Definición de persona jurídica  



    Ente que, no siendo el hombre o persona natural (v.e.v.), es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. A esta noción más bien negativa, o meramente diferenciadora de la otra especie de sujetos del Derecho, de los individuos humanos. cabe agregar la nota activa de integrar siempre las personas jurídicas un grupo social con cierta coherencia y finalidad, con estatuto jurídico peculiar.
    Bastará indicar que constituyen personas jurídicas —tecnicismo de cuya propiedad se trata luego— tanto el Estado, las provincias y los municipios como la Iglesia y las distintas congregaciones, toda suerte de sociedades mercantiles y civiles, asociaciones de cualquier índole, desde los sindicatos a los clubs deportivos y cuantos núcleos ofrecen pluralidad de hombres unidos con algún propósito, determinados medios y cierta organización jurídica externa y distinta de la mera suma de individuos integrantes.
    Como expresa el legislador civil argentino, Vélez Sársfield, "se usa de la expresión persona jurídica como opuesta a la de persona natural, al individuo, para mostrar que ellas no existen sino con un fin jurídico". Ahora bien, este nombre no es el único con que autores y leyes designan a estos entes jurídicos de existencia indudable. Así,- Colmeiro habla de personas abstractas, por suponerlas producto de la abstracción racional, cuando su realidad se afirma en los hechos y en el Derecho positivo. Para otros son personas artificiales, como creación artificiosa del legislador, que en verdad se Imita a regular lo que la vida lo impone al respecto; ya que hay titulares de derechos y obligaciones distintos del hombre aislado o individualmente obrando. También, personas civiles, designación poco feliz, porque no sólo existen en la rama civil de la enciclopedia jurídica, sino en la mercantil y . otras, e incluso corresponden a los diversos estados diferentes del civil, como las compuestas por militares y religiosos. Comas propuso hablar de personas colectivas, por constituir de un conjunto de individuos, de una colectividad; lo cual es cierto, aunque no todas las agrupaciones de más4 de un individuo sean personas jurídicas; como sucede con el matrimonio, con ciertas poblaciones errantes y con núcleos de nacionales en país extranjero. De personas ficticias hablan Savigny y Winscheid, por estimarlas ficción; nombre tan erróneo como el casi similar de personas artificiales, ya mencionadas. Mi- raglia las denomina personas incorporales, que resulta exacto en un sentido, pero poco expresivo; además de que sus miembros, socios o integrantes componen su elemento humano corporal, sin el cual dejarían de ser o no podrían surgir. Personas místicas las llama Vauthier, por estar ocultas, aspecto discutible; además de lo equívoco de lo místico, que tiende a emparentarse con lo religioso, y poco apto por ello para sociedades mercantiles por ejemplo. Fiori y Giorgi las califican de personas morales, dandole al vocablo el sentido contrario a lo material o físico; y que se combate por cuanto el hombre, al realizar acciones de orden moral, es persona de esta índole también. Giner de los Ríos y Azcárate preferían hablar de personas sociales, por integrar sociedades; pero se objeta que el individuo humano, por vivir, en sociedad, es asimismo persona social.
    En definitiva, pese a su imperfección (porque el hombre es persona para el Derecho y su sujeto, y con carácter jurídico por tanto), el tecnicismo de persona jurídica tiende a prevalecer, por la difusión alcanzada y, sobre todo, por su uso frecuente en los textos legales y vigentes. Tal criterio sigue resueltamente el Cód. Civ. esp., y a la postre el arg., luego del «ensayo diferenciador de personas de existencia ideal, que puede conducir a pensar en las clases sociales económicamente más poderosas o de vivir más satisfactorio para ellas en diversos aspectos.
    se tiene en cuenta que para la realización del Derecho se requiere un sujeto, el cual se llama persona, se comprende que las de existencia no visible son indispensables para el gobierno y acción de las relaciones colectivas, y que surgen como necesidad inobjetable e insustituible. Por eso, las legislaciones de todos los países admiten la existencia de entidades colectivas y les atribuyen personalidad; es decir, las consideran susceptibles de derechos y obligaciones, al igual que la persona física En su Sistema de Derecho romano actual, Savigny, según se ha apuntado, concebía la persona jurídica como sujeto creado artificialmente, capaz de tener un patrimonio. Planiol y Ripert definen esta personalidad moral como "la atribución de derechos y obligaciones a otros sujetos que no son seres humanos".
    Los mismos autores agregan que "mientras las personas físicas se hallan, en principio, sobre un pie de igualdad, las personas morales tienen derechos desiguales, porque esos derechos dependen del papel que tienen que representar, y que son muy diversos". Según representen a la autoridad pública en el ejercicio de su9 funciones, o se creen por simple iniciativa de los particulares, pertenecen al Derecho Público o al Derecho Privado.
    Acerca de su naturaleza, además de la doctrina savigniana de la ficción, está la de la afectación de un patrimonio a un fin social (Brinz), la de su función social (Duguit), la de la realidad patrimonial (Planiol y Geny), la de la realidad psicofísica (Gierke).
    Savigny, que tanto trabajó sobre esta materia, divide las personas jurídicas en dos clases, aceptadas por el Cód. Civ. arg.: las de existencia necesaria y las de existencia posible. En el primer grupo sitúa el Estado, las provincias, los municipios y la Iglesia católica. En el segundo, las asociaciones, corporaciones y fundaciones que, establecidas para fines útiles, obtienen la autorización del poder público y disponen de un patrimonio.
    Para el Cód. Civ. esp.: "Son personas jurídicas: 1? Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a Derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 29 Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados" (art. 35). Ya antes había declarado el texto citado que las corporaciones, asociaciones y fundaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del Código (art. 28).
    La diferencia entre esa triple subdivisión de las personas no naturales la traza así Orgaz: "Las asociaciones vinculan a los individuos qué poseen un interés identificado con el de la entidad; por ejemplo, un sindicato, una sociedad anónima. Las corporaciones persiguen fines que exceden de los individuos que las integran; no hay identificación de intereses; por ejemplo, una universidad. Las fundaciones son simples afectaciones de un patrimonio a un fin social; por ejemplo, un asilo, una biblioteca, creados y mantenidos por un legado".
    El cuerpo legal mencionado establece que las asociaciones particulares se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; lo cual resulta inaplicable al Estado, que existe por sí, en cuanto actúa con poder independiente propio en el orden internacional y eficazmente sobre un grupo social que lo acepta de grado o por fuerza. Las asociaciones se rigen por sus estatutos; y las fundaciones, por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por autoridad administrativa, si tal requisito es necesario (art. 37).
    Pueden las personas jurídicas adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. La Iglesia se rige por lo concordado, ampliamente favorable a suf facultades; y los establecimientos de instrucción y beneficencia (v.e.v.), por leyes especiales (art. 38).
    Como suerte de Derecho sucesorio pasivo, al extinguirse o disolverse las personas jurídicas, se dará a sus bienes la aplicación prevista en las leyes, estatutos o cláusulas fundacionales, que poseen así eficacia de testamento. De no haber previsto nada (situación comparable al abintestato), se aplicarán esos bienes a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debieran recoger las beneficios de las instituciones extinguidas (art. 39).
    En cuanto al domicilio, tendrán legalmente el que fijen y se les apruebe; en caso de omisión al respecto, se entenderán domiciliadas en el lugar en que se halle establecida su representación legal o allí donde ejerzan las principales funciones de su instituto (art. 41).
    Pueden heredar, por testamento, todas las personas jurídicas a las cuales no esté prohibido (art. 746). (v. DESAMORTIZACIÓN.) E incluso suceden ab intestato, porque a varias de ellas se le adjudican los bienes en caso de herencia vacante y de sucesión del Estado (v.e.v.). Para aceptar herencia basta el consentimiento de los legítimos representantes de las personas jurídicas; mientras para repudiarlas se necesita aprobación judicial, previa audiencia del fiscal (art. 993).
    El Cód. Civ. arg. declara que: "Las personas jurídicas sobre las cuales este Código legisla son las que, de una existencia necesaria o de una existencia posible, son creadas con un objeto conveniente al pueblo, y son las siguientes: 19 El Estado. 29 Cada una de las provincias federadas. 39 Cada uno de sus municipios. 49 La Iglesia. 59 Los establecimientos de utilidad pública, religiosos ó piadosos, científicos o literarios, las corporaciones, comunidades religiosas, colegios, universidades, sociedades anónimas, bancos, compañías de seguros y cualesquiera otras asociaciones que tengan por principal objeto el bien común, con tal que posean patrimonio propio y sean capaces, por sus estatutos, de adquirir bienes, y no subsistan de asignaciones del Estado" (art. 33). También son personas jurídicas los Estados extranjeros, sus provincias y municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existenten en países extranjeros, con las mismas condiciones antes expuestas (art. 34).
    Para los fines de su institución pueden adquirir los derechos que el Código establezca y ejercer los actos que no estén prohibidos. Pueden admitir nuevos miembros en lugar de los fallecidos o dados de baja.
    Se consideran actos de la personas jurídicas los de sus representantes legales, si no exceden de les límites de su ministerio. De no estar expresamente establecidos en los estatutos o en los poderes personales. se estará a lo dispuesto para el mandato.
    Sobre la naturaleza de estas entidades, el mismo texto preceptúa que se consideran como personas enteramente distintas de sus miembros. Además, los bienes pertenecientes a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros, con independencia en la satisfacción de las deudas sociales, salvo expresa fianza o mancomunidad.
    Aparte otras reglas ya expuestas, cabe demandarlas civilmente, y ejecutar sus bienes; pero no perseguirlas criminalmente ni exigirles indemnización de daños y perjuicios.
    En el campo de los derechos redes, las servidumbres a favor de estas personas sólo duran 20 años, lo mismo que el usufructo, (v. los arts. 35 y ss. del cód. cit., 2.828 y 3.004 del arg.; y, además, ASOCIACIÓN, CORPORACIÓN, FUNDACIÓN, SOCIEDAD.) (6216, 6217, 6.418, 6.481.)

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