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C., Ch. R. y otra c. A. J. A. M. y S. y otras


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Voces: CRITICA DE LA SENTENCIA ~ DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ FIDEICOMISO INMOBILIARIO ~ FIDUCIANTE ~ FIDUCIARIO ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO ~ RECURSO DE APELACION ~ RESPONSABILIDAD CIVIL ~ SUSTITUCION DEL FIDUCIARIO

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sala B(CApelComodoroRivadavia)(SalaB) Fecha: 02/09/2015

Partes: C., Ch. R. y otra c. A. J. A. M. y S. y otras s/ daños y perjuicios Publicado en: LLPatagonia 2016 (febrero), 17/02/2016, 76 Cita Online: AR/JUR/47816/2015
Hechos: Fueron demandados los daños por incumplimiento de un contrato de fideicomiso inmobiliario. El fiduciante, la fiduciaria originaria y la sustituta fueron condenadas solidariamente. La Cámara confirmó parcialmente la sentencia.
Sumarios: 1. La sentencia que responsabilizó en forma solidaria al fiduciante y a los fiduciarios original y sustituto debe ser confirmada, pues los codemandados, en su recurso de apelación, no lograron refutar las conclusiones del juzgador; solo se limitaron a exponer las circunstancias por las cuales el pronunciamiento era, a su parecer, erróneo. 2. Cuando se sustituye al fiduciario, a partir de que el sustituto asume sus funciones, este ocupa el lugar de su antecesor, ello, pese a que no exista una vinculación contractual directa entre el constituyente o el beneficiario y el nuevo fiduciario, pues cabe equiparar la situación en la inteligencia de que esa es la voluntad legal, solución que puede extraerse por analogía de lo previsto por el código en materia de mandato. 3. Si el contrato de compraventa del inmueble fue suscripto por el fiduciario originario y los beneficiarios, quienes reclaman los daños por incumplimiento del contrato, la responsabilidad por aquello recae exclusivamente sobre el primero (del voto del Dr. Hayes). 4. La ley 24.240 resulta aplicable respecto de un incumplimiento al contrato de fideicomiso inmobiliario por su carácter de orden público (del voto de la Dra. Blanco).
Texto Completo:

2ª Instancia.- Comodoro Rivadavia, septiembre 17 de 2015.
1ª ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 1223/1230vta.? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión. — La doctora Melero dijo:
I.) Vienen las presentes actuaciones por haber sido apelada a fs. 1232 por el codemandado Sr. G.N.y a fs. 1233 por las Dras. A. C. R. y L. D. J. de M. -en calidad de apoderadas del Sr. C. y en su propio derecho-, respectivamente, la sentencia definitiva N° 135/13 del 08/12/2013 obrante a fs. 1223/1230 vta., habiéndose concedido a fs. 1236, el primero libremente y en efecto suspensivo, y el segundo en relación. Asimismo, la sentencia referida resultó apelada a fs. 1237 por la parte codemandada A.J. A. y a fs. 1238 por los letrados Dres. I. F. A. e I. F. de las C. -en su carácter de apoderados de la codemandada A. J. A. y en su propio derecho-, respectivamente, habiéndose concedido a fs. 1239, el primero libremente y en efecto suspensivo, y el segundo en relación.
I.A) El fallo, en lo aquí cuestionado, dispuso: 1) Hacer lugar a la demanda, condenando solidariamente a A. J. A. M. y S. (en su carácter de fiduciante), A. I. E. S.R.L. (en su carácter de fiduciaria originaria) y N. N. I. S.R.L. en su carácter de fiduciaria sustituta), a abonar la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres ($264.463), a los Sres. C. R.C. y D. H. M.; 2) Hacer lugar al rubro lucro cesante conforme el considerando respectivo y 3) Imponer las costas del juicio a los codemandados vencidos, regulando los honorarios de los profesionales intervinientes.
I.A.1) Frente a dicha decisión se agravia la parte apelante codemandada N. N. I. SRL, a fs. 1257/1261vta., corriéndose traslado a fs. 1277, primera parte, siendo los agravios contestados por los coactores Sres. Ch. R. C. y F. D. F. M., a fs. 1283/1288. Por su parte, a fs. 1262/1276, la parte codemandada A. J. A. expresa agravios contra el mencionado resolutorio, corriéndose traslado a fs. 1277, segunda parte, siendo contestados por los coactores Sres. Ch. R. C. y F. D. F. M., a fs. 1278/1282.
Entendiendo que en la estructura de la sentencia los resultandos tienen por finalidad la individualización de los sujetos de la pretensión y la relimitación del ámbito objetivo del litigio sobre el que recae el pronunciamiento, incluyéndose así entre los elementos que la sentencia deberá contener “la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, siendo el estilo judicial agregar una breve relación de las vicisitudes del proceso, a cuyo efecto basta una mera remisión (cf. crit. Morello - Sosa - Berizonce en “Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación”, T.II-C, pág. 64; Cám.Nac.Com., Sala C, 03/11/1980, entre otros) y teniendo presente los principios procesales de concentración y celeridad, he de realizar la
transcripción de los mismos sin perjuicio de tener en cuenta cada línea de pensamiento expuesta en el desarrollo que en cada uno de sus agravios han realizado las partes codemandadas apelantes.
I.B) A fs. 1257/1261vta. la codemandada apelante, N. N. I. S.R.L., expone el detalle de los aspectos de la decisión arribada por el juez a quo que agravian a su parte, siendo los mismos:
I.B.1) Rechazar la defensa de prescripción, al considerar que el fundamento del reclamo es el contrato de fideicomiso (fs. 1258vta./1259).
I.B.2) Errónea valoración de la prueba que condujo a rechazar la defensa de excepción de falta de acción (fs. 1259/1260vta.) y
I.B.3) Excesiva cuantificación de los rubros indemnizatorios (fs. 1260vta./1261)
I.C) Por su parte, a fs. 1262/1276, la codemandada apelante, A. J. A., expone el detalle de los aspectos de la decisión arribada por el juez a quo que agravian a su parte, siendo los mismos:
I.C.1) Denegación de las excepciones de caducidad y prescripción opuestas (fs. 1262vta./1269).
I.C.2) Desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 1269/1271).
I.C.3) Arbitraria condena al pago de rubros indemnizatorios daño material, daño moral y lucro cesante cuantificados excesivamente (fs. 1271/1275vta.).
I.D) Después de una detenida lectura de la demanda, contestaciones de la mismas por los codemandados excepcionantes y el análisis efectuados por el juez a quo en su sentencia, considero que en autos se han de precisar puntualmente principios de argumentaciones jurídicas de procedimiento y de fondo.
El juez a quo en su sentencia, considerando 4to. (fs. 1226) y considerando 15to. (fs. 1228vta.), decidió que el actor demandaba por una indemnización de daños y perjuicios, razón por la cual no eran procedentes las excepciones de caducidad y prescripción planteada por los codemandados N. y A. J. A. M. y S. basadas en que la acción que iniciara el actor era por vicios redhibitorios en el inmueble.(fs. 1226/vta.).
La denominación de algo con nombre distinto al propio no es asunto baladí, y en lo jurisdiccional, puede repercutir sobre varias categorías sustanciales y procesales.
Como regla general en materia de derechos rige el principio de absoluta libertad del juzgador, tanto en la elección como en la aplicación de la norma jurídica. Lo que significa que, partiendo de los hechos proporcionados por las partes, los jueces y tribunales pueden aplicar los preceptos que estimen justos y adecuados cuando concurren diversas normas jurídicas reguladoras de la misma relación; y no falta a la congruencia la resolución que, sin apartarse de los hechos alegados por los litigantes, matiza con apreciaciones jurídicas y aplicación de preceptos no alegados una excepción invocada por el demandado reforzándola, sin desnaturalizarla ni alterarla esencialmente.
El juez únicamente queda vinculado por el contenido efectivo de la pretensión, nunca por su denominación, incluso incurre en incongruencia si mantiene una denominación técnica de aquella, pero modifica su contenido.
El principio iura novit curia constituye una restricción al principio dispositivo, cuya aceptación
se traduce en la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos planteados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rija el caso. Libertad que subsiste aún en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras normas.
Dicho principio tiene dos incidencias fundamentales, a saber: 1°) La controversia debe ser resuelta de conformidad con el derecho positivo vigente y 2°) La calificación de la acción se vincula directamente al plazo de prescripción, que puede ser distinto.
Como se ha expresado, calificada judicialmente la acción, que en este caso coincide con la pretendida por el accionante, recién se podrá juzgar si la prescripción que se le opone corresponde para proceder en caso de error del oponente a aplicar la que se adecua a los hechos probados. Una vez alegada la defensa de prescripción corresponde al juzgador encuadrarla en las normas pertinentes, con prescindencia de la calificación de las partes y de acuerdo a la naturaleza de derecho del litigio, desde que si el juez con base en el principio de iura curia novit, aplica un término distinto al invocado no está supliendo de oficio la prescripción, lo que está vedado por el art. 3964 Cód. Civil, sino determinando el plazo que corresponde.
Dicha facultad está basada en que:
1. La atribución es constitucional, en tanto se respeten las circunstancias fácticas.
2. Se refiere exclusivamente al derecho; en cuanto a los hechos, el juez debe ceñirse a los alegados por las partes.
3. La acción se individualiza por el hecho y no por la norma de la ley; por ello es atribución del juez suplir las omisiones de derecho o el mal invocado.
4. Los hechos se limitan las facultades del juez, pero en la aplicación del derecho y las razones que lo induzcan a aplicarlo, su criterio es soberano, totalmente independiente de la voluntad de las partes.
5. El principio iura novit curia permite al juzgador actuar con independencia de las partes en cuanto a la calificación de la acción, relación sustancial y a la determinación de la norma aplicable. Puede decir el proceso aplicando normas distintas a las invocadas.
6. El nombre dado a las excepciones no obliga al juez.
7. Puede rectificar la calificación de la acción o aplicar un precepto distinto al invocado.
En cuanto a las contestaciones de las codemandadas aquí apelantes N.N. I. S.R.L. (fs. 195vta./196) y la A. J. A. M. y S. (fs. 251/vta.), observo que las mismas en las negativas de los hechos hacen puntual referencia a no tener que responder por los daños, con lo cual si bien posteriormente plantean la excepción de caducidad y prescripción y falta de acción basados en que lo que solicitaba el accionante no tuvieron duda al Secretaria de Cámara negar los hechos que el mismo solicitaba su responsabilidad por daños y perjuicios.
Después de un exhaustivo análisis de los términos de los escritos de apelación levantados tanto por la codemandada apelantes N. N. I. S.R.L. (fs. 1258vta./1259) como por la A. J. A. M. y S. (fs. 1262vta/1269, ptos. 3ro. a 38vo.) en contra del rechazo de la excepción de prescripción (así como la excepción de caducidad) los mismos resultan ambiguos y faltos de sistematización, haciendo abstracción las recurrentes, en pos de una crítica concreta, razonada y circunstanciada, demostrativa de un desacierto (para lo cual no basta una mera falta de coincidencia), de fundamentaciones trascendentes y puntualmente vertidas por el sentenciante quien expresamente analizó detalladamente las argumentaciones defensivas de las codemandandas en el considerando 6to. de su sentencia (fs. 1226vta./1127).
Concretando que las partes apelantes codemandadas no han precisado, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que no refutaron suficiente y claramente las conclusiones de hecho y de derecho que vertebraron la decisión del juez, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento.
Por las razones expuestas corresponde rechazar los agravios planteados por apelantes N. N. I. S.R.L. (fs. 1258/vta.) y la A. J. A. M. y S. (fs. 1258vta/1269) y confirmar la sentencia de fs. 1223/1230vta.
I.E) Advirtiendo, que tanto la codemandada N.N. I. S.R.L., como la codemandada apelante, A. J. A., exponen el detalle de los aspectos de la decisión arribada por el juez a quo que agravian a su parte, siendo los mismos:
a) Errónea valoración de la prueba que condujo a rechazar la defensa de excepción de falta de acción (fs. 1259/1260vta.) y (fs. 1269/1271).
b) Excesiva cuantificación de los rubros indemnizatorios (fs. 1260vta./1269 y (fs. 1271/1275vta.).
I.C.3) Arbitraria condena al pago de rubros indemnizatorios daño material, daño moral y lucro cesante cuantificados excesivamente (fs. 1271/1275vta.) y en virtud de los principios procesales de celeridad y concentración he de tratar los mismos en forma conjunta.
I.E-a) Han planteado las codemandadas sus agravios basados en que el juez a quo ha realizado una errónea valoración de la prueba que condujo a rechazar la defensa de excepción de falta de acción (fs. 1259/1260vta.) y (fs. 1269/1271).
Teniendo en cuenta la línea argumental defensiva expuesta por las partes, en cuanto a la responsabilidad que les atribuyó el juez a quo, considero necesario precisar concepciones jurídicas del fideicomiso.
La figura del fiduciario es de suma importancia en esta institución. La condición necesaria e ineludible, previa o concomitantemente con la constitución del fideicomiso, es la confianza en el fiduciario. La palabra fideicomiso (y sus complementos como fiduciario, fiduciante, fideicomisario) provienen de la palabra fides que significa confianza; a su vez, si buscamos el significado de la palabra ‘fiducia’, observaremos que significa “confianza”.
El fideicomiso se inicia con una confianza plena en el fiduciario, a quien se le van a transmitir los bienes fideicomitidos para que cumpla con una instrucción, en beneficio de un tercero (o del propio fiduciante). Esa confianza que merece el fiduciario es la contracara de las facultades que se le otorgan y de la calidad de propietario (imperfecto) de los bienes fideicomitidos. Aun cuando nada diga la ley, solo si se confía en quien va a ejercer la función de fiduciario se transmitirán los bienes para que este cumpla con las instrucciones que se le impartan.
El fiduciario, quien ejerce el dominio imperfecto de los bienes que integran el patrimonio afectado, asume obligación de cumplir con las instrucciones que se le impartan, de administrar ese patrimonio fideicomitido en beneficio del beneficiario, “con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios” (art. 6°, Ley 24.441).
Como buen hombre de negocios, y en cumplimiento del objeto del fideicomiso, el fiduciario contrae obligaciones, asume compromisos. Celebra contratos, efectúa pagos, realiza todos y cuantos actos jurídicos y materiales resulten menester para cumplir con el compromiso asumido. Pero, en mérito del artículo 16 de la ley, “los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso”, o, con mayor precisión, se podría afirmar que el fiduciario no será responsable de las obligaciones contraídas en ejecución del fideicomiso, sino con los bienes que integran el patrimonio fideicomitido.
Siguiendo con las generalidades del fideicomiso, se ha de referir al artículo 14, primera parte, en la cual se expresa: “Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante”; disposición que se complementa con el artículo 15 que nos dice: “Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante”.
Esas dos normas, coherentes con el sistema del fideicomiso, no hacen más que poner de relieve y remarcar que esta institución crea un patrimonio separado de cualquier otro, que debe ser administrado y dispuesto por el fiduciario conforme los términos del contrato, y que en esta ejecución del mandato o del fideicomiso solo esta comprometido el patrimonio del fideicomitido y no el del fiduciante (salvo dolo) o fiduciario salvo su responsabilidad por no cumplir con el mandato o actuar fuera del estándar del “buen hombre de negocios” (Ferrer, Luis Germán, “Responsabilidad objetiva del fiduciario en la Ley 24.441”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2001-3, 2002, pgs. 131 a 164.) (lo cual ha subrayado el juez a quo en el considerando 16to. fs. 1128vta.).
A ello se suma en respuesta a las argumentaciones efectuadas por la codemandada N. N. I. S.R.L., que es entendimiento de la suscripta que establecido que la figura del fiduciario es fundamental para el fideicomiso, cabe señalar que cuando se sustituye al fiduciario, como ocurrió en la especie, a partir de que el sustituto asume sus funciones, este ocupa el lugar de su antecesor. Ello, pese a que no exista una vinculación contractual directa entre el constituyente o el beneficiario y el nuevo fiduciario, pues cabe equiparar la situación en la inteligencia de que esa es la voluntad legal, solución que puede extraerse por analogía de lo previsto por el código en materia de mandato (arts. 1926, 1927 Cód. Civil y concs.)”.
Y es en virtud de dichas precisiones de concepciones jurídicas, que considero que asiste razón al juez a quo en el análisis que efectúa si bien acotadamente no menos cierto es que su entendimiento se ajusta a lo considerando en el presente voto por la suscripta, razones todas ellas por las cuales corresponde desestimar los agravios planteados por las codemandadas apelantes apelantes N. N. I. S.R.L. (fs. 1258/vta.) y la A. J. A. M. y S. (fs. 1259/1260vta.) y confirmar la sentencia de fs. 1223/1230vta. en este sentido
E-b) Excesiva cuantificación de los rubros indemnizatorios (fs. 1260vta./1269) y (fs.
1271/1275vta.).
E-b-1) En lo referente a los agravios expuestos por las codemandadas apelante sobre la procedencia y cuantificación de daño moral, he de expresar que dicho daño moral consiste en toda modificación disvaliosa del espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona afectada, diferente de aquel en el cual se encontraba antes del hecho, como consecuencia de este y anímicamente perjudicial. Respecto de la prueba del daño moral proveniente de un incumplimiento contractual (como el que nos ocupa), gran parte de la doctrina y jurisprudencia exigen que tanto la prueba de ese daño, como el fundamento por el cual pueda concederse, dependan de un tratamiento particularizado del agravio, independiente de la mera acreditación de responsabilidad obligacional. Dicha conclusión deviene de los términos del art. 522, Cód. Civ., donde se condiciona la procedencia del daño a la previa evaluación de la índole del hecho generador y circunstancias del caso. Sin embargo, considero que si se ocasiona un daño injusto es viable, según las circunstancias, que pueda presumirse “iuris tantum” la producción de un “daño moral”. En ese sentido he de concluir que a los efectos de la carga probatoria, no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no perjudicar), ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio en confrontación con el suceso fuente. Cuando, acorde con el curso natural y ordinario de las cosas, dicho resultado se presenta habitualmente en situaciones análogas (así estas no sean comunes), bastará al actor poner de relieve la acción antijurídica para que el daño indemnizable se repute configurado in re ipsa (por la fuerza de los hechos mismos)”.
Si bien es cierto que nunca hay nexo directo entre la entidad de un perjuicio existencial y la importancia de la condena, porque no puede haberlo entre un mal espiritual y un bien dinerario dado que los daños morales no son valuables económicamente (cf. Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños. Cuánto por daño moral. La indemnización en desequilibrios existenciales”, 1ª ed. Buenos Aires, Hammurabi, 2005,
p. 78); con algo (una suma de dinero) hay que compensar a quienes sufren un mal espiritual por haber sido lesionados injustamente, porque el hecho de que no pueda acordarse una reparación exacta no implica que no deba concederse ninguna
Sin perjuicio de entender la procedencia del concepto de daño moral advierto que la suma fijada por el juez a quo es excesivamente alta conforme las estimaciones que respecto de dicho concepto se han hecho en casos similares en esta alzada.
Una cuestión es decidir la procedencia del concepto y otra distinta es fijar una suma de dinero que rayana en un enriquecimiento indebido, son razones todas estas y en uso de las facultades del art. 167 de la Ley XIII, nro. 5, anexo A -DJ-, estimo fijar prudencialmente por daño moral la suma de pesos veinte mil ($20.000).
I.b-2) Ambas codemandadas apelan la decisión del juez a quo respecto de la cuantificación del daño material, a saber, N. I. S.R.L. (fs. 1261) y la A. J. A. M. y S. (fs. 1273, ptos. 64to. a 70mo.).
Después de un detenido análisis de lo ameritado por el juez a quo en el considerando 20mo. (fs. 1229/vta.) y la línea argumental defensiva expuesta por ambas partes (fs. 1261 y 1273), siendo atendible la misma de acuerdo a las constancias de autos y teniendo aquí, también presente, que la indemnización no debe implicar un enriquecimiento indebido, estimo fijar prudencialmente facultades del art. 167 de la Ley XIII, nro. 5, anexo A -DJ-, por dicho concepto la suma de pesos noventa mil ($90.000).
Por las consideraciones efectuadas cabe hacer lugar a los agravios planteados por las codemandadas apelantes N. N.I. S.R.L. (fs. 1261) y la A. J. A. M. y S. (fs. 1273, ptos. 64to. a 70mo.) y modificar parcialmente la sentencia.
I.b-3) En cuanto al agravio sobre el lucro cesante planteado por la codemandada apelante A. J. A. M. y S. (fs. 1273/1275vta. ptos. 71ero. a 81ero.) asiste razón a la apelante codemandada atento a que dicho concepto está sujeto a comprobación. Ello así, ya que quien reclama debe acreditar en forma fehaciente los daños en forma concreta que la circunstancia vivida le causó, situación que no se ha dado en autos con lo cual no ha cumplido el actor con los principios que gobiernan la carga de la prueba (artículo 381 de la Ley XIII, nro. 5, Anexo A - DJ), entendimientos por los cuales corresponde hacer lugar los agravios planteados por la por la codemandada apelante A. J. A. M. y S. (fs. 1273/1275vta. y modificar el pto. 2do. del fallo no haciendo lugar a la indemnización por lucro cesante.
Concretando lo analizado en los ptos. 1-b-1 a I.b3) corresponde acoger los agravios planteados por las codemandadas, N. N. I. S.R.L. y A. J. A. M. y S., modificando parcialmente la sentencia de fs. 1223/1230vta. en el pto. 1ero del fallo, condenando, solidariamente, a las codemandadas N. N. I. S.R.L. y A. J. A. M. y S. (AJA) a abonar a los actores Sres. Ch. R. C. y F. D. H., dentro de los diez (10) días de firme o consentida la presente, la suma de pesos ciento diez mil ($110.000) en concepto de daño material y moral con más los intereses fijados en la instancia de origen, revocando el pto. 2do del fallo rechazando el lucro cesante.
I.C) En lo atinente a las apelaciones por regulación de honorarios tanto de las codemandadas como de los profesionales por derecho propio (fs. 1233 y 1238), atento a como se ha decidido la presente cuestión al modificarse la cuantía de la condena, carece de virtualidad jurídica expedirse sobre las mismas.
I.D) Teniendo en cuenta de lo decidido en el presente voto, las costas tanto de primera como de segunda instancia son impuestas en un noventa (90%) por ciento a las codemandadas apelantes y en un diez (10%) a los coactores (art. 282 y 72 de la Ley XIII, nro. 5, Anexo A -DJ-), a los apelantes codemandados vencidos. Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes tanto de primera como de segunda instancia para el momento del acuerdo, donde serán regulados los mismos teniendo en cuenta la temática planteada, la labor desarrollada y el éxito obtenido, conforme lo prescripto por los arts. 5, 6, 7, 13 y ccdtes. de la Ley XIII, nro. 4 - Régimen Arancelario para el Servicio Profesional de Abogados y Procuradores -Digesto Jurídico- y su modificatoria Ley XIII, nro. 15, nro. 881/11 del 05/07/2011, art. 46).
2ª cuestión. — La doctora Melero dijo:
Propongo como fórmula postulatoria, para el caso de coincidencia, la siguiente:
1) Desestimar los agravios planteados por las codemandadas apelantes N. N. I. S.R.L. (fs. 1258/vta.) y la A. J. A. M. y S. (fs. 1259/1260vta.) y confirmar la sentencia de fs. 1223/1230vta. en este sentido
2) Hacer lugar parcialmente a los agravios planteados por las codemandadas, N. N. I. S.R.L. y A.J. A. M. y S., modificando parcialmente la sentencia de fs. 1223/1230vta. en el pto. 1ero del fallo, condenando, solidariamente a las codemandadas N. N. I. S.R.L. y A. J. A. M. y S. (AJA) a abonar a los actores Sres. Ch. R. C.y F. D. H., dentro de los diez (10) días de firme o consentida la presente, la suma de pesos ciento diez mil ($110.000) en concepto de daño material y moral con más los intereses fijados en la instancia de origen, revocando el pto. 2do. del fallo rechazando el lucro cesante.
3) Costas tanto de primera como de segunda instancia en un noventa (90%) por ciento a las codemandadas
apelantes y en un diez (10%) a los coactores, difiriendo la regulación de honorarios al momento del acuerdo.
4) Tener presente la ratificación de la Reserva del Caso Federal planteada por la codemandada apelante J. A. M. y S. (AJA) a fs. 1275vta./1276.
1ª cuestión. — El doctor Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento con motivo de los recursos de apelación que contra la sentencia de grado interpusieran la parte codemandada N.N. I. S.R.L. (fs. 1232, agravios fs.
1257/1261), y la codemandada A. J. A. M. y S. (fs. 1237, agravios fs. 1262/1276). Obran asimismo sendas apelaciones de honorarios (fs. 1233, fs. 1238). Corrido el traslado de ley, fue contestado por la parte actora (fs. 1278/1282 y fs. 1283/1288).
I. Antecedentes:
En breve síntesis, diré que los actores Sres. Ch. R. C. y F. D. H. M., promovieron formal demanda de daños y perjuicios contra la A. J. A.M. y S. (en adelante AJA o el fiduciante), A. I.E.SRL (en adelante A. o el fiduciario original) y contra N. N. I. S.R.L. (en adelante N. o el fiduciario sustituto), en la que reclamó la suma de pesos doscientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y tres ($289.963) con más sus intereses calculados a la tasa activa promedio mensual que publica el Banco de la Provincia del Chubut para sus operaciones de descuento, desde el día del evento dañoso y costas, todo ello derivado del incumplimiento del contrato de fideicomiso que le fuera endilgado a los demandados. Cuantificó los rubros daño material (daño emergente y lucro cesante), y el daño moral. Ofreció prueba. A su turno contestó la acción incoada el demandado N.N. I. S.R.L.. Opuso excepción de caducidad, excepción de prescripción, y planteó asimismo la falta de acción. Contestó demanda. Negó hechos. Desconoció documental. Ofreció prueba. Hizo reserva del caso federal. Pidió se rechace la demanda con costas. Contestó demanda A.I. E. S.R.L.. Negó hechos. Desconoció documental. Se opuso a prueba. Ofreció su prueba. Pidió se rechace la acción con costas. Contestó demanda la A. J. A. M. y Social. Opuso excepción de Secretaria de Cámara caducidad, excepción de prescripción y de falta de legitimación para obrar. Contestó demanda. Negó hechos. Desconoció documental. Ofreció prueba. Hizo reserva del caso federal. Pidió, por fin, se rechace la acción impetrada, con costas. El tratamiento de las defensas articuladas fue diferido para el momento de la sentencia. Se produjo la prueba ofrecida. Alegaron los actores. Pasaron los autos para resolver.
La sentencia dictada en la instancia de grado hizo lugar a la demanda. Condenó solidariamente a la A. J. A. M. y S. (AJA) -en su carácter de fiduciante-, A. I. E. S.R.L. -en su carácter de fiduciaria originaria- y a N. N. I. S.R.L. -en su carácter de fiduciaria sustituta-, a abonar a los actores, Sres. Ch. R. C. y F. D. H. M., dentro de los diez (10) días de firme o consentido el decisorio, la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres ($264.463), en concepto de daño moral y material, con más intereses, conforme los considerandos respectivos. Hizo lugar al rubro lucro cesante conforme el considerando respectivo. Impuso las costas a los demandados vencidos. Reguló los emolumentos profesionales.
II. Análisis de los agravios:
Contra el decisorio se alzaron los codemandados N. N. I. S.R.L. y la A. J. A. M. y S. El primero se agravió por el rechazo de la excepción de prescripción, la errónea valoración de la prueba producida en la causa para atribuirle responsabilidad por los daños, y el exceso en los rubros indemnizatorios otorgados. Por su parte, la segunda se quejó por lo resuelto en torno a las excepciones de caducidad y prescripción, la indebida desestimación de la excepción de su falta de legitimación pasiva, la injusta condena a su parte. Ratificó la reserva del caso federal. Ambas apelaron los honorarios profesionales regulados.
Adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi análisis, acostumbro recordar en mis votos que no es preciso que el tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden en que son propuestos, bastando que se lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros).
Adelanto que, con el fin de lograr un orden en el tratamiento de los distintos aspectos que son objeto de agravio, abordaré en forma conjunta la cuestión vinculada a la falta de legitimación pasiva, cuyo rechazo motivara parte de la queja de ambos apelantes, lo que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí, y en atención a los principios de celeridad procesal y Secretaria de Cámara seguridad jurídica (LS 320- 217; 349-39; 347-193; 347-209; 345-154; 347-197 entre otros).
Así, y en lo que aquí interesa, los recurrentes sostienen en los respectivos memoriales su defensa primigenia de falta de legitimación pasiva. Por un lado, en relación con N., en su carácter de fiduciario sustituto, no empece al hecho de que no haya suscripto contrato con el actor la línea por la que corresponde juzgar su eventual
responsabilidad. Sabido es que cuando se emplea la facultad de sustituir al fiduciario original, como ocurrió en el caso, a partir de que el sustituto asume sus funciones, éste ocupa el lugar de su antecesor. Ello, pese a que no exista una vinculación contractual directa entre el constituyente o el beneficiario y el nuevo fiduciario, pues cabe equiparar la situación en la inteligencia de que ésa es la voluntad legal, solución que puede extraerse por analogía de lo previsto por el código en materia de mandato (arts. 1926, 1927 Cód. Civil y concs.).
Ahora bien, cosa distinta es que en el instrumento suscripto por N. y la AJA (fs. 146/150), en el cual el primero aceptaba la designación en calidad de sustituto, se haya excluido expresamente el inmueble objeto de este litigio, y en tal sentido no puede ahora cargársele responsabilidad alguna por aquel, ello desde que jamás estuvo a su cargo o formó parte del patrimonio fideicomitido.
No debe confundirse la participación procesal que desde luego debe venir a tomar el fiduciario en un contrato de fideicomiso, en tanto titular del patrimonio fideicomitido según Ley 24.441, pero adviértase justamente, en estricta vinculación con ello, que nos encontramos frente a una circunstancia particular en la cual dentro el patrimonio que le fue transferido a N. por la AJA no figuraba el inmueble en cuestión.
Es entonces, que mal puedo encaminarme en todo análisis de culpabilidad en torno a su figura, y mucho menos incluirlo en supuesto de responsabilidad objetiva, cuando ninguna participación le cupo respecto del inmueble, que como fuera dicho incluso, había sido ya transferido a los actores al momento de que asumiera en el rol antedicho.
Abona aún más la postura que habré de sostener en los presentes, lo expuesto en el marco de la contestación de la demanda por parte de A., en la cual ofreciera inclusive allanarse a cumplir con el contrato de compraventa suscripto entre aquella y los actores.
En el otro extremo, idéntica postura en relación con la falta de legitimación fue sostenida por la AJA. Y, en interpretación que hace el señor juez de grado, tal defensa careció de sustento en orden a la facultad del fiduciante para remover al fiduciario frente al incumplimiento de su cometido, y la consecuente responsabilidad por no hacerlo. Sin embargo, no puedo dejar de percibir cierta contradicción en el referido argumento, ello desde que el mismo juzgador reconoce que en el caso así procedió en definitiva el fiduciante.
Es decir, cronológicamente, AJA suscribe un contrato de fideicomiso con A. (abril de 2005), A. firma un boleto de compraventa con los actores (febrero de 2006) el que luego es objeto de escrituración (junio de 2006) y en febrero de 2007 se lleva a cabo la remoción de A. Al respecto, debe tenerse presente que la mentada remoción fue objeto de sendo proceso judicial (ver fs. 258). Por tanto, no resulta a mi juicio razonable, la moción por la se sostuviera que la AJA dejara de hacer uso de las facultades como fiduciante, sino que por el contrario es de mi entender que lo hizo adecuadamente. Debe, en este sentido, destacarse que en resguardo del principio de conservación del acto jurídico es inviable pretender imponer la exigencia a la AJA en torno a que tomara medidas con mayor premura, entiéndase que se trata de un contrato de fideicomiso y de la remoción del fiduciario, lo que todas luces reviste la complejidad natural del caso.
Desde mi punto de vista resulta sumamente claro, y las constancias de autos me respaldan, que el contrato de compraventa del inmueble fue suscripto por la firma A. y los actores, por lo que la responsabilidad por el incumplimiento de lo pactado recae Secretaria de Cámara exclusivamente sobre la primera, sellando su suerte y fulminando toda argumentación en contrario.
Es en tal inteligencia que adheriré a los argumentos expuestos por ambos apelantes y en consecuencia acogeré el agravio, declarando la falta de legitimación pasiva de ambos.
En este punto, y de acuerdo a lo que he decidido, deviene abstracto el tratamiento de las demás cuestiones materia de agravio.
Así, en atención al modo en que se resuelve, y por imperio del art. 282 Cód. Proc. Civ. y Comercial Ch, corresponde adecuar las costas y honorarios de la instancia de grado. En relación con las primeras, las impondré en forma exclusiva a la demandada vencida A. I. E. S.R.L.. Respecto de las costas de esta Alzada, las impondré por su orden. Difiero la regulación de los honorarios profesionales de ambas instancias para el momento del Acuerdo.
2ª cuestión. — El doctor Hayes dijo:
1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por N. N. I. S.R.L. y la A. J. A. M. y S., declarando la falta de legitimación pasiva de ambos recurrentes.
2) Declarar abstracto el tratamiento de las demás cuestiones objeto de agravio.
3) Imponer las costas de la instancia de grado al demandado vencido A. I. E. S.R.L., y las de esta alzada en el orden causado.
4) Diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a ambas instancias para el
momento del acuerdo.
1ª cuestión. — La doctora García Blanco dijo:
La sentencia definitiva nro. 135/2013 del Juzgado Civil nro. 2 de la jurisdicción que dispuso: Hacer lugar a la demanda. Condenar solidariamente a la A. J. A. M. Y S. (AJA) -en su carácter de fiduciante-, A. I. E. S.R.L. -en su carácter de fiduciaria originaria- y a N. N. I. S.R.L. -en su carácter de fiduciaria sustituta-, a abonar a los actores, Sres. C. R. C. y F. D. H. M., dentro de los diez (10) días de firme o consentida la presente, la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres ($264.463), en concepto de daño moral y material, importe al que se le adicionarán los intereses, conforme los considerandos respectivos. Hacer lugar al rubro lucro cesante bajo el parámetro de determinar el valor de un alquiler de similares características a la vivienda de marras, autorizado por el art. 167 del CPr., hizo lugar al reclamo por la suma de $2.000 mensuales, reclamada en la demanda, a contar desde diciembre/2006 hasta la fecha de entrega definitiva del inmueble, y cuyo monto total se cuantificará en la etapa de ejecución de sentencia.
Impuso las costas del juicio a los codemandados vencidos (1223/1230vta.).
1. Con relación a la apelación de fs. 1235 invariablemente ha sostenido este tribunal ad quem (que integro) que es el juez del recurso y quien determina en definitiva su admisibilidad, formas y efectos, mientras no se haya consentido la sentencia o denegatoria del recurso. En este sentido puede Secretaria de Cámara rever como juez del recurso la tramitación dada por el juzgado juez a quo.
Ahora bien, los letrados presentantes a fs. 1235, lo hacen por el Sr. G.N. (en representación), advierto que dicha persona que no es parte en el presente pleito. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que el Sr. N., ha otorgado poder para juicios a fs. 193 en representación de la persona ideal Novelli Negocios Inmobiliarios S.R.L. en su carácter de socio gerente, quien fue parte y condenada en el fallo de primera instancia, a los fines de no incurrir en un excesivo rigor formal que afectaría el derecho de defensa en juicio denegando la segunda instancia, tengo por interpuesta la apelación por dicha codemandada.
Tratándose mi voto del tercero en orden, habiéndose cumplimentado la manda del art. 164 del CPr, iniciaré el tratamiento de las cuestiones.
Análisis:
I. En cuanto a la apelación de las codemandadas del rechazo de la excepción de caducidad y prescripción:
Las facultades que tiene el juez y que se condensan en el principio “iura curia novit” consiste en que le corresponde calificar la relación sustancial en litis y determinar la norma jurídica que la rige al proceder en esta identificación de la acción deberá el Juez tener en cuenta los elementos de la misma (sujetos, causa y objeto), en la especie, de la lectura de la demanda, las excepciones interpuestas, no me cabe duda que las codemandadas son quienes introducen el planteo e invocan que la acción se encause en el marco de los arts. 1646 y 1647 bis del CCiv. Dicho esto aclaro que coincido y comparto los argumentos de la colega que emitió su voto en primer orden, detallo mayores razones que evalué. Del libelo de inicio en el relato de los hechos (fs. 169vta. a 172) resulta evidente la pretensión, lo que corrobora es la contestación a las excepciones a fs. 228/229 y fs. 274/278.
No considero que el juez a quo haya incurrido en una errada valoración al enmarcar la litis, por lo cual no ha de prosperar por las argumentaciones expuestas por AJA, ateniéndose exclusivamente a la valoración parcial de la prueba incorporada no al contexto general de la demanda impetrada y los hechos probados.
La petición, o sea lo que se reclama ante la justicia puede resultar tanto de lo expuesto en el escrito de demanda, como en el petitorio final, ya que la ley procesal no determina un orden estrictamente formal, interesándole que se conozca con exactitud lo que la actora pretende (C. Fed. Paraná, JA, 16-1972, sec. prov. 757). Adviértase que a fs. 169 textualmente en el capitulo “Objeto” reza por el daño que ha ocasionado.
Cuando se recurre al órgano jurisdiccional a los fines de que se dirima un litigio y se reconozca así el derecho que se invocase, es necesario hacerlo conforme a las reglas primarias que las disposiciones del Código Procesal señalan (arts. 333 y sgtes.), pero es suficiente la exposición del objeto de la demanda en forma sintética y clara (Cód. Civil, Sala C, JA, 1981-II sínt; JA, 1981-III-818, n° 24Citas de Falcon, “Cód. Proc...”, t.II, pág. 611). Lo que ocurrió en la especie (fs. 169).
El juez a quo tuvo en cuenta el principio “iure novit curia”, que le permite aplicar el derecho que corresponda y así lo hizo. Lo que me lleva a confirmar lo decidido por el sentenciante de grado, con expresa mención que coincidido con la colega que emitió su voto en primer orden en el ítem.
II. Trataré Secretaria de Cámara conjuntamente los restantes agravios de las dos codemandadas.
Ahora bien, en cuanto a la apelación de N. N. I. S.R.L., pongo especial atención a la nota cursada (fs. 70) por esa demandada, a los actores con fecha 7 de marzo de 2007 que notifica la remoción de A. I. E. S.R.L. (fideicomisario), lo que había acaecido el 26/02/2007, que suspendan los pagos hasta nueva indicación de la
cuenta que operará en el futuro. Con fecha 7 de marzo de 2007 por instrumento público N. N. I. S.R.L. acepta el fideicomiso sustituto. Lo que me lleva a coincidir con la inteligencia del juez a quo respecto de la conducta de la parte. Es más, a fs. 125 en el año 2006 en la escritura del terreno para la construcción expresamente se pacta la comisión en ese momento de agente inmobiliario, autorizado por el fiduciante (fs. 117). Tuvo conocimiento en todo momento de la situación de los actores y la vinculación contractual de estos para la construcción de la vivienda, lo me lleva a concluir que el accionar no se ajusto con los principios generales de buena fe.
A fs. 119 se estableció puntualmente la forma de remoción del fiduciario, selección y designación del fiduciario sustituto, de lo que existe constancia haya acaecido en la especie, en que directamente aparece designada la codemandada N. que, tratándose de la comercializadora, conocía los pormenores y contingencias del negocio. “El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en el” (Ley 24.441, art. 6). Como detallé precedentemente, el negocio fiduciario estaba constituido para la construcción de viviendas para los beneficiarios que fueron surgiendo no aparece fundamento para la exclusión efectuada en la aceptación del fiduciario sustituto. La característica del instituto basada en la confianza no resulta limitada a fiduciante y fiduciario, el beneficiario no queda excluido.
“La causa fiduciae”, el elemento subjetivo obligacional que hace a la lealtad respecto de la esperanza fiduciaria tenida en cuenta por el fiduciante, reviste carácter esencial o primordial en toda la elaboración conceptual del instituto del fideicomiso”. Argumenta Jordano Barea que la causa fiduciae informa el contenido del negocio fiduciario. Los efectos reales y los efectos obligatorios (obligación de retrasmitir y comportarse con el fin propuesto) tienen el mismo fundamento causal. La FIDES es el puente que une el lado real con el lado obligatorio, armonizándolos en lo posible dentro de la superior unidad del negocio” (ver Jorge Hugo Lascala, “Practica del Fideicomiso”, pág. 115, ed. Astrea-2003).
Lo que me lleva a confirmar el fallo en este punto.
La sentencia es incuestionable en cuanto asigna a AJA responsabilidad frente al damnificado, por no haber obrado con “la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios” en los términos del art. 6° de la Ley 24.441” que le imponía, entre otras, la obligación frente a los beneficiarios, de administrar adecuadamente los bienes fideicomitidos, dentro de los cuales, destaco, que emerge de la escritura de fs. 103/104 la activa injerencia y control del fiduciante, fs. 116 que solo da por concluida la obra cuando este preste conformidad, autoriza la comercialización fs. 117, más aún cuando expresamente sostiene que le pertenece el proyecto de obra (fs. 118vta.).
No encuentro argumento alguno para apartarme de lo decidido en la instancia de grado, lo que me lleva a confirmar la sentencia en el punto.
Definida la cuestión como argumento adicional, aun no planteado específicamente por el sentenciante de grado ni por el actor, no puedo dejar de señalar que resulta aplicable en la especie la Ley 24.240, que es de orden público, que ha de incluirse en la cadena de comercialización AJA (en su rol de seleccionador y contralor de la empresa constructora) que dirigía controlaba el proyecto y tenía obligaciones frente al los beneficiarios, a la fiduciante, a la sustituta y a la comercializadora como cadena de comercialización (interviniendo y/o formalizando contratos), quienes no obraron acorde a la confianza que generaron en los adquirentes, Sr. C.y Sra. H. M.
III. Resarcimiento:
Ambas codemandadas se quejan por la excesiva valoración del daño moral por parte del juez a quo.
Daño moral: “El art. 522 del CC contempla la procedencia del resarcimiento del daño moral en el ámbito contractual, para lo cual el juzgador deberá tener en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso. No es exigible prueba cierta de la afectación espiritual en sí misma, sino de las características de los hechos que constituyen el incumplimiento, de manera tal que permitan presumir la vivencia de esa conmoción íntima que configura el daño moral” (CNACIV., Sala C “f CFFAA s/daños” sept.12-95).
Ambas resultan responsables del incumplimiento derivado del contrato de fideicomiso frente al beneficiario, el incumplimiento de esas obligaciones contraídas frente a terceros por el cumplimiento más que defectuoso generaron un agravio moral, en el compromiso de entrega previa construcción del inmueble.
El detallado control del fideicomitente, el cobro de comisiones de la comercializadora, la conducta como fiduciaria sustituta, ya detalladas, el accionar ajeno a los principios de buena fe detallados tanto en la sentencia de grado como en el presente voto la responsabilidad de las mismas frente al beneficiario (actores). No tengo dudas que generaron un daño moral, una afectación a las legítimos sentimientos de los actores que se vieron privados de desarrollar su vida cotidiana en el inmueble prometido, teniendo en cuenta los valores derivados de la compraventa, de la situación de los actores, los particulares y personales sentimientos, lo dificultoso que resulta una medición crematística del dolor, el criterio que debe seguirse respecto de los valores otorgados en
los antecedentes del cuerpo que integro, considero que el juez a quo no se ajustó a ellos y conforme las atribuciones del art. 167 del CPr, hago lugar a los agravios de las partes, readecuando el monto de condena que establezco en $20.000.
Daño material:
La codemandada AJA sostiene que el inmueble fue ampliado y surge del informe de S., remite a la absolución de posiciones, que la implicación era ajena al negocio originario. Igual argumento utiliza la codemandada N. N. I.
Argumentos que acojo y coincido con la colega que emitió el voto en primer termino, receptando los agravios, en el convencimiento que debe readecuarse dicho monto resarcitorio, por daño material, por lo cual lo establezco también en $90.000.
Lucro cesante:
En cuanto a la aplicación por parte del juez a quo del art. 167 del ritual, no comparto su decisión, se ha dicho que para fijar el daño es necesario que se haya probado su existencia y su conexión con el hecho, pues la discrecionalidad se refiere al quantum preciso. “En consecuencia si el peticionario no ha arrimado al juicio elementos de convicción, no corresponde la aplicación del art. 165 (art. 167 de nuestro ordenamiento)” (ver Fenochietto, E., “Cód. Proc...”, t.1, pág. 617, ed. Astrea-99).
El demandante tiene que probar la existencia del daño, inexcusablemente, so pena de no recibir reparación alguna, en razón de que como ya se dijo anteriormente debe haber algo que reparar (Belluscio “Cód.Civ...”, ed. Astrea, pág. 705).
La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad.
La entidad e importancia del daño resarcible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, “Obligaciones”, t.1, n.248, pág. 281, LA LEY,130-769).
Por estos fundamentos no comparto la postura del sentenciante de grado, no ha demostrado la pérdida de posibilidad que invocó, de ganancia alguna que haya dejado de percibir la parte actora peticionante, por lo cual modifico el fallo de grado y rechazo el rubro haciendo lugar a los agravios de las codemandadas.
Habiendo sido modificada la sentencia de grado y por imposición del art. 282 del CP, las costas y honorarios de la instancia de grado han de readecuarse, por lo cual carece de virtualidad jurídica expedirse respecto de la apelación de honorarios de los letrados.
Conforme lo dispuesto en el art. 69 y 71 del CP las costas de la instancia de grado y de esta alzada las impongo en forma proporcional en un 90% a las demandadas y en un 10% a la parte actora. Difiero la regulación de los honorarios de los letrados actuantes en ambas instancias al momento del acuerdo.
2ª cuestión. — La doctora García Blanco dijo:
Por coincidir con la doctora Melero, doy por reproducida su fórmula postulatoria.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia del doctor Hayes, la siguiente sentencia:
1) Desestimar los agravios planteados por las codemandadas apelantes N. N. I. S.R.L. (fs. 1258/vta.) y la A. JA, M. y S. (fs. 1262vta./1269) y confirmar la sentencia de fs. 1223/1230vta. en este sentido
2) Hacer lugar parcialmente a los agravios planteados por las codemandadas, N. N. I. S.R.L. y A. J. A. M. y S., modificando parcialmente la sentencia de fs. 1223/1230vta. en el pto. 1ero. del fallo, condenando, solidariamente a las codemandadas N. N. I. S.R.L. y A. J. A. M.y S. (AJA) a abonar a los actores Sres. Ch. R. C.y F.D. H., dentro de los diez (10) días de firme o consentida la presente, la suma de pesos ciento diez mil ($110.000) en concepto de daño material y moral, con más los intereses fijados en la instancia de origen, revocando el pto. 2do. del fallo rechazando el lucro cesante.
3) Costas de ambas instancias en un noventa por ciento (90%) a las codemandadas apelantes y en un diez por ciento (10%) a los coactores.
4) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia al Dr. J. C. S. en el veinte por ciento (20%), a las Dras. L.D. J. de M. y A. C. R., conjuntamente, en el doce coma cinco por ciento (12,5%), a los Dres. I. F. de las C. e I.F. A., conjuntamente, en el doce coma cinco por ciento (12,5%), al Dr. H. I. en el seis por ciento (6%) y a la perita ingeniera P. R. en el dos por ciento (2%), porcentajes a calcular sobre el monto total de condena del presente juicio, con más el IVA si correspondiera.
5) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la alzada al Dr. J. C. S. en el treinta
por ciento (30%), a las Dras. L. D. J. de M. y A. C. R., conjuntamente, en el veinticinco por ciento (25%) y a los Dres. I. F. de las C. e I. F. A., conjuntamente, en el veinticinco por ciento (25%), porcentajes a calcular sobre lo respectivamente regulado a cada parte por su labor en la instancia de grado, con más el IVA si correspondiera.
6) Tener presente la ratificación de la Reserva del Caso Federal planteada por la codemandada apelante J. A. M.y S. (AJA) a fs. 1275vta./1276.
7) Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Graciela M. García Blanco. — Nélida S. Melero. — Ricardo R. E. Hayes.


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Publicado el 10/09/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Derechos del Consumidor, Fideicomiso


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