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A., M. L. s/ sucesión testamentaria


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Voces: APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO ~ AUTENTICIDAD DE FIRMA ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ~ LEY APLICABLE ~ LEY PROCESAL ~ PERICIA CALIGRAFICA ~ PROCESO EN TRAMITE ~ PROTOCOLIZACION ~ PROTOCOLIZACION DEL TESTAMENTO ~ SUCESION TESTAMENTARIA ~ TESTAMENTO ~ TESTAMENTO OLOGRAFO

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G(CNCiv)(SalaG) Fecha: 22/04/2016

Partes: A., M. L. s/ sucesión testamentaria – proceso especial Publicado en: LA LEY 02/09/2016, 02/09/2016, 8 Cita Online: AR/JUR/20880/2016
Hechos: La Cámara confirmó la sentencia que dispuso la protocolización del testamento ológrafo y ordenó la pericial caligráfica para probar la autenticidad de la firma del testador en cumplimiento del art. 2339 del Código Civil y Comercial entrado en vigencia.
Sumarios: 1. Si bien debe confirmarse el trámite de protocolización dispuesto respecto del testamento ológrafo para conferir a éste el carácter de instrumento público y asegurar la conservación de las disposiciones de última voluntad, corresponde adaptar el trámite a lo dispuesto por el art. 2339 del Código Civil y Comercial entrado en vigencia —necesidad de pericial caligráfica para probar la autenticidad de la firma del testador—, por tratarse de una norma procesal de aplicación inmediata. 2. Hay normas del Código Civil y Comercial que se aplican de forma inmediata a los juicios abiertos, aun cuando la muerte se haya producido antes de la vigencia de esa normativa, por tener naturaleza procesal o ser meras consecuencias aún no producidas de relaciones nacidas bajo el régimen anterior, entre ellas, la necesidad de pericial caligráfica para probar la autenticidad de la firma del testador en el testamento ológrafo (art. 2339). 3. El trámite de protocolización dispuesto respecto del testamento ológrafo debe confirmarse —en el caso, también se dispuso la aplicación inmediata del art. 2339 del Código Civil y Comercial—, pues no cabría una hipotética revocación o caducidad de un instrumento que no pueda ser considerado tal por no emanar del puño y letra del presunto otorgante.
Texto Completo:

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 22 de 2016.
Considerando: 1. El juez de grado, luego de reseñar las cuestiones pendientes de resolución en autos, esto es, la vigencia de dos testamentos ológrafos, la legitimación (sustancial y procesal) de quien invocó su calidad de legataria y la legitimación de otra pretendiente que alega su derecho como pariente colateral de la causante (y sus cesionarios), resolvió, con carácter previo, dar cumplimiento con el trámite de protocolización de esos instrumentos conforme las previsiones de los arts. 704 y 705 del Código Procesal. La determinación no satisfizo a dos pretendientes de la herencia, quienes acuden a esta alzada procurando su revisión. La cuestión se integra con el dictamen del Ministerio Público Fiscal de Cámara que obra a fs. 225/227.
3. La crítica de los recurrentes enfatiza sobre la falta de necesidad de la protocolización resuelta, habida cuenta que —conforme lo sostienen— ninguno de los sujetos presentados en el sub lite con aspiraciones a suceder a la causante ha cuestionado que los testamentos no hayan sido otorgados por ella, por el contrario, las discusiones giran en torno a su vigencia o su revocación y/o su caducidad. De modo que el trámite impreso por el a quo importaría un dispendio de actividad jurisdiccional si finalmente se decidiera sobre la falta de vigencia de los testamentos. Se agravian también porque el juez ha permitido la presentación de cesionarios quienes —atento su criterio— carecen de legitimación sustancial alguna para postularse en autos.
3. Como es sabido, la protocolización del testamento, en particular, cumple dos funciones: confiere al testamento el carácter de instrumento público, desde el día en que el juez ordenó la protocolización (art. 984, Cód. Civil), y, además asegura la conservación de las disposiciones de última voluntad (cfr. Zannoni, Eduardo A., Derecho Civil - Derecho de las Sucesiones, T° II, p. 411, edit. Astrea, 3ª. edición, 1983; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil - Sucesiones, 9ª edición —actualizado por Delfina Borda— T° II, p. 234, edit. LA LEY, 2008; Fassi, Santiago C., Tratado de los Testamentos, vol. 1, p. 219, edit. Astrea, 1970). Tratándose de un instrumento privado, debe ser examinado sumariamente para determinar si procede de la persona a quien se atribuye (cfr. Zannoni, op. cit. p. 413), no resultando suficiente —como lo afirman los recurrentes— que la autoría no haya sido cuestionada por todos los que se presentaron en el sucesorio invocando derechos.
El trámite y consiguiente acto aprobatorio del testamento sólo tiene por finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos legales formalmente exigibles, peo no juzga ni prejuzga en cuanto a la validez sustancial del instrumento, extremo éste que los interesados —si se creyeren con derecho a ello— deberán desconocer mediante el pertinente proceso de conocimiento (cfr. esta Sala, r. 426.741 del 29/04/2005; cfr. art. 706, in fine, del Código Procesal, art. 3650, Cód. Civil), o por la vía incidental, si como parece suceder en la especie y no ha sido soslayado por el magistrado de la anterior instancia, las discusiones no apuntan a la validez intrínseca de los instrumentos adunados a la causa sino a su revocación y caducidad.
De modo que hizo bien el a quo en disponer el trámite de protocolización de los testamentos esgrimidos en el sub lite como previo a decidir las controversias ya enunciadas, puesto que, contrario sensu del razonamiento de los apelantes, no cabría un pronunciamiento acerca de una hipotética revocación o caducidad, de un testamento ológrafo que no pueda ser considerado tal por no emanar del puño y letra del presunto otorgante.
Corolario de lo expuesto, los reproches no habrán de ser atendidos, como tampoco lo serán los agravios atinentes a la procrastinación de la decisión relativa a los cesionarios.
4. Interesa señalar (sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto) que el juez de grado, al decidir acerca del trámite previsto por los arts. 704 y 705 de la ley adjetiva, convocó a los testigos propuestos a una audiencia a los efectos de reconocer la letra y firma de la testadora. La Fiscal General, en tanto, dictaminó a favor de la aplicación inmediata en el sub examine del art. 2339 del Cód. Civil y Comercial, esto es, la comprobación de la autenticidad de la escritura y firma de la causante mediante experticia caligráfica.
Conviene recordar que la Corte Suprema ha manifestado que por excepción el Congreso Nacional tiene facultades para dictar normas procesales cuando sea pertinente establecer ciertos recaudos de esa índole a fin de asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo (Fallos: 137:303; 138:157; 141:254; 162:376; 328:1146; Carranza Casares, Carlos A. en Cód. Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado, Dir. Alberto J. Bueres, vol. 1, p. 88, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2014).
De acuerdo a la conocida doctrina del Alto Tribunal, las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público, y, por consiguiente, las nuevas que se dicten, aun en caso de silencio de ellas, se aplican a las causas pendientes (Fallos: 181:288; 193:197; 306:1223). Ello es así, porque la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía (Fallos: 163:231) y no existe un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento (Fallos: 193:192; 249:343; 306: 2101). Este principio se ha limitado a los supuestos en que no se venga a privar de validez a los actos procesales cumplidos o se deje sin efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores (Fallos: 200:180; 249:343; 275:109 y 306: 1223, 1615 y 2101).
Sostiene Kemelmajer de Carlucci, con criterio que se comparte en el caso, que hay reglas contenidas en el Cód. Civil y Comercial que se aplican de forma inmediata a los juicios abiertos, aun cuando la muerte se haya producido antes de la vigencia de dicho cuerpo normativo, por tener naturaleza procesal o ser meras consecuencias aún no producidas de relaciones nacidas bajo el régimen anterior, como lo serían aquellas previsiones contenidas en el Título VII del nuevo código (arts. 2335 al 2362), entre ellas, la necesidad de pericial caligráfica para probar la autenticidad de la firma del testador si el testamento es ológrafo (art. 2339 citado) (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Cód. Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, p. 168, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires-2015; en igual sentido, CN. Civ., Sala A, del 22/09/2015, expte. n° 50.350/15, y sus citas).
En suma, y por entender que el art. 2339 es una norma de contenido procesal, su aplicación inmediata al caso de autos se impone. De manera que, no obstante la confirmación del pronunciamiento de grado, el juez deberá adaptar el trámite decidido a la normativa antes citada.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal de alzada, se resuelve: Confirmar la decisión de fs. 150/155, con los alcances que fluyen de la presente. Con costas a los apelantes vencidos (art. 69 del rito). Los honorarios se regularán oportunamente (art. 14 de la ley 21.839). Regístrese, notifíquese por Secretaría al domicilio electrónico denunciado conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/2011 y 38/2013 de la C.S.J.N., y a la Fiscalía de Cámara en su despacho, oportunamente cúmplase con la acordada 24/2013 de la C.S.J.N. y devuélvase. La vocalía n° 20 no interviene por hallarse vacante (art. 109 del RJN). — Carlos A. Bellucci. — Carlos A. Carranza Casares.


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Publicado el 30/08/2018. Temas: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Pericia Caligráfica, Protocolización, Sucesiones, Testamento


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