Definición de declaración de muerte del ausente


    Como todo hecho con repercusión jurídica, la muerte requiere ser probada para surtir efectos. La declaración de muerte se basa en un certificado médico cuando el cadáver puede ser examinado, con la doble finalidad de asegurar la efectividad de la defunción y de comprobar si existe algo sospechoso en relación con ella. La normalidad del reconocimiento determina la autorización del enterramiento; en caso contrario, procede la intervención judicial para esclarecer los hechos, (v. AUTOPSIA, CADÁVER, INHUMACIÓN.) La situación se complica cuando la muerte se produce en una catástrofe y desaparece el cadáver; y cuando existe simultaneidad o proximidad en la defunción de varias personas, por los difíciles y graves problemas que crea la copijnoriencia (v.e.v.).
    Tanto en los supuestos anteriores como en el de la declaración de muerte de un ausente, el caso más incierto y complejo, se procede mediante presunciones, concretadas en la resolución judicial que declara el fallecimiento de una persona ausente o en ignorado paradero cuando ha transcurrido considerable plazo sin noticias de la misma. Se pone fin así, según se ha afirmado, a la presunción de vida, fundándose en el peligro grave, para las declaraciones a corto plazo; o en el transcurso del tiempo, en circunstancias más normales.
    La propia Iglesia admite la posibilidad de contraer nuevo matrimonio el cónyuge presente, siempre que así lo permitan las conclusiones del procedimiento instruido por el ordinario u obispo del lugar.
    Otro efecto fundamental consiste en la apertura de la sucesión. Tal consecuencia la establece de modo concreto el art. 196 del Cód. Civ. esp. En esta parte, luego de la guerra de 1939, a consecuencia de las frecuentes desapariciones producidas por la lucha y las venganzas, y para modernizar los plazos extraordinarios del Cód. de 1889, se modificaron varios de los artículos referentes a esta materia. Cabe declarar el fallecimiento: lo transcurridos 10 años desde las últimas noticias del ausente o, a falta de ellas, desde su desaparición; 29 a los 5 años, en iguales condiciones, si el ausente ha cumplido ya 75 años; 39 a los 2 años de un riesgo inminente de muerte por causa de siniestro o de violencia contra la vida. Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiere desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado si han pasado 6 meses después de cesar la subversión (art. 193).
    Cabe pedir también la declaración de muerte: 19 de los que pertenezcan a un contingente armado o lo acompañen, y que hayan tomado parte en operaciones, pasados 2 años del tratado de paz o del término oficial de la guerra; 29 de los tripulantes y pasajeros de una nave naufragada, pasado igual lapso; el hecho se supone ocurrido al pasar 3 años sin tener noticias del barco; 39 de los tripulantes y pasajeros de aeronaves, transcurrido igual tiempo sin noticias de ellos o del encuentro de restos inidenti- ficables (art. 194).
    Declarado el fallecimiento, cesa el estado de ausencia. La muerte se supone ocurrida al término de los plazos antes indicados, y así lo hará constar la resolución pertinente de la autoridad judicial, salvo prueba en contrario, que puede surgir a posteriori. La declaración de muerte no basta para que el cónyuge presente pueda contraer ulterior matrimonio (art. 195). Se abre la sucesión; pero los herederos no pueden disponer de los bienes, a título gratuito, hasta pasados 5 años. No se entregan hasta entonces los legados, excepto los piadosos, los destinados a sufragios por el alma del ausente y los de beneficencia. Se exige, aun habiendo un heredero, inventario de los bienes muebles y descripción de los inmuebles (árt. 196).
    La Ley de Enj. Civ. ha sido reformada, en consonancia, del art. 2.042 al 2.047, para regular en forma expeditiva y con garantías este procedimiento de jurisdicción voluntaria, salvo oposición especial.
    En el Cód. Civ. arg., "pasados quince años desde la desaparición del ausente, o desde que se tuvo noticia cierta de su existencia, u ochenta desde su nacimiento, el juez, a instancia de parte interesada, podrá dar la posesión definitiva de los bienes del ausente a los herederos" (art. 122). Tal medida disuelve además la sociedad conyugal (art. 123). (v. AUSENCIA, DECLARACIÓN DE AUSENCIA.)

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