Fallos Universojus.com

Ch., W. J. s/ insania


Compartir:

Voces: APLICACION DE LA LEY ~ APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO ~ CAPACIDAD ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ INSANIA ~ MEDIDA DE APOYO AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD ~ PERSONA CON CAPACIDAD RESTRINGIDA ~ PERSONA CON INCAPACIDAD ~ PERSONA HUMANA ~ RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD ~ UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL

Tribunal: Cámara de Familia de Mendoza(CFamiliaMendoza) Fecha: 18/11/2015

Partes: Ch., W. J. s/ insania Publicado en: LLGran Cuyo2016 (febrero), 75 Cita Online: AR/JUR/59224/2015
Hechos: Una mujer denunció la insania de su hijo, quien padecería Oligoepílepsia-Debilidad Mental, y solicitó que se la designe curadora provisoria de sus bienes y persona. El juez la admitió y declaró la incapacidad solicitada. Apelado el decisorio por la Asesora de Menores, la Cámara modificó la sentencia disponiendo la restricción de la capacidad civil del causante con un determinado alcance.
Sumarios: 1. La situación del causante no debe ser subsumida en la categoría de incapaz absoluto de obrar, sino que se debe disponer la restricción de su capacidad civil solo respecto de los actos de disposición y administración de sus bienes, a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación y de los nuevos paradigmas que inspiraron su dictado, conforme a los cuales la declaración de incapacidad es de carácter excepcionalísimo, si no surge de las constancias de la causa la imposibilidad de aquel de interaccionar con el medio y con las demás personas o de expresar su voluntad, ni tampoco ha quedado demostrada la ineficacia de la adopción de un sistema de apoyo adecuado. 2. Cuando la condición de salud de una persona autoriza a restringir judicialmente su capacidad, existe con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y se prolonga en el tiempo, se impone la aplicación inmediata de aquel, toda vez que se está en presencia de una situación jurídica que no se ha consumado.
Jurisprudencia Relacionada(*) Ver Tambien Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de San Rafael, "Asesora de Menores e Incapaces de Malargüe c. Ñ., J. s/ Inhabilitación", 01/10/2015, DFyP 2015 (diciembre) , 219 con nota de María Julia Fornari. (*) Información a la época del fallo
Texto Completo:

2ª Instancia.— Mendoza, noviembre 18 de 2015.
1ª ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª Costas.
1ª cuestión.— La doctora Politino dijo:
I. Que a fs. 74, el Ministerio Pupilar apela la sentencia obrante a fs. 72/73 vta., por la cual se declara incapaz a W. Ch.
A fs. 83, obra la fundamentación del recurso deducido por la Sra. Asesora de Menores, quién manifiesta que pese a que pese a que la resolución del a quo coincide con su criterio por cuanto la incapacidad del causante se encuentra debidamente acreditada en autos, debió apelar la misma a los efectos de que se cumpla con una exigencia ineludible de la ley (art. 307, inc. 7, del C.P.C.), que la sentencia sea resuelta y analizada en las dos instancias, a fin de que esta goce de un estudio más profundo de su situación.
Asimismo, a fs. 89/92 vta. se presente el causante con el patrocinio letrado de la 5° Defensoría Oficial, y contesta los agravios de la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, solicitando se modifique la sentencia venida en revisión dejando sin efecto su declaración de insania y en su lugar disponga como medida de salvaguarda de sus derechos la restricción de capacidad civil solo respecto de los actos de disposición y administración de sus bienes.
II. De las constancias de autos surge que la acción fue promovida por la Sra. Asesora de Menores por petición de la Sra. E. M. D., quien se presenta a fs. 7 denunciando la insania de su hijo W. J. Ch., quien padecería Oligoepílepsia-Debilidad Mental, proponiéndose como curadora provisora de los bienes y persona de su hijo.
La Sra. Asesora de Menores e Incapaces solicita la Insania y/o Inhabilitación del presunto incapaz. A fs. 14, se designa Curador Ad Litem al Defensor de Pobres y Ausentes en turno, quien a fs. 23 acepta el cargo en forma legal. A fs. 13, obra la pericia médica efectuada por un médico psiquiatra y una Lic. en Psicología del Cuerpo
Auxiliar Interdisciplinario donde consta que W. Ch., presenta Retraso Mental de grado Moderado, que se encuadra en el concepto de insania del art. 141 del C.C.. A fs. 16 se lleva a cabo la audiencia de visu, donde el causante es visto y oído por el Sr. Juez.
III. Previo adentrarnos en el análisis del recurso corresponde expedirnos respeto del derecho aplicable, dada la reciente sanción del Cód. Civil y Comercial de la Nación, Ley N° 26.994 promulgada según Decreto 1795/2014 y publicado en el Boletín Oficial N° 32.985 del 8/10/2014; con la modificación introducida por la Ley N° 27.077 cuyo Art. 1° sustituyó el Art. 7° de aquella y dispuso su entrada en vigencia a partir del 1° de agosto de 2015.Tal como lo afirma uno de los miembros de la Comisión redactora, Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, los problemas de derecho transitorio se presentan cuando un hecho, acto, relación, situación jurídica, se prolonga en el tiempo durante la vigencia de dos o más normas.
Es decir la dificultad se plantea cuando se trata de hechos, relaciones o situaciones in fieri, que no se agotan instantáneamente, sino que prolongan en el tiempo, o que su realización o ejecución, liquidación o consumación demandan tiempo, por lo que, en parte, al inicio, al concertarse o nacer, caen bajo el imperio de una norma, y en parte, o partes, al realizarse las prestaciones o agotarse las consecuencias o los efectos de aquellas relaciones o situaciones jurídicas, caen en otras (cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La aplicación del Cód. Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, p. 20, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015). El art. 7 del C.C.C.N. el que reproduce el art. 3 del C.C. según la ley 17.711 (salvo en su párrafo final) establece que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. La doctrina siguiendo las enseñanzas de Rubier quien fuera el autor francés que inspirara la solución adoptada por el art. 3, si bien distingue la relación jurídica de la situación jurídica, sostiene que a ambas se les aplica el mismo régimen legal en lo que al derecho transitorio se refiere.
Así se señala que la relación jurídica es aquella que se establece entre dos o más personas, con un carácter peculiar y particular, esencialmente variable; es un vínculo entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos, siendo las más frecuentes las que nacen de la voluntad de las partes: contratos, testamentos. En tanto que situación jurídica es la posición que ocupa un sujeto frente a una norma general; o sea genera derechos regulados por la ley que son uniformes para todos.
Es objetiva y permanente, los poderes que de ella derivan con susceptibles de ejercerse indefinidamente, sin que por ello desaparezca la situación o poder. No obstante la diferencia, en ambos casos la solución es la misma (cfr. MOISSET DE ESPANÉS, La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 del Cód. Civil (derecho transitorio), p. 39, Universidad Nacional de Córdoba, Dirección General de Publicaciones, Córdoba, 1976; Borda, Guillermo, Efectos de la ley con relación al tiempo, ED 28-810; Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit., p. 26).
Dos son los principios que deben primar en los temas de derecho transitorio: la casi absoluta irretroactividad de la ley y la aplicación inmediata de la nueva ley a partir de su entrada en vigencia. Ambas pautas se complementan puesto que la aplicación inmediata encuentra sus límites en el principio de irretroactividad que justamente impide aplicar la nueva ley a situaciones o relaciones ya constituidas o efectos ya producidos.
Moisset de Espanés, al referirse a la antigua normativa, arriba a las siguientes conclusiones: a) el primer párrafo del art. 3 establece el efecto inmediato de la ley nueva, que será aplicable a las consecuencias futuras de las situaciones jurídicas en curso de producir efectos; b) el segundo párrafo del art. 3 consagra como principio básico la irretroactividad de la ley; c) el principio de irretroactividad impide que se aplique la ley nueva para juzgar hechos anteriores, que ocasionaron la constitución, modificación o extinción de situaciones jurídicas; d) los efectos producidos por una situación jurídica, con anterioridad a la nueva ley, son regidos por la ley antigua, en virtud del principio de irretroactividad, que pone un límite al efecto inmediato (cfr. Moisset de Espanés, Luis, op. cit. p. 19).
Las situaciones o relaciones jurídicas totalmente agotadas caen bajo el imperio de la antigua ley, en tanto que las que nacen con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley, serán por ella reguladas. Así la más calificada doctrina destaca que el régimen actual conserva como regla general el sistema adoptado por el anterior Cód. Civil después de la reforma de la ley 17.711 consistente en la aplicación inmediata de la nueva ley, tanto a las relaciones y situaciones jurídicas que nazcan con posterioridad a ella como a las consecuencias de aquellas existentes al tiempo de entrada en vigor del nuevo texto (Conf. RIVERA, Julio César, MEDINA, Graciela. Cód. Civil y Comercial de la Nación, Comentado. T. I, (comentario al Art. 7° por Ernesto Solá). Edit. La Ley. Avellaneda (Pcia. de Bs. As.), 2014. pp. 77/78; GHERSI - WEINGARTEN. Directores. Cód. Civil y Comercial. T. I., Edit. Nova Tesis. Rosario (Pcia. de Santa Fe), 2014, pp. 34/40), reconociéndose que el tema que inicialmente causará mayores dificultades será el de su aplicación a los juicios en trámite, ya que su regulación emerge como insuficiente para evitar inconvenientes en el paso de una ley a otra, lo que no es una cuestión menor por su vinculación con la seguridad jurídica de las relaciones jurídicas en trámite.
El problema, reitero, se presenta en el caso de las situaciones en curso de ejecución, como podría considerarse el caso de autos, en donde la condición de salud de una persona que autoriza a restringir judicialmente su capacidad existe con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código, pero se prolonga en el tiempo.
Respecto de las situaciones jurídicas en curso de constitución, Moisset de Espanés las explica afirmando que antes de la vigencia de la ley nueva, se han producido ciertos hechos, aptos, para comenzar la gestación de una situación jurídica y puede ocurrir que las antiguas normas que gobernaban la validez o eficacia de esos hechos hayan sido modificadas. En ese caso entiende que el principio de efecto inmediato de las nuevas leyes obliga a aplicarlas, incluso a la constitución de la situación jurídica, puesto que dicha constitución aún no se había consumado íntegramente. En resumen, si el nacimiento de una situación jurídica, no es un hecho instantáneo sino prolongado en el tiempo, deberá juzgárselo de acuerdo a la ley vigente en el momento en que completa el proceso de gestación.
Y con mayor razón, se aplicará la ley nueva a la posterior modificación o extinción de esa situación jurídica, o a las consecuencias que ella engendre, ya que en definitiva tendrá que dársele un tratamiento similar al de las situaciones jurídicas nuevas, es decir, las nacidas con posterioridad al cambio de legislación (aut. cit. op. cit. p. 23).
En rigor el Cód. Civil y Comercial de la Nación en lo principal de la materia que hoy me toca abordar, no hace más que plasmar en su articulado disposiciones que en cierta medida ya regían en el derecho argentino ya sea por haber sido contempladas expresamente en la ley 26.657 o estar contenidas en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país y cuya operatividad resulta indiscutida (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Así, si bien en el Cód. de Vélez no existía una enunciación de las reglas generales que rigen la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica que sí contiene el art, 31 del C.C.C.N., las mismas ya constituían derecho vigente por estar establecidas en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 3, 4, 7, 10 de la ley 26.657; arts. 12 y 19 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de Naciones Unidas, integrados a la ley 26.657 por su art. 2. Lo mismo sucede con el art. 32 que establece los extremos que deben presentarse a fin de restringir judicialmente la capacidad de una persona o en su caso declarar su incapacidad, reproduciendo lo establecido ya por el art. 12 de la mentada Convención y art. 4 de la ley 26.657. Según se expresa en los fundamentos del anteproyecto de Cód. Civ. y Com., se recepta el nuevo paradigma en materia de personas con capacidad restringida por razones de padecimientos mentales, de conformidad con la ley 26.657.
El punto de partida, subraya, es que existe una ley especial que regula la temática, de ahí que el nuevo Cód. se limita a: 1) establecer reglas generales que deben observarse en toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de tales personas; 2) determinar quiénes pueden ser protegidos por esos procesos, las personas legitimadas para iniciarlos, las facultades y deberes judiciales, el régimen de la prueba; 3) reconocer las nuevas figuras como las redes de apoyo; 4) priorizar los aspectos personales, sociales y familiares de esas personas por sobre los patrimoniales; 5) fijar pautas generales para los traslados e internaciones para evitar todo tipo de abusos; 6) sistematizar las normas sobre validez y nulidad de los actos celebrados por las mismas. Metodología que resulta razonable, desde que vigentes las normas de la CDPD y la LSM, se viene a conformar, junto con las disposiciones de los ordenamientos procesales, el "microsistema" correspondiente (cfr. BERIZONCE, Roberto O., Normas procesales del Cód. Civil y Comercial de la Nación. Personas con capacidades restringidas, LA LEY 12/05/2015, 1, LA LEY 2015-C, 735).
Por otra parte las reglas procesales que incluye el Cód. Civ. y Com. Reproducen en gran medida, algunas con variantes, aquellas tradicionales que traían el Cód. de Vélez y la ley de salud mental en materia de declaración de incapacidad. Igualmente, es dable considerar que, en forma mayoritaria se sostiene que las leyes procesales se aplican de forma inmediata a las causas pendientes, siempre que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Conf. Kemelmajer de Carlucci, op. cit. p. 110).
No obstante existen ciertas modificaciones, como la referida a la legitimación para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida; la desaparición de la inhabilitación en los supuestos antes contemplados en el art. 152 bis (embriaguez habitual o uso de estupefacientes o por disminución en las facultades cuando el Juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio), conservándose tal categoría sólo para los pródigos (art. 48 del C.C.C.N.).
Cabe preguntarse qué ley correspondería aplicar si la sentencia apelada declara la inhabilitación del causante por encuadrar su patología en el antiguo art. 152 bis. Esto es, ¿correspondería confirmarla o por el contrario, por aplicación de la nueva normativa adecuarla a los sistemas previstos en el art. 32 del C.C.C.N. (persona con incapacidad o con capacidad restringida)?
Estimo que en estos casos, en coincidencia con la resuelto en autos N° 228/15, Zavala, Jon Franco por Determinación de Capacidad, 10/08/2015; se impone la aplicación inmediata de la nueva ley toda vez que estamos en presencia de una situación jurídica que se venía gestando, que no es instantánea, que no se ha consumado sino que, por el contrario, perdura en el tiempo. La ley toma a la relación ya constituida...o a la situación...en el estado en que se encontraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Del mismo modo, si antes de la vigencia de la ley nueva se han producido ciertos hechos aptos para comenzar la gestación de una situación según la vieja ley, pero insuficientes para constituirla (o sea, la situación o relación está in fieri), entonces rige la nueva ley (cfr. Moisset de Espanés, Luis, La irretroactividad de la ley y el efecto diferido en J.A. Doctrina 1972-819, citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída, op. cit. p. 29).
Con este criterio recientemente la Corte Federal ha resuelto que a la luz de la doctrina según la cual corresponde atender a las nuevas normas que sobre la materia objeto de la litis se dicten durante el juicio, no puede desconocerse que la pretensión de los demandantes se encuentra hoy zanjada por las disposiciones del citado arto 64 del Cód. Civil y Comercial de la Nación, norma de la que, en virtud de la regla general establecida en el art. 7 del mencionado código y de la citada doctrina, no puede prescindirse... No cabe pensar que la inscripción del menor ante el registro pertinente según las pautas establecidas por la ley 18.248 hoy derogada el hijo debía llevar primero el apellido paterno, configure una situación jurídica agotada o consumida bajo el anterior régimen que, por el principio de la irretroactividad, obste a la aplicación de las nuevas disposiciones el hijo puede llevar opcionalmente en primer lugar el apellido (C.S.J.N., D. 1. P., V. G. y otro el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/ amparo 6/8/2015).
En la especial materia en trato se ha dicho que a partir de la entrada en vigencia del Cód., las nuevas sentencias deberán dictarse según los recaudos estipulados a lo largo de su articulado. Si el proceso judicial ya se encontraba iniciado con anterioridad pero sin sentencia, el trámite deberá readecuarse según la etapa procesal en la cual se encuentre. Con relación a las sentencias dictadas en los términos del Cód. Civil sustituido, las mismas mantendrán plena vigencia en los términos en que fueron dictadas hasta tanto sean revisadas y adecuadas a la nueva normativa. La sola entrada en vigencia del Cód. obliga a revisarlas a pesar de que no hayan pasado más de tres años (cfr. OLMO, Juan Pablo, su comentario al art. 32 en Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado - Tomo I, Directores RIVERA, Julio César, MEDINA, Graciela, Coordinador, ESPER, Mariano, Ed. La Ley. 2014).
En lo que aquí interesa también se ha producido una modificación en el régimen de capacidad por cuanto el art. 32 limita la declaración de incapacidad y la designación de un curador a los supuestos de personas que se encuentran absolutamente imposibilitadas de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio, o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz. El Cód. sustituido receptaba el modelo médico/rehabilitador y, dentro de aquél, se había optado por el denominado criterio mixto o biológico-jurídico: la sola enfermedad mental (art. 141), embriaguez habitual o uso de estupefacientes, o disminución en las facultades (art. 152 bis incs. 1° y 2°), no eran suficientes para declarar la interdicción o la inhabilitación, respectivamente; era menester, además, una determinada incidencia de aquéllos en la vida de relación de las personas.
Mientras en la incapacidad por insania la enfermedad mental debía acarrear una falta de aptitud para dirigir la persona o administrar los bienes la acción no podía intentarse si la persona tenía menos de catorce años de edad (art. 145), en la causal de inhabilitación prevista en el art. 152 bis era necesario que por la embriaguez habitual o el uso de estupefacientes la persona estuviera expuesta a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio (inc. 1°), o que por la disminución en sus facultades mentales, del ejercicio de su plena capacidad resultara presumiblemente daño a su persona o patrimonio (inc. 2°).
Cabe destacar que no se trataba de una suma de presupuestos, sino que debía existir una relación de causalidad entre ellos. Asimismo, se establecía como un supuesto de incapacidad de ejercicio el caso de las personas sordomudas que no sabían darse a entender por escrito (art. 153).
En los casos de incapacidad el curador cumplía funciones de representación; en cambio, en el supuesto de la inhabilitación el curador cumplía una función de asistencia: para el otorgamiento del acto se requería del consentimiento de la persona y del asentimiento de su curador.
A partir de la incorporación del art. 152 ter al Cód. Civil, tanto en las sentencias de incapacidad como en las de inhabilitación se debían especificar las funciones y actos que se limitaban a la persona, y se debía designar un curador que cumpliera funciones de representación o asistencia respecto de los actos cuyo ejercicio se limitaba.
Este Tribunal en relación al art. 152 del anterior Cód. Civil reformado por la ley 26.657 interpretó en fallo de fecha 3/08/2012, Expte. N° 15/12 Bruno María Belén p/ Medidas de apoyo y salvaguarda (LS06-366), que tanto la inhabilitación del art. 152 bis como la incapacidad del art. 141 se mantenían, teniendo en cuenta entre otras razones que las normas relacionadas con los incapaces absolutos de hecho, no habían sido derogadas. Así:
el art. 54 inc. 3 C.C. que reputaba incapaces absolutos de obrar a los dementes; el art. 56 que establecía la representación de los dementes por el curador que se les nombre; el art. 62 que extendía los efectos de la representación de los incapaces a todos los actos de la vida civil que no fueren exceptuados por el Cód.; los arts. 468, 469, 472 y 473 del mismo cuerpo legal, que regulaban la curatela y la nulidad de los actos jurídicos realizados por los dementes luego de la sentencia que los declara incapaz y de los anteriores cuando la enfermedad mental era pública. También hicimos referencia, a que, la entonces proyectada reforma del Cód. Civil y Comercial de la Nación, no derogaba la categoría de incapaz absoluto.
Allí concluimos que frente a cada caso concreto el juez podía, según lo requirieran las circunstancias que se presentaran, declarar la incapacidad absoluta o relativa de obrar, señalando en el primer caso, qué actos podía el insano realizar por sí sólo sin la representación del curador y cuáles con su asistencia y en el segundo caso, para qué actos necesitaba de la asistencia del curador o un tercero facilitador y con qué carácter; o podía disponer medidas de apoyo sin necesidad de declararlo incapaz o inhabilitarla cuando ello no resultaba necesario para su adecuada protección jurídica.
Esta era la posición de prestigiosa doctrina que sostenía que la nueva ley no deroga ni modifica los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 141, 152 (primero y segundo párrafo), 472, 473, 474, 1041, ni ningún otro que los dos mencionados en sus "disposiciones complementarias" (incorpora el 152 ter y modifica el artículo 482).
Así, siguen existiendo en el Cód. incapaces de hecho absolutos (entre ellos los dementes) y los inhabilitados (dentro de los cuales están los disminuidos en sus facultades mentales sin llegar al supuesto de la demencia). Como todos sabemos, en el régimen del Cód. Civil, el incapaz absoluto no puede, en principio, ejercer derechos por sí mismo y depende de representación de su curador.
El inhabilitado, en cambio, es una persona en principio capaz que a causa de la inhabilitación tendrá disminuida su capacidad de obrar (disposición por actos entre vivos y los actos de administración que le restrinja la sentencia).
La nulidad relativa es la sanción para los actos celebrados en contravención con lo dispuesto en dichas normas; el acto puede ser confirmado. Parecería que en el campo de los "dementes" (tal la terminología del Cód. no modificada), la nueva norma ha querido "cambiar el paradigma" disponiendo en el artículo 152 ter que los jueces tendrán que establecer en la sentencia los actos que limiten su capacidad.
Con ello ahora no sólo los inhabilitados, sino también los incapaces del artículo 54 son "en principio capaces" para todos los actos que el juez no limite en su sentencia. Parte de nuestra doctrina defiende la posición de la ley, argumentando que ella respeta el principio de capacidad progresiva y lo prescripto por los tratados internacionales que nuestro país ratificó. Nadie está hoy en contra de la capacidad progresiva, que significa ir reconociendo el ejercicio de los derechos en la medida real de las aptitudes físicas y psíquicas de la personas, pero no hay que perder de vista aquello que nos enseñaron en el primer curso de Derecho Civil: la incapacidad de hecho no es un "castigo", sino una forma de "protección". Hay consenso doctrinario y judicial en que hoy se protege mejor a las personas con discapacidades sin desplazarlas totalmente en su accionar por su representante, pero si invertimos la regla, al considerarlo capaz al incapaz de hecho, estamos diciendo que puede ejercer todos los actos salvo los que limite la sentencia; de esa forma, lejos de proteger al enfermo mental, lo estamos dejando "desamparado".
Lo lógico, y hacia allí debería ir una futura reforma, sería mantener el principio de incapacidad (para los incapaces) y que la sentencia estableciera claramente cuáles actos pueden realizar por sí mismos sin requerir representación o, eventualmente, aquellos que requerirán de un régimen de asistencia (cfr. Crovi, Luis Daniel, Capacidad de las personas con padecimientos mentales, LA LEY 25/10/2011, 25/10/2011, 1 - LA LEY, 2011-F, 758 Cita Online: AR/DOC/3292/2011ª).
Ahora bien, estimo que el actual art. 32, si bien mantiene la condición de incapaz absoluto, la limita a supuestos excepcionales en donde por la alteración mental de la persona, no solamente se estime que del ejercicio de su capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes, sino que además se requiere que la misma se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo. Así se ha dicho que la incapacidad es el supuesto de excepción en el nuevo régimen.
A su turno, y aun admitida como opción viable, el Cód. exige también un criterio objetivo, que excede de un diagnóstico de la persona y/o a su pertenencia a un grupo social. Lo que califica es la situación de la persona: absoluta imposibilidad de interacción y/o comunicación por cualquier modo, medio o formato adecuado. La imposibilidad no es cualquier dificultad o complejidad, sino que debe ser un impedimento de carácter absoluto, tal como exige la norma. Se trata de aquella persona que se encuentra en situación de ausencia de conciencia de sí, de su alrededor, carente e imposibilitada de comunicación con el entorno, con otras personas, y por todo lo cual un sistema de apoyo aparece insuficiente, correspondiendo entonces la figura de un curador que ejerza representación pura (cfr. FERNÁNDEZ, Silvia A., su comentario al art. 32 en Cód. Civil y Comercial de la Nación. Comentado, coord. HERRERA, Marisa, CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián, tomo 1, p. 87, Sistema Argentino de Información Jurídica). Hay dos requisitos esenciales de procedencia para la declaración
de incapacidad: 1) imposibilidad absoluta de manifestación de la voluntad, aun utilizando tecnologías adecuadas; 2) que el sistema de apoyos resulte ineficaz. Caso contrario corresponderá, eventualmente, una sentencia de capacidad restringida y la consecuente designación de apoyos (cfr. Olmo, Juan Pablo, op. cit.).
También se ha expresado que el código ha restringido las causales de interdicción, habiéndola mantenido y reservado en exclusiva para este supuesto, en que la persona no muestra ningún signo evidente de conciencia de sí o del ambiente, y se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con los demás o de reaccionar a estímulos adecuados.
A este criterio debe sumársele otro requisito exigido por el Cód.: la insuficiencia o ineficacia del sistema de apoyos... El código limita a un supuesto de excepción la declaración de incapacidad, que ya no se fundamenta en una característica de la persona o en su pertenencia a un determinado grupo social (como podría ser su condición de persona con discapacidad), sino que se prevé exclusivamente para el supuesto en que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz.
En este punto, se ha incorporado un requisito objetivo (la situación de absoluta imposibilidad), a diferencia de un criterio subjetivo (el diagnóstico de discapacidad de la persona) como lo hacía el Cód. derogado (cfr. KRAUT, Alfredo Jorge y PALACIOS, Agustina, su comentario al art. 32 en Cód. Civil y Comercial de la Nación. Comentado, LORENZETTI, Ricardo Luis, Director, DE LORENZO, Miguel Federico y LORENZETTI, Pablo, coordinadores, tomo 1, p. 151, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014).
Tal como ya lo expresara, no encontrándose consumada la situación jurídica del causante que debe ser aquí dilucidada, corresponde entonces analizar la cuestión venida en recurso a la luz de la nueva normativa vigente. Por lo demás, la solución que propongo, se impone también por razones de orden práctico y de economía procesal toda vez que de conformidad a lo establecido por el art. 40 del C.C.C.N. la revisión de la sentencia puede tener lugar en cualquier momento.
Bajo la vigencia del Cód. de Vélez, para la procedencia de la declaración de incapacidad de los enfermos mentales, se exigía la concurrencia de una serie de recaudos que siguiendo al Dr. Llambías calificábamos en formales y sustanciales. Los primeros referidos al modo de verificar la enfermedad denunciada: a) Instancia de parte legítima, b) Examen previo de los facultativos y c) Verificación de dolencia por sentencia de Juez competente.
En cuanto a los segundos son las condiciones de fondo que ha de presentar la persona para que el Juez pueda declarar la incapacidad o sea: a) Que se trata de un enfermo mental, b) Que el estado de alienación mental del sujeto sea habitual o permanente, c) Que la enfermedad incida en la vida de relación privando al sujeto del gobierno de su persona y sus bienes y d) Que no concurran impedimentos para efectuar la declaración (cfr. LLAMBÍAS, Joaquín, Tratado de Derecho Civil, parte general, Tª 1, p. 480 y siguientes).
Tales requisitos son exigidos en el código vigente por diversos artículos: legitimación (art. 33); examen de profesionales (art. 31 inc. c) y 37); verificación de la dolencia por el Juez (art. 35).
En cuanto a los presupuestos sustanciales están contemplados en el art. 32 al exigir que se trate de una persona que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes. Los requisitos formales estaban establecidos en los arts. 140 y 142 del Cód. anterior. La primer norma citada expresaba que "Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Cód. se determina, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por Juez competente" y el segundo agregaba: "La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte y después de un examen de facultativos".
El art. 144 establecía quiénes pueden pedir la declaración de demencia.
Actualmente dichos presupuestos están contenidos en los arts, 22, 31 inc. a) y c) 33 y 37.Complementando las previsiones de la Ley de fondo nuestro C.P.C., en resguardo de la capacidad de las personas, establece en su art. 305 inc. 1) que: "tienen personería para intervenir en el proceso por declaración de insania...el cónyuge, los ascendientes y descendientes sin limitación de grado, los hermanos y el Ministerio Pupilar". A su vez el art. 306 exige acompañar con la demanda un "certificado médico que acredite el estado mental" del demandado, facultando al Juez el art. 307 del mismo cuerpo legal, en su inc. 1) últ. párr., a pedir "un informe a la Oficina Técnica correspondiente o Médico de Tribunales", siendo dos peritos por lo menos conforme el inc. 5° de esta última norma indispensable para declarar la insania. En lo que hace a los recaudos sustanciales, ellos estaban contemplados por los arts. 141 y 468 del Cód. Civil y de sus términos podía considerarse que el requisito previo para poder declarar la incapacidad de una persona era que se encontrara afectada por una enfermedad mental típica, cualquiera sea su denominación y ubicación dentro del cuadro de las enfermedades mentales que la ciencia psiquiátrica de cada tiempo pueda formular.
Actualmente el supuesto legal de capacidad restringida está basado en un criterio interdisciplinario y
compuesto de dos presupuestos: a) el intrínseco: debe tratarse de una persona mayor de 13 años que padece de una adicción o una alteración mental permanente y prolongada de suficiente gravedad: el art. 32 aborda un criterio subjetivo, que hace alusión concreta a la persona que padezca una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Pero desde un análisis hermenéutico que tenga presente los principios del art. 31 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el criterio determinante para la restricción debe estar desligado de la pertenencia de una persona a un grupo social, y no debe ser supeditado exclusivamente a una etiqueta o diagnóstico médico o psiquiátrico, sino que principalmente deberá basarse en las posibilidades circunstanciales de comprensión de la naturaleza y consecuencias del acto por parte de la persona: y b) el extrínseco: debe valorarse si, con relación a uno ciertos actos determinados, del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes (cfr. KRAUT, Jorge Alfredo y PALACIOS, Agustina, op. cit. p. 143 y ss.).
En la pericia agregada a fs. 13, los profesionales intervinientes expresan que a J. W. se lo observa "...lúcido. Desorientado globalmente. Juicio crítico insuficiente. Posee un nivel intelectual bajo...compatible con retraso mental de grado moderado. En la esfera del pensamiento el ritmo se encuentra enlentecido, con disgregación, dificultad en mantener la idea directriz. Existen trastornos en el desarrollo del lenguaje en cuanto a comprensión y expresión. Existe déficit global de las funciones psíquicas superiores. No ha adquirido la alfabetización, no maneja el dinero, no efectúa cálculos simples. ...Se detectan indicadores psíquicos de inmadurez psicoafectiva que condicionan su conducta...Posee un retraso mental de grado moderado..., razón por la que encuadraron su patología dentro del concepto de insania jurídica del art. 141 del antiguo Cód. Civil vigente a la fecha en que se practicara el examen.
Sin embargo, de informe agregado a fs. 38 de Programa Red Asistencial, surge que W. no asiste a instituciones ni desea hacerlo, observa conducta dócil, acepta sugerencias y pedido, no tiene vicios, le agrada colaborar con la limpieza de la vivienda (barre) y se entretiene con su perrito, tiene un grado de autonomía aun cuando requiere ayuda en forma continua, actualmente el entorno familia se encuentra organizado para su atención en el hogar.
Estimo que, pese a las limitaciones que puede presentar W. J. en su diario desenvolvimiento, no debe subsumirse su situación en la categoría de incapaz absoluto de obrar a la luz de la nueva legislación sustancial que -reitero- es plenamente aplicable al caso y a los nuevos paradigmas que inspiraron su dictado, conforme a los cuales la declaración de incapacidad es de carácter excepcionalísimo.
Además no surge de las constancias de la causa que no pueda interactuar con su entorno o comunicarse de alguna forma, es decir, la imposibilidad de interaccionar con el medio y con las demás personas o de expresar su voluntad, ni tampoco ha quedado demostrada la ineficacia de la adopción de un sistema de apoyo adecuado.
Es por ello que corresponde modificar la sentencia venida en revisión dejando sin efecto la declaración de incapacidad del causante y en su lugar disponer la restricción de su capacidad civil solo respecto de los actos de disposición y administración de sus bienes los que deberán ser realizados en su representación por la figura de apoyo que se le designará. Asimismo se dispondrá que la figura de apoyo la asista para todo acto cotidiano de su vida (pericia de fs. 13) para las tareas básicas referidas a su persona como: higiene, aseo personal, alimentación, realización de trámites, movilizarse en la vía pública, manejo del dinero, administración de su medicación y todas aquellas que requieran la ayuda de terceras personas.
Finalmente destaco que en el caso se han cumplimentado los presupuestos formales de la acción promovida: esto es la acción ha sido instaurada por quien tiene legitimación para ello, el Ministerio Pupilar; se ha notificado la iniciación del proceso al causante y a los parientes de grado más próximo y se ha corrido traslado de la demanda al curador ad litem, habiéndose llevado a cabo el examen de visu. Así voto.
Los doctores Ferrer y Zanichelli adhieren al voto que antecede.
2ª cuestión.— La doctora Politino dijo:
Atento a la naturaleza del presente proceso, no corresponde emitir pronunciamiento sobre las costas del recurso de apelación promovido por el Ministerio Pupilar (arts. 308 del C.P.C.). Así voto.
Los doctores Ferrer y Zanichelli adhieren al voto que antecede.
Por los motivos dados, la Cámara; resuelve: I. Modificar la sentencia de dictada a fs. 72/73 vta., de fecha 04 de Abril de 2014, la que en su dispositivo I queda redactada como sigue: I- Hacer lugar parcialmente a la demanda instada a fs. 8 y en consecuencia disponer la restricción del pleno ejercicio de la capacidad de W. J. Ch. con D.N.I. N° ..., solo respecto de los actos de disposición y administración de sus bienes los que deberán ser realizados a través de la persona que se designa como figura de apoyo en el dispositivo II (art. 23 del C.C. y C. N.) quien deberá actuar en su representación. II) Designar como figura de apoyo a favor del causante a la Sra. E. F. M. D. con D.N.I. N° ..., quien deberá aceptar el cargo en legal tiempo y forma (arts. 43) y deberá asistirlo en los actos de administración y disposición de sus bienes y en los demás para los que necesite ayuda teniendo en cuenta su opinión en todos los casos. II. Omitir pronunciamiento sobre las costas en esta instancia.

Notifíquese y bajen.— Estela I. Politino.— Germán Ferrer.— Carla Zanichelli.


¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0( 0 votos)



Publicado el 3/10/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Capacidad


Fallos Relacionados


Responderemos a la brevedad tus comentarios: