (fs. 551).
El recurrente sostiene, en lo principal, que las no=as
cuestionadas y, en especial, las resoluciones 10/2004 y 21/2011 dictadas por la urF no
establecen pautas objetivas para determinar la existencia de una operación sospechosa
que genere e! deber de info=ar. Enfatiza que ello causa una situación de
incertidumbre que vulnera el principio de legalidad. Aduce que el deber de informar no
puede implicar delegar en los particulares funciones de investigación, juzgamiento y
prevención de delitos, que son propias de! Estado.
Afinna que el articulo 21, inciso b, de la ley 25.246 delega en la
urF la fijación de pautas objetivas para el cumplimiento de la obligación de info=ar .
. Asevera que la urF obliga a los escribanos a aplicar un criterio subjetivo para
determinar e! carácter sospechoso de las operaciones de sus clientes. Señala que de ese
modo el organismo se exorbitó de la delegación conferida y de sus facultades
reglamentarias, y se arrogó funciones propias del Congreso de la Nación, en desmedro
de los articulos 1, 76 Y 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Por último, alega que la sentencia es arbitraria en tanto carece de
fundamentación, se asienta en afinnaciones dogmáticas y omite tratar argumentos
decisivos.
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Colegio de Escribanos de la Prov1ncia de Buenos .Aires el PEN s/ sumarisimo
-IIIEl
recurso interpuesto ha sido bien concedido por el a q$lo
puesto que se encuentra en tela de juicio la validez constitucional de normas federales y
la decisión apelada ha sido contraria a los derechos y cláusulas constitucionales
invocadas por el recurrente (art. 14, inc. 3, ley 48). Por otra parte, no corresponde
tratar la arbitrariedad invocada en atención a que el recurso fue denegado en ese
aspecto, sin que se haya deducido la queja correspondiente.
-IVEn
mi opinión, el recurso no debe prosperar en tanto que, por
las razones que expondré a continuación, el impugnante no ha logrado demostrar, en el
marco de la acción declarativa de certeza entablada, que las previsiones contenidas en
las normas sean incompatibles con los derechos y cláusulas constitucionales invocadas.
A los fines de analizar los planteo s traídos por el recurrente,
cabe señalar que la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen
Delictivo, modificada por la ley 26.683, busca implementar herramientas para la
persecución y prevención del delito de lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional vinculadas.
Tal como dictaminé en la causa S.e. Comp. 138, L. XLIX, "R.
Francisco si competencia" el 3 de septiembre de 2013, los considerando s del decreto
de promulgación de la ley 26.683 exponen que "la lucha contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional, toda
vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la
estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus econoITÚas, sino
fundamentalmente para la libertad de los ciudadanos. Dicha lucha consiste en buena
3
parte en la adopción de medidas regulatorias que tornen eficaces, en el orden interno,
la prevención y represión de estos delitos".
Esas normas deben ser interpretadas, además, en consonanCla
con los compromisos asumidos por el Estado argentino frente a la comunidad
internacional al ratificar numerosos instrumentos -Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada
por la ley 24.072; Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la ley
24.759; Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos
Extranjeros en la Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la ley
25.319; Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo,
aprobado por la ley 26.024; Convención Internacional contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, aprobada por la ley 25.632; Convención Interamericana
contra el Terrorismo, aprobada ley 26.023; y Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097- y en su carácter de miembro
integrante del Grupo de Acción Financiera (en adelante, GAFI).
En particular, los articulos 21, inciso a, y 21 bis de la ley 25.246
-que no se encuentran cuestionados en el caso- establecen el deber de los
escribanos de identificar y conocer a sus clientes, de recabar datos de las operaciones
en las que participan, y de conservar la documentación. Luego, los articulo s 20, inciso
12,20 bis Y 21, inciso b -aquí controvertidos-les impone la obligación de informar a
la UIF las operaciones sospechosas.
Esas normas son consistentes con los estándares internacionales
fijados por el GAFI. Ellos disponen, por un lado, que los notarios deben adoptar
medidas de debida diligencia en relación con sus clientes ---como verificar su identidad
y obtener información sobre las operaciones- y de llevar y conservar registros de las
operaciones (cf. recomendaciones 10, 11 Y 22 del GAFI, febrero 2012). Por otro lado,
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la recomendación 23 de! GAFI prevé expresamente e! deber de los notarios de
informar las operaciones sospechosas.
De este modo, los legisladores nacionales, en consonancia con la
expenenCla internacional, han entendido que los escribanos pueden aportar
información útil para prevenir y perseguir los delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo dado que las operaciones en las cuales intervienen en e!
ámbito de su profesión son asiduamente utilizadas para introducir en e! sistema
económico legal activos obtenidos de forma ilicita.
-vEn
ese marco, cabe analizar el agravio central del Colegio de
Escribanos de la proVIDCla de Buenos Aires según el cual la ley 25.246 y la
reglamentación dictada por la UIF no establecen pautas objetivas para determinar la
existencia de una operación sospechosa, lo que atenta contra e! principio de legalidad,
constituye un exceso reglamentario y transforma el deber de informar en una
delegación de deberes de control, persecución y juzgamiento de delitos, que son
propios del Estado.
En primer lugar, con relación al pnnClplO de legalidad en e!
ámbito de las sanciones administrativas, la Corte Suprema dijo que las conductas
sancionadas deben estar descriptas como tales en la ley (Fallos: 334:1241, "Volcoff').
Sin embargo, aclaró que la exigencia de una descripción prev"¡a de la conducta
prohibida no es aplicable en el ámbito disciplinario con el mismo rigor que en el
derecho penal (Fallos: 321:2086, "Colegio de Escribanos de la Capital Federal").
También se ha expedido sobre la aplicación de! principio de
legalidad en materia de derecho administrativo sancionador la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es una pauta de interpretación a los efectos de
5
resguardar las obligaciones asumidas por e! Estado argentino en el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos (Fallos: 330:3248, ''Mazzeo'',
considerando 20°).
En el caso ''Baena Ricardo y otros vs. Panamá", afirmó que el
principio de legalidad es aplicable a las sanciones administrativas y decidió que una
no=a que describe en fo=a amplia e imprecisa la conducta prohibida no satisface ese
principio (sentencia de! 2 de febrero de 2001, párrs. 106 y 108). Señaló que "la
calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos juridicos deben ser
preexistentes a la conducta de! sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los
particulares no podrian orientar su comportamiento confo=e a un orden juridico
vigente y cierto, en e! que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste"
(párr. 106).
Luego, precisó e! alcance de! principio de legalidad en el ámbito
del derecho administrativo sancionador en el caso "López Mendoza vs. Venezue!a".
i\llí dijo que "la Corte Europea ha establecido que la no=a respectiva debe ser: i)
adecuadamente accesible, ii) suficientemente precisa, y iii) previsible. Respecto a este
último aspecto, la Corte Europea utiliza e! denominado 'test de previsibilidad', el cual
tiene en cuenta tres criterios para determinar si una no=a es lo suficientemente
previsible, a saber: i) e! contexto de la no=a bajo análisis; ii) el ámbito de aplicación
para e! que fue creado la no=a, y iii) e! estatus de las personas a quien está dirigida la
no=a" (sentencia del 1 de septiembre de 2011, párr. 199 Y sus citas).
En este contexto interpretativo, cabe analizar las particularidades
de la ley 25.246 y de la reglamentación dictada por la UIF.
En efecto, el artículo 20, inciso 12, de la ley 25.246 establece el
deber de los escribanos públicos de info=ar a la UIF. El artículo 20 bis dispone que e!
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deber de info=ar es la obligación legal de llevar a conocimiento de la UIF las
conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas a través de las cuales pudiere
inferuse la existencia de una situación atípica susceptible de configurar un hecho u
operación sospechosa de lavado de activos o financiación de terrorismo.
A su vez, e! articulo 21, inciso b, precisa que se consideran
operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y
costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad
de las personas obligadas a info=ar, resulten inusuales, sin justificación econórrúca o
jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en fo=a aislada o
reiterada.
Luego, la UrF errútió la resolución 10/2004, que fue sustituida
por la resolución 21/2011, en ejercicio de sus facultades reglamentarias previstas en el
articulo 14, inciso 10, de la ley 25.246 y de lo previsto en e! articulo 21, inciso b. Este
último prevé que la UIF establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades,
oportunidades y limites del cumplimiento de la obligación de reportar operaciones
sospechosas.
En lo pertinente, la aludida resolución 21/2011 dispone que los
sujetos obligados deben reportar, confo=e lo establecido en e! articulo 21, inciso b, de
la ley 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la
idoneidad exigible en función de la actividad que realiza y e! análisis efectuado,
consideren sospechosas de lavado de activos o financiación de! terrorismo (art. 19).
A tal efecto, el articulo 19 establece un conjunto de
citcunstancias que guían a los escribanos para detenninar la existencia de una
operación sospechosa. En este sentido, deben ser especialmente valoradas: las
operaciones realizadas en efectivo cuando el monto sea superior a $ 200.000 (inc. 8);
7
las operacIones donde estén involucrados paraísos fiscales (inc. 6), jurisdicciones
declaradas como no cooperativas por el GAFI (inc. 6) o países de nula o baja
tributación según los términos del decreto 1037/2000 (inc. 10); las operaciones de
compraventa sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de 1 año, cuando la
diferencia entre el precio de las operaciones sea superior al 30% (inc. 11); la renuencia
de los clientes a proporcionar datos o el suministro de datos falsos (inc. 4) y las
operaciones referidas a propiedades situadas en la Zona de Frontera para el Desarrollo
y Zona de Seguridad de Fronteras según el decreto 887/1994 (inc. 14). También deben
ser consideradas las operaciones realizadas por clientes cuando los montos, tipos,
frecuencia y naturaleza no guarden relación con sus antecedentes y actividad
económica (inc. 1); las operacIOnes con montos inusualmente elevados, o de
complejidad y modalidad no habituales (inc. 2) y las operaciones fraccionadas a los
efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección y/o reporte de las
operaciones (inc. 3).
En estas circunstancias, y considerando la jurisprudencia
elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ''López Mendoza",
opino que las pautas fijadas por la ley 25.246 y su reglamentación para determinar la
existencia de una operación sospechosa resguardan el principio de legalidad.
En primer lugar, las pautas fijadas en la ley 25.246
"operaciones inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad
inusitada o injustificada"-, junto con los criterios contemplados en su reglamentación
que las clarifican -artículo 19, incisos 1 a 16, resolución 21/2011-, tienen una
precisión suficiente para permitir a sus destinatarios comprender cuándo se encuentran
ante una operación sospechosa que deben informar a la UIF y, de este modo, regular
su conducta.
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En segundo lugar, con relación a la previsibilidad, cabe advertir
el ámbito de aplicación para el que fue dictada la ley 25.246. En este sentido, el tipo de
delitos que se busca prevenir y perseguir --el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo- contribuye a delimitar la noción de operación sospechosa. Más
importante aún, las caracteristicas de los destinatarios de la norma son determinantes
en este caso: los escribanos, en atención a las particularidades y los deberes de su
profesión y función, pueden y deben prever cuando se encuentran frente a una
operación que debe ser informada en los términos de la ley 25.246 y su reglamentación.
Por un lado, los escribanos tienen una experiencia y un
conocimiento técnico que les permite comprender los criterios establecidos por ese
marco normativo. Por otro, la ley 25.246 Y su reglamentación les imponen el deber de
actuar "de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza[n]".
Esas pautas de idoneidad y diligencia, a las que deben recurrir los escribanos a los fines
de detectar las operaciones inusuales que deben informar, se encuentran reguladas, en
especial, en el plexo normativo que rige su ejercicio profesional.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, cabe destacar la Ley
Notarial prevista en el decreto-ley 9.020/1978 -arto 35 y Título III de la Segunda
Parte "Funciones Notariales", en especial, art. 136- y el Reglamento Notarial
contemplado en el decreto 3.887/1998 --en particular, arts. 22 y 24--. En este
sentido, cabe recordar que, tal como entendió la Corte Suprema, los escribanos ejercen
una función pública (Fallos: 334:434, 'Jiménez", y sus citas). Ese Tribunal destacó la
especial natutaleza del ejercicio de la profesional notarial pues el Estado les concede la
facultad de dar fe a los actos y contratos que se celebren conforme a las leyes. Señaló
que esa atribución tiene como necesario correlato exigencias, regulaciones y sanciones
establecidas en resguardo del interés público comprometido (doctr. Fallos: 315:1370,
"Colegio de Escribar;os'').
9
Para más, si bien las circunstancias prev--istas en el artículo 19 de
la resolución 21/2011 son enunciativas, cumplen su función de clarificar y precisar el
significado de las nociones establecidas en la ley 25.246. Tampoco puede obviarse que
es imposible agotar en una norma la totalidad de los casos que configuran una
operación sospechosa, en virtud de la multiplicidad y complejidad de los recursos y
métodos que se utilizan para cometer los delitos tipificados en la ley 25.246 y al
carácter dinámico de la materia.
Por todo ello, entiendo que no prospera el agtavio fundado en la
violación del principio de legalidad.
Del mismo modo, tampoco cabe hacer lugar al argumento sobre
la existencia de un exceso reglamentario fundado en que la UrF no estableció pautas
objetivas tal como lo prevé el artículo 21, inciso b, de la ley 25.246. Tal como expliqué,
a través de la resolución 21/2011 la urF fijó, en consonancia con las prescripciones de
la ley 25.246, lineamientos que guían razonablemente la determinación sobre la
existencia de una operación sospechosa. De este modo, esas pautas atienden a la
finalidad prevista por el legislador. Se trata en algunos casos de pautas más estrictas -
por ejemplo, incisos 4, 6, 8, 10 Y 14 del artículo 19 de la citada resolución-, y en otros
de parámetros más amplios -por ejemplo, incisos 1, 2 Y 3 del artículo 19 de la citada
resolución-o Sin embargo, esa amplitud no los transforma en pautas meramente
subjetivas y libradas al criterio de cada escribano. Por el contrario, se trata de pautas
que, considerando la idoneidad exigible a un escribano, los usos y costumbres y el
contexto de aplicación de la norma, precisan qué operaciones deben ser reportadas a la
DIE
Por otro lado, contrariamente a lo sostenido por el impugnante,
el Estado no delegó sus facultades de prevención y persecución de delitos a través del
régimen informativo cuestionado, sino que, en consonancia con los estándares
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Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires el PEN si sumarísimo
internacionales, entiende que el cumplimiento de esas funciones en forma eficaz
demanda la colaboración de los escribanos que, además, cumplen una función de
especial naturaleza al dar fe pública a los actos y contratos.
Finalmente, es menester señalar que el acierto o el error, el
mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el
Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410, "Cook"), por lo que la declaración
de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- requiere
que la contradicción de la norma con la Constitución Nacional sea manifiesta, clara e
indudable (Fallos: 314:424, ''Pupelis'', y 320:1166, "Cafés La Virginia SA"), lo que no
se encuentra configurado en el sub lite.
Para más, los restantes planteo s que han sido traídos a
conocimiento de la Corte Suprema corresponden a la etapa de aplicación de la ley y no
pueden ser decididos en el acotado marco cognitivo de esta acción declarativa de
certeza, donde se controvierte la validez general de la ley. La Corte Suprema ha dicho
que el examen constitucional no puede llevarse a cabo sino en el ámbito de las
previsiones en ellas contenidas y de modo alguno sobre la base de los posibles o
eventuales resultados de su aplicación, pues ello importaria valorarlas en mérito a
factores extraños (doctr. S.e., G. 439, L. XLIX, "Grupo Clarín SA y otros c/ Poder
Ejecutivo Nacional y otro s/acción meramente declarativa", 29 de octubre de 2013).
-VIPor
todo lo e""puesto, OplnO que cabe rechazar el recurso
extraordinario y confirmar la sentencia apelada.
Buenos Aires, <0,2; de febrero de 2016.
ES COPIA ALEJANDRA GILS CARBÓ


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Publicado el 11/09/2018. Temas: CSJN, Escribano


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