Fallos Universojus.com

B., M. R. c. B., J. J. s/ acción de colación


Compartir:

Voces: BIEN COLACIONABLE ~ COLACION ~ DEPRECIACION MONETARIA ~ FRUTOS ~ INMUEBLE

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Concordia, sala civil y comercial II(CApelConcordia)(SalaCivilyComII) Fecha: 04/02/2015

Partes: B., M. R. c. B., J. J. s/ ordinario acción de colación Publicado en: LLLitoral 2015 (julio), 22/07/2015, 659 Cita Online: AR/JUR/932/2015
Hechos: Una persona promovió acción de colación contra su hermano persiguiendo se obligue a colacionar el valor de un inmueble rural que había sido donado por el fallecido padre de ambos al demandado. En primera instancia se admitió el reclamo aunque se excluyó los frutos del inmueble donado de la obligación de colacionar. El heredero reclamante apeló la medida. La Cámara confirmó la decisión.
Sumarios: 1. Siendo la finalidad de la acción de colación mantener la igualdad entre los herederos en la distribución de los bienes del acervo, la rentas y los frutos que produzca el bien anticipado mediante una liberalidad a alguno de ellos se encuentran fuera de los alcances de la referida acción, en tanto el inmueble en cuestión ingresó al patrimonio del beneficiario como propio antes del óbito del donante y conservará su propiedad no obstante el deceso de éste, siendo, por tal circunstancia, suyos -del donatario- los frutos y rentas que genere la cosa donada. 2. El valor del bien a colacionar debe tomarse a la época de partición si ha transcurrido un lapso significativo de tiempo entre la fecha de apertura del sucesorio y la partición, siendo asimismo público y notorio la variación producida en el valor de los bienes, especialmente en los inmuebles, luego de casi una década al momento de la sentencia, debido a factores y alternativas acaecidas en la economía general del país, que han incidido y modificado significativamente su valor en términos, como consecuencia de la depreciación de la moneda por el fenómeno inflacionario.
Texto Completo:

2ª Instancia.— Concordia, febrero 4 de 2015.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Mansilla dijo:
1) Que ambas partes apelan la sentencia recaída en autos, la cual admitió la acción de colación que promovió M. R. B. contra J. B. y condenó a éste a colacionar el valor del inmueble rural ubicado en el Dpto. Federación, Distrito, Anexo Colonia Oficial Nº 17, Lote 1, de esta provincia, que cuenta de una superficie de 66 has, 16 as y 86 cas., el cual había sido donado por el fallecido padre de ambos -C. B.- al demandado, e impuso las costas del proceso en una 60% a cargo de la parte actora y el restante 40% a la demandada.
Para resolver de ese modo la a quo, luego de precisar la finalidad y alcances de la acción promovida, como también la forma y el momento en que deben calcularse los valores que deben colacionarse, tuvo en cuenta que las partes no exhibieron disenso en torno a los hechos que constituyen la plataforma fáctica del pleito, en cuanto a que el padre de ambos donó al demandado el referido inmueble que hubiera integrado el acervo de la sucesión del donante, reconociendo el demandado la obligación de colacionar, señalando que la disputa se suscita en torno a la determinación de los valores colacionables y la procedencia del lucro cesante que pretende la actora.
En tales circunstancias y sin perjuicio de la presunción que consagra el art. 3476 CC para situaciones como las de autos, señala que el art. 3604 CC dispone que cuando la entrega de bienes es a uno de los herederos forzosos se presume que el transmitente quiso dispensarlo de colacionar al donatario, en virtud de lo cual el valor de los bienes donados se imputa a la porción disponible del causante y no, como es la regla, sobre la que le corresponde a quien recibe cuando el mismo es heredero forzoso, citando jurisprudencia del Alto Tribunal provincia en tal sentido, por lo que concluyó que del monto colacionable debe detraerse la mitad correspondiente a la cónyuge supérstite, dado la naturaleza ganancial del bien donado.
Mientras que desestimó la pretensión para que se compute dentro del valor colacionable los frutos y rentas devengadas por la explotación del inmueble aludido desde el fallecimiento del donante, dado que al transferirle el dominio de la cosa al donatario, dichos accesorios se incorporan al patrimonio de éste, por lo que siendo la acción entablada de imputación y no real, como en la legislación francesa, la jurisprudencia es unánime en cuanto a que como la institución se propone mantener la igualdad del capital entre los herederos, excluye las rentas y frutos de lo donado o anticipado.
Finalmente, fundado en razones de equidad y justicia dado el tiempo transcurrido desde la muerte del donante, resolvió que el valor a colacionar debe calcularse al tiempo de efectuarse la partición a fin de mantener la igualdad y equivalencia de las hijuelas entre los herederos.
En tanto, teniendo en cuenta que el demandado no se opuso a la procedencia de la acción y a que han
existido vencimientos parciales y mutuos, distribuyó las costas del modo indicado, en base a lo dispuesto por el art. 68 del CPCC.
2) Que en sus agravios, refutados por la contraria, la actora se queja tanto de la desestimación parcial de la demanda que interpuso, por cuanto deniega la pretensión para que se condene al accionado a restituir o colacionar el valor de los frutos devengados por el inmueble donado, como de la distribución de costas del proceso, condenándola a soportar el 60% de las mismas, lo que no guarda relación con la admisión parcial de la demanda.
Destaca que la sentencia es arbitraria porque la admisión parcial de la demanda implica, por lógica, el 50% del petitorio y en contradicción con ello la sentencia le impone las costas en mayor proporción por todo el proceso judicial, lo que además de contradictorio es arbitrario por cuanto el juez no explica de dónde surge la proporción ni las bases para su cálculo, por lo que pretende se revoque la imposición en ese porcentaje aunque no se admita totalmente la demanda.
Luego detalla los motivos por los que impugna la negativa del fallo a computar dentro de los valores colacionables los correspondientes a los frutos y rentas devengadas por el inmueble referido.
Sobre el particular señala que está debidamente demostrado el beneficio que dejó de percibir por la donación efectuada a favor del accionado desde que falleció su padre, el donante, porque aquél obtuvo grandes rentas y extrajo frutos del inmueble en cuestión, dado que se trata de una quinta cítrica de diferentes variedades de plantas y frutos que el accionado explota, produce y comercializa, recogiendo importantes ganancias hasta la actualidad.
Que si, como dice el juez, deben equipararse e igualarse los derechos de los herederos al negarle la colación de los frutos y rentas generados por el bien, ello origina una desigualdad porque los mismos incrementan el capital recibido por el demandado y la decisión del juez de no admitir su pretensión porque el bien se halla en el patrimonio del donatario, ratifica la diferencia de derechos de los herederos.
Agrega, siguiendo el razonamiento, que si el inmueble era un condominio con el demandado, los frutos, en proporción a ello, le pertenecen a su parte y por lo tanto también constituyen un valor colacionable, de no ser así se vería privado de percibirlos por lo que propicia se revoque la sentencia en este punto.
3) Por otro lado, el accionado, sin réplica alguna, se agravia porque la sentencia no contemplara el allanamiento de su parte a la pretensión de la actora en lo referido a la acción de colación, con los límites planteados, pues la misma conlleva una operación aritmética, más no una entrega proporcional de tierras en tanto no afecte la porción disponible.
Dice que el juez hizo lugar parcialmente a la demanda pero ninguna referencia hace del allanamiento, lo que impacta en la imposición de costas.
Luego se agravia porque la sentencia omite referirse al lucro cesante reclamado por la actora, incurriendo en un vacío que debe ser subsanado en esta instancia.
Detalla que tanto en la demanda, como al ordenarse y producirse la prueba, al presentar los alegatos y en los considerandos, se analiza la cuestión y si bien es rechazada por el a quo, al fallar nada dice al respecto, por lo que solicita al Tribunal que rechace expresamente tal pretensión y el monto determinado en el peritaje del perito agrónomo a fs. 72/76 y la ampliación de fs. 85/86, se tome como base regulatoria para sus honorarios.
Posteriormente se queja del momento en que deben determinarse los valores a colacionar, que el a quo lo estableció a la fecha de la partición, dado el tiempo transcurrido desde que falleció el donante y por razones de justicia y equidad.
Sostiene que ello es discrecional y arbitrario, apartándose de manera infundada y arbitraria que viola su derecho de defensa, que no guarda correlato con lo dispuesto por el art. 3477 CC.
Destaca que él abrió el juicio sucesorio y la actora se presentó pasado más de un año, cediendo parcialmente sus derechos respecto a algunos bienes y sus desmedidas pretensiones sobre el valor del bien y respecto al lucro cesante impidieron llegar a un acuerdo.
Señala que la actora no solicitó se declara inconstitucional dicha norma, ni el juez la declaró, solo se aparta de ella por razones de equidad y justicia, por lo que interesa la aplicación plena de la misma y del art. 3604CC.
También se queja que aportó elementos para determinar el valor del inmueble al momento de la apertura de la sucesión -informe de ATER del año 2006-, que no fue objetado por la contraparte ni por el juez, por lo que solicita que se fije el valor en función de ello, por aplicación del art. 3477 CC, con más los intereses correspondientes, con la limitación del art. 3604 CC.
Finalmente requiere que el Tribunal determine quien debe cargar con las costas de los peritos tasadores e ingeniero agrónomo, solicitando que se tenga en cuenta el desinterés de su parte en las mismas y la impugnación a la tasación.
4) Teniendo en cuenta el tenor de los planteos formulados por los apelantes, razones metodológicas aconsejan analizar en primer término los agravios de la actora vinculados al rechazo de su pretensión a computar, entre los valores colacionables, los montos correspondientes a los frutos y rentas devengados por el inmueble que donó su padre al accionado -acto que ha motivado este pleito- hasta la oportunidad en que se interpuso la demanda, para luego tratar las quejas del demandado relativas a la ocasión y al modo en que debe determinarse el valor a colacionar y, finalmente, examinar las objeciones de ambos apelantes en torno a la distribución y devengamiento de las costas y honorarios originados por el proceso.
El resumen precedente revela que no ha sido cuestionada la condena impuesta al demandado para que colacione en la sucesión del padre de ambos litigantes el valor del inmueble descripto, que le donara el causante, por la que la contienda en esta instancia se circunscribe a los aspectos mencionados.
Según la metodología propuesta, la primera cuestión a dilucidar está referida a los agravios de la actora por el rechazo de su pretensión para que se condene al accionado a colacionar los frutos y rentas generados por el inmueble que le donara su padre que, bajo el rótulo de lucro cesante, aquélla reclama.
Al respecto es menester puntualizar que la recurrente no ha sido muy generosa para describir, en la demanda, los alcances de su pretensión, dejando librado a lo que dictamine el peritaje a realizarse por un períto agrónomo, quien tendría a su cargo calcular la producción de la explotación citrícola a la que fue destinado el inmueble, además del valor del mismo, según consigna en dicho memorial.
En tal sentido no está demás reiterar que el rechazo a semejante pretensión el a quo la afinca en la circunstancia que, siendo la finalidad de la acción de colación mantener la igualdad entre los herederos en la distribución de los bienes del acervo, la rentas y los frutos que produzca el bien anticipado, mediante una liberalidad, a alguno de ellos se encuentran fuera de los alcances de la referida acción, en tanto el inmueble en cuestión ingresó al patrimonio del beneficiario como propio antes del óbito del donante y conservará su propiedad no obstante el deceso de éste, siendo, por tal circunstancia, suyos -del donatario- los frutos y rentas que genere la cosa donada.
Que dicha conclusión, además de acertada, no fue debidamente refutada por la recurrente que, por toda crítica al respecto, se limita a esgrimir que el capital recibido por el demandado se incrementa por las ganancias generadas por la explotación de la plantación cítrica existente en el inmueble, dinero que produce intereses que se incorporan al capital y así sucesivamente, agregando que el bien donado es un condominio entre ella y el accionado, perteneciéndole por ello los accesorios devengados.
Sobre ello es necesario remarcar que, más allá que se demostrara que el demandado obtiene ganancias provenientes de la explotación de la quinta cítrica existente en el inmueble que le fue donado por su progenitor, ello no determina que sea procedente la objeción articulada toda vez que la apropiación de las ganancias generadas por el fundo es un efecto propio del derecho de dominio que ostenta sobre el mismo, por lo que al no haberse rebatido adecuadamente esta conclusión, el agravio carece de sustento y determina su improcedencia.
Asimismo, en torno a esta cuestión cabe agregar que existen dos modos para que se haga efectiva la colación "... en especie, real o in natura, cuando se restituye el mismo bien donado a la masa hereditaria para ser sometido a la partición con los otros bienes, siendo resueltos los derechos del heredero donatario (antiguo derecho francés, y Cód. Napoleón en relación a las liberalidades de inmuebles, hasta la reforma de 1938). Y en valores, ideal o ficticia, cuando se trae no el mismo bien donado, sino su valor, manteniendo la propiedad del beneficiado sobre el bien objeto de la liberalidad del causante. La colación, en este régimen, no resuelve ni revoca la transmisión de dominio a favor del donatario, operada en virtud de la donación. Es el sistema predominante en la legislación comparada, y es el seguido por Vélez Sarsfield, art. 3477, que se realiza mediante una operación aritmética, de contabilidad. Se trata de la colación por aportación contable, es decir, se aporta un valor al inventario del activo, representativo del bien donado en vida a un heredero forzoso, a los fines de integrar la masa que va a ser objeto de la partición. Formadas las cuotas de los herederos, el valor de la donación se imputa a la hijuela del donatario, para lograr de tal modo la igualación de las porciones hereditarias. Esto es, se compensa el derecho hereditario del colacionante con el valor que ya recibió en vida del causante, y que fue computado en la masa hereditaria repartible. Este sistema sigue igualmente el Proyecto de Cód. Civil y Comercial de 2012, art. 2385." (Cfr. FERRER, Francisco A. M., Colación, valor colacionable y proyecto de Cód. Civil, Publicado en: DFyP 2014 (mayo), 115).
También cabe mencionar que como "La donación es un contrato que transfirió la propiedad del bien al donatario. Ese dominio no se revoca por muerte de los donantes y por tanto los frutos de las cosas donadas pertenecen al donatario aún después de abierta la sucesión." (Cfr. LD-Textos, CC0001 SM 28842 RSD-20609S, Fecha: 23/07/1991, autos: Gómez de López Mabel c. López de Baldettaro Regina s/ Colación, Mag. Votantes: Biocca - Olcese - Uhart).
En efecto, el sistema adoptado en la materia tanto por el Cód. Civil vigente como por el proyectado,
determina que la colación se trata de un cálculo matemático consistente en computar el valor dinerario del bien donado -inoficiosamente- en el acervo de la sucesión del donante, para luego calcular la porción que le corresponde a cada uno de los herederos, imputando dicho valor a la hijuela del beneficiario y verificar que exista equivalencia entre ellas, a efectos de determinar si aquéllos deben realizarse compensaciones, lo cual -obviamente- no extingue ni provoca mengua o restricción alguna al derecho de dominio que ostenta el donatario sobre dicho bien desde que le fue donado, de modo que la cuestión no amerita una conclusión diferente a la que arribó la jueza, debiendo desestimarse el agravio examinado.
Continuando con el examen de los agravios proferidos por los recurrentes conforme al orden sugerido, corresponde analizar el vertido por el demandado quien se queja porque la sentencia omitió consignar expresamente el rechazo al reclamo precedentemente analizado, que la accionante ha calificado como lucro cesante.
En los considerandos de la decisión recurrida, la a quo dejó claramente establecida la improcedencia de dicha pretensión, lo cual fue motivo de agravio de la accionante, también desestimada en esta instancia.
Si bien es cierto no hubo una referencia expresa al respecto en el fallo, ello no implica que sea procedente la objeción, habida cuenta que la resolución recurrida revela, en forma clara, concreta e inequívoca, que la demanda solo prosperará parcialmente, detallando sus alcances, no deja margen de dudas para otra clase de interpretación que el rechazo de las restantes pretensiones deducidas por lo que, en las particulares circunstancias de autos, es innecesario exigir una manifestación explícita en tal sentido por cuanto ello fluye diáfanamente del texto de la sentencia, ni la circunstancia apuntada tampoco afecta a la imposición de costas dado que tal alternativa fue, precisamente, evaluada por el a quo para distribuirlas, resultando inatendible este agravio.
Por otra parte resultan impertinentes las pretensiones del accionado vertidas en el memorial de agravios vinculada a la cuantía económica del lucro cesante a los efectos arancelarios dado que se difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que se determine la base económica, por lo que dicha observación deviene anticipada.
Otro de los agravios que profiere el demandado, atañe al momento en que debe determinarse el valor del inmueble que debe colacionarse, que la a quo lo fijó a la oportunidad de la partición, lo que es impugnado por el recurrente quien propicia la estricta aplicación del precepto contenido en el art. 3477 CC.
La cuestión que motiva el agravio no fue regulada expresamente por el Digesto Civil en su redacción original, lo cual dio pábulo a diferentes posturas que fijaban la valuación del bien donado al momento de celebrarse la donación; a la muerte del causante, porque allí queda fijado el acervo y una tercera que afirmaba que el valor debe establecerse a la fecha de la partición dado que en tal ocasión se concretaba la igualdad de los herederos.
La reforma de la ley 17711, pretendió resolver la cuestión agregando un segundo párrafo a la norma citada, disponiendo que cabe computar como valor del bien colacionado el que registraba al tiempo de abrirse la sucesión, estuviera, o no, en poder del heredero, mientras que, tratándose de créditos o de sumas dinerarias, deja librado a la apreciación judicial la determinación de un equitativo reajuste en función a las circunstancias del caso, precepto que también fue agregado por aquella ley.
No obstante ello, como se ha dicho, la a quo afincó su decisión de tomar el valor del bien a colacionar calculado a la época de partición, apartándose de la manda legal, en razones de equidad y justicia, teniendo en cuenta el desfase operado en la valuación dado el tiempo transcurrido desde que acaeció el óbito del donante -apertura de su sucesión- hasta que se proceda a la partición y en orden a la finalidad que persigue el instituto de la colación -que es mantener la equivalencia entre las hijuelas de los herederos, entendiendo por ello adecuada la solución que, además, se ajusta a lo dispuesto por el nuevo Cód. Civil.
Los argumentos brindados por la sentenciante para resolver semejante entuerto no resultan para nada desdeñables desde que, es público notorio la variación producida en el valor de los bienes, especialmente en los inmuebles, luego de casi una década al momento de la sentencia, debido a factores y alternativas acaecidas en la economía general del país, que han incidido y modificado significativamente su valor en términos, como consecuencia de la depreciación de la moneda por el fenómeno inflacionario, transformándose en una solución anacrónica.
Aunque la norma del art. 3477 es clara al respecto, su aplicación lisa y llana resulta incompatible con la índole y finalidad de la colación como instituto del derecho sucesorio que, como se dijo, tiende a equiparar las porciones que le corresponden cada uno de los herederos sobre el patrimonio dejado por el causante.
En efecto, si ése es el norte que guía el instituto que nos ocupa, atento al incremento que han experimentado el valor de los bienes, en general, al calor de la vicisitudes económicas, especialmente por el fenómeno inflacionario que aqueja nuestra economía habitualmente, salvo excepciones, determinan que la subsunción indiscriminada del caso en los preceptos de la norma citada conducen a una solución manifiestamente inconciliable con el mantenimiento de la paridad entre las hijuelas que corresponden a los sucesores, es decir a un resultado contrario al que pretende asegurar, por cuanto beneficia, sin justificativo alguno, al donatario.
Además obsta la aplicación a ultranza del precepto citado, la circunstancia que no existe en autos referencia alguna que permita establecer cual era el valor del bien al producirse el fallecimiento del donante, mientras que, por otra parte, la equivalencia o el desfase entre las hijuelas de cada heredero se tornará apreciable, precisamente, en ocasión de reconstruirse en su totalidad y a valores constantes el patrimonio del causante para proceder a la partición de la herencia entre ellos, con lo cual la solución que dispone la norma resulta francamente perniciosa, contrariando la índole y finalidad del instituto tornándolo inoperante.
Teniendo en cuenta que el mecanismo de la colación consiste en operaciones aritméticas y contables para traer al acervo el valor del bien donado para luego, una vez determinada la masa partible, imputar dicho valor a la porción que le corresponde al donatario en la sucesión del donante, por lo que en tales condiciones la donación importa para aquél sólo una ventaja temporal y no sustancial pues no aumenta su porción, salvo que el donante lo dispense expresamente de colacionar, sin dudas que la interpretación efectuada por la a quo, en función a las particulares circunstancias del caso, es la que resulta apropiada para resolver ajustadamente la contienda suscitada en torno a este aspecto por cuanto se atiene a la finalidad del instituto.
Al respecto se ha señalado que "El art. 3477 del Cód. Civil dispone que los valores colacionables "deben computarse al tiempo de apertura de la sucesión, sea que existan o no en poder del heredero". Dispone así el criterio de la tasación de los bienes donados a la fecha de la muerte del causante, apartándose de la jurisprudencia pacífica que venía resolviendo que el valor de las donaciones debía ser actualizado al tiempo de la partición según las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, producidas desde que aquellas liberalidades se realizaron. La solución, según señalamos, fue por ello criticada. Pero la jurisprudencia ante el avance del proceso inflacionario, se encargó de aplicar el precepto adecuándolo a la realidad económica del país, actualizando los valores colacionables a la época de la partición. Para ello interpretó la norma conforme a su auténtico espíritu, que persigue con criterio de justicia cumplir la finalidad de la colación, esto es, la igualdad de los herederos en la repartición de la herencia. Con esta interpretación finalista se evitó una irritante desigualdad entre los coherederos, generadora de un verdadero enriquecimiento sin causa a favor del deudor de la colación. Pues, en efecto, éste se beneficiaba con el importe de una tasación del bien donado a la fecha de apertura de la sucesión, totalmente anacrónica y devaluada por la inflación durante el lapso transcurrido hasta la época posterior de la partición, en que se valuaban los otros bienes sucesorios. Aquel importe devaluado se imputaba a su porción hereditaria, dejándole margen para reclamar más bienes hereditarios a fin de completarla, no obstante que de acuerdo con valores actualizados el anticipo recibido le hubiese reducido o eliminado ese margen que ahora reclama cubrir. El problema se solucionó, entonces, reajustando la tasación a la fecha de la partición, unificando así el módulo monetario a una misma fecha para tasar los valores colacionables y los demás bienes hereditarios, a fin de formar la masa de la cuenta particionaria. Porque si bien es principio legal la fijación del valor de los bienes colacionables a la fecha de apertura de la sucesión, conforme al citado art. 3477, también lo es el de igualdad entre los herederos, que debe prevalecer por su mayor rango, significación y alcance, desde que constituye la esencia misma del derecho sucesorio ab intestato, conformando su estructura (arts. 3478 y su nota, 3485, 3490, 3563, 3564, 3565, 3568, 3569, 3585)." (Cfr. Ferrer, Francisco A. M. ob. cit.)
Aunque pueda resultar extensa y su lectura tediosa, la cita efectuada resume las razones por las cuales deviene improcedente la aplicación estricta del mentado art. 3477 CC, además, dicho criterio ha sido abandonado por el novel Digesto Civil que, como bien apunta la sentenciante, en su art. 2385 dispone, en su párrafo final, que "Dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación".
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio vertido respecto a esta puntual cuestión de la contienda.
Finalmente, siguiendo el método de análsis propuesto al inicio, corresponde examinar los agravios de ambas partes vinculados a la distribución de las costas del proceso que dispuso la sentencia apelada.
A esta altura no está de más recordar que la actora cuestiona que la proporción en que se impusieron las costas (60%), no guarda relación con la medida en que prosperó y se desestimó la demanda, por lo que postula que deben ser distribuidas en mitades entre cada una de las partes, mientras que la demandada objeta que no se tuvo en cuenta el allanamiento de su parte a la demanda de colación y reclama que el Tribunal determine qué parte debe afrontar las costas devengadas por la intervención de los peritos que han dictaminado en autos.
Debido a las consecuencias que proyecta sobre los restantes agravios, cabe evaluar en primer lugar el proferido por el accionado relativo a que no se tuvo en cuenta su allanamiento a la acción de colación que se le promoviera.
Además, la accionada no aporta ningún argumento, aparte de la circunstancia mencionada, la lectura del escrito de contestación de demanda advierte que no formuló allanamiento alguno a la colación pretendida por la actora, -sin perjuicio de lo expresado por ésta en el memorial de fs. 32-, sino que sólo se limita a señalar que únicamente es posible colacionar el valor de bien donado.
Habiéndose expedido en esos términos, semejante manifestación dista de constituir una manifestación inequívoca de su voluntad de admitir la pretensión deducida, como tampoco reúne los recaudos exigidos por el art. 67 del CPCC, por lo tanto insusceptible de configurar un allanamiento en los términos de dicha norma que opere como eximente de las costas, de modo que el agravio deviene inatendible.
Sobre el planteo efectuado por la actora, cabe señalar que si bien es cierto la sentenciante no abundó en las razones por las que impuso las costas en esa proporción, tampoco el apelante ha sido generoso en argumentos para puntualizar donde estriba la iniquidad que proclama, limitándose a señalar que la admisión parcial determina la imposición por partes iguales.
Al respecto, cabe señalar que el reparto de las costas del proceso en caso de vencimiento parcial y recíproco no está presidida por un criterio aritmético que exija una estricta equivalencia con la entidad de lo admitido y desestimado, sino que debe procederse con uno jurídico, por cuanto el art. 68 del CPCC acude a la prudencia del juez a compensarla o distribuirlas en función al éxito obtenido por cada litigante ponderando la trascendencia de lo obtenido y lo desestimado pero no desde un ángulo exclusivamente cuantitativo.
Conforme a ello teniendo en cuenta la entidad de los reclamos realizados y las vicisitudes acaecidas en el proceso en torno a las pretensiones articuladas, en el que una de ellas fue tenazmente resistida -a punto tal que fue desestimada- y la restante no, excepto algún reparo vinculado a la modalidad de cumplimiento, determinan que la distribución efectuada resulte inobjetable, siendo improcedente el agravio vertido al respecto.
Tampoco resulta atendible el requerimiento que formula la demandada para que el Tribunal determine quién debe cargar con los honorarios de los peritos que dictaminaron en estos obrados, porque si bien este organismo se encuentra facultado para decidir sobre puntos omitidos en la sentencia -art. 270 del CPCC-, no se verifica que en la misma se incurriera en omisión alguna, toda vez que la cuestión se encuentra resuelta al expedirse sobre la imposición de las costas devengadas por el juicio.
Así las cosas, doy respuesta afirmativa al interrogante inicial de modo que si los colegas que me suceden en la votación comparten los argumentos expuestos, propicio desestimar las apelaciones deducidas y confirmar la sentencia apelada.
Las costas generadas por los recursos aquí resueltos se imponen a los apelantes vencidos en cada uno de los recursos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 65 del CPCC.
Así voto.
El doctor Marfil dijo:
Que se adhiere al voto del Sr. Vocal preopinante.
La doctora Pelayo de Dri dijo:
Que se adhiere al voto de los Sres. Vocales, Dres.: Horacio Edgardo Mansilla y Andrés Manuel Marfil.
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1º) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las partes, actora a fs. 122 y demandada a fs. 117 contra la sentencia de fs. 112/116, en consecuencia, confirmar la misma. 2º) Imponer las costas devengadas por los recursos desestimados, a los apelantes vencidos en cada uno de ellos (art. 65 CPCC). 3º) Aplazar la regulación de honorarios para la oportunidad que se fijen los de la anterior instancia. Regístrese, notifíquese y, en estado, bajen.— Horacio E. Mansilla.— Andrés M. Marfil.— Liliana Pelayo de Dri.


¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0( 0 votos)



Publicado el 8/09/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Colación, Donación


Fallos Relacionados


Responderemos a la brevedad tus comentarios: