Definición de cadaver  

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    Restos del ser que ha perdido la vida. Cuerpo del hombre o. de la mujer que ha muerto. Mientras el organismo humano conserva adherido a los huesos las partes blandas, puede hablarse propiamente de cadáver; en otro caso, la estructura ósea tan sólo se llama esqueleto, cuya consideración jurídica no difiere mucho de la del cadáver, donde existe la vida simplemente animal de la descomposición orgánica, de no haberse detenido el proceso de putrefacción mediante el embalsamamiento, o por efecto de la incorrupción (sea natural, como en ciertos muertos entre hielos, o por otras causas desconocidas, como la sobrenatural que la Iglesia aduce en algunos santos). Cadáver se llama también, aun no habiendo tenido vida jurídica, ni natural extrauterina, al cuerpo del nacido muerto. Asimismo, al cuerpo del animal muerto; si bien, en tal caso, el nombre se suele reservar para los cuadrúpedos.
    Sobre la naturaleza jurídica del cadáver, existen apasionadas divergencias en los autores. Desde la consideración como persona totalmente impotente, a la de cosa, aceptable cuando el cadáver no es sino esqueleto, y sobre todo de no conocerse su identidad. El respeto a que las leyes obligan con relación a los muertos, el acatamiento a la voluntad del difunto (aun como acto hecho en vida), son muestras de que la muerte no significa una extinción tan radical como se proclama de la personalidad jurídica. No obstante, quizás la actitud más aceptable sobre la consideración jurídica del cadáver sea la que, sin encerrarse en una posición intransigente, lo considere más o menos como cosa según la proximidad de la muerte ; y más aún, tomando en cuenta la mayor o menor similitud que con la figura en vida conserve; cuestión tratada con mayor amplitud en el artículo DERECHO AL CADÁVER (v.e.v.).
    En el primitivo procedimiento romano de la manas injectio (v.e.v.), más quizás para saciar la venganza de un pueblo primitivo que por una estricta consideración del cadáver como cosa, se permitía que los acreedores del insolvente, luego de darle muerte al mismo, pudieran repartirse su cadáver.
    También en el antiguo Derecho se sostenía la tesis de que el acreedor con título que llevara aparejada ejecución podía proceder no sólo contra los bienes del deudor, sino también sobre el cuerpo del obligado, y tener embargado su cadáver hasta que los herederos, por honor de la familia, o por interés si eran extraños, pagaren la deuda. Constituyendo la obligación, en el concepto moderno, una relación económico jurídica de patrimonio a patrimonio, evidentemente tal sistema sería absurdo en la actualidad. No obstante, todavía, como residuo de barbarie y realidad de crimen, los secuestradores que exigen una cantidad crecida por el rescate de una persona, cuando no es pagada la suma en el plazo conminatorio, abandonan el cadáver del primero privado de la libertad y luego de la vida, como una extinción de la amenaza, satisfecha la crueldad perversa.
    La ley 15, del tít. XIII, de la Part. I, y la ley 13, del tít. IX, de la Part. VII disponían que, muerto el deudor, no podían los acreedores detener el cadáver, ni impedir su sepultura, ni hacerle otra deshonra por razón de la deuda, bajo la pena que el juez estimare justa según la calidad de la injuria.
    Penalmente, dentro del mismo cuerpo legal, en las leyes V y 8», del tít. I, de la Part. VII disponían que, muerto el delincuente, no había de imponerse pena alguna a su cadáver, ni en razón de los delitos en que cabía proceder contra sus autores después de muertos; pues únicamente se dirigía la acción entonces contra su memoria y bienes, no contra sus cuerpos sin vida.
    Tal criterio no era incompatible con ciertas prácticas antiguas, que han llegado hasta nuestros tiempos (al menos en las guerras y en las terribles persecuciones políticas), de dividir los cuerpos de los malhechores o de los enemigos del poder público, de echar al mar o a los ríos los cadáveres de los parricidas, y hasta llevar al patíbulo el cadáver de algún malhechor que, para eludir la pena, se había suicidado, donde el horror y el humor se mezclan de incomprensible manera. Incluso el cadáver del ajusticiado debía permanecer cierto tiempo colgado, para ejemplaridad, para infundir terror e inspirar aversión al delito a los que vieran la justicia hecha.
    En el presente, con la excepción de la furia ocasional de la venganza política, social y nacionalista, las medidas son distintas; por haber variado las concepciones y los sentimientos. Como cuadro general, cabe dividir en la forma siguiente lo relativo a los cadáveres:
    a) Muerta una persona, antes de verificar su entierro, ha de procederse, por médico de ser posible, a la comprobación plena del fallecimiento, a fin de evitar los raros pero exactos casos de enterramientos con vida, y no por ánimo criminal o de bárbara justicia, sino por procesos catalépticos agudos y prolongados. Luego de lo cual el facultativo debe extender el certificado de defunción, comprensivo —siempre que Sea posible— del nombre del muerto» de la causa de la muerte, hora en que se haya producido y otros datos que sean de interés; que llegan al máximo detalle cuando se advierte que la muerte ha sido obra de mano criminal. En tal caso se procede además, aun no habiendo sino sospechas, a la práctica de la autopsia (v.e.v.). Tal certificado se ha de presentar en el Registro civil, para efectuar el asiento correspondiente: la partida de dejunción (v.e.v.). Extendida ésta, se obtiene el permiso de enterramiento, para efectuar el cual se suele esperar, por el duelo familiar y por precaución general, cierto lapso: de 24 horas en España y otros países, pero que se prolonga basta las 48 horas en naciones como Inglaterra, en que el clima no produce tan pronto la descomposición cadavérica, la infalible comprobación de la muerte, (v. ENTIERRO, EXHUMACIÓN, INHUMACIÓN.) 6) Si la muerte se ha producido violentamente, el cadáver no podrá ser movido del lugar hasta que el juez ordene su levantamiento. Existen algunas excepciones, como las víctimas causadas por los ferrocarriles; donde, comprobado que no cabe auxilio alguno, y de entorpecer la marcha del tren un cadáver, está dispuesto en la ley que sea apartado de la vía; luego de lo cual el convoy puede reanudar la marcha, con obligación de dar aviso del caso en la primera estación (art. 354 de la Ley de Enj. Crim. esp.). Dado el inmediato aviso a la autoridad judicial, en uno u otro supuesto, deberá la misma levantar, como primera providencia, acta en que conste lo actuado (cuando alguna autoridad de o:«a clase haya adoptado alguna medida provisional), puntualizar las circunstancias en que fué hallado el cadáver y todos los pormenores cuya constancia en autos pueda resultar de interés en ulteriores diligencias. En esta materia más vale pecar de detallista; pues algunas aparentes insignificancias, que luego desaparecen, natural o malintencionadamente, procuran en ocasiones la clave de una muerte o la pista de su autor, (v. AHOCADO, AHORCADO, CUERPO DEL DELITO.) c) El desenterramiento de cadáveres, sin autorización para ello, constituye delito. Ya en la ley 12, del tít. IX, de la Part. VII, se condenaba, con multa de 100 maravedís de oro, a quienes atentaban contra las sepulturas y ofendían el respeto debido a los restos de quienes han muerto. En el Cód. Pen. esp. se gradúa con bastante acierto lo relativo a los atentados contra los que fueron; así, tales actos pueden constituir: 1? simple /alta, cuando la profanación del cadáver reviste poca importancia, lo cual queda librado al arbitrio judicial, y castigado con pequeña multa y represión (art. 577, n9 69); 29 delito leve, castigado con multa hasta de 5.000 pesetas y arresto mayor cuando la profanación sea coa violación de sepultura, falta del respeto debido a los muertos o circunstancias similares (art. 340). (v. INHUMACIÓN ILEGAL, PROFANACIÓN DE CADÁVERES, VIOLACIÓN DE SEPULTURAS.) d) Siempre que la muerte se produzca por causas no bien determinadas, por accidente violento, de modo repentino, deberá practicarse la autopsia.
    e) Los moradores de la misma casa del difunto tienen la obligación de comunicar a la autoridad todo fallecimiento ocurrido en la misma, o el hallazgo de un cadáver, aun desconocido. El Fuero Real (lib. IV, tít. XVII, ley 3*), en disposición que pasó a la Nov. Recop. (lib. XII, tít. XXI, ley 16), tenía por autor del homicidio al habitante de la casa en que se hubiera hallado al muerto por alguien que no constare; aunque se autorizaba expresamente la defensa. Hoy día, tal circunstancia no pasa de constituir un indicio poco favorable, aunque pueda autorizar el procesamiento.
    /) Las disposiciones legales que rigen la materia requieren inexcusablemente, para proceder al enterramiento, la autorización expresa del juez o funcionario competente, que debe ampliarse además, cuando el muerto lo haya dejado dispuesto, o la familia lo deseare, para el embalsamamiento (v.e.v.), que deberá ser practicado por médico, y hecho constar en la partida de defunción, para cualquiera eventual diligencia ulterior. Asimismo debe constar el deseo del difunto para proceder a su cremación (v.e.v.); si bien ésta se practique en muchos cementerios de las grandes poblaciones una vez transcurrido un lapso, que oscila entre los cinco y los diez años de la muerte, por razones de espacio sobre todo, y siempre que parientes o amigos de la persona fallecida no renueven los derechos municipales de sepultura, salvo poseer panteón propio.
    La infracción de las disposiciones sanitarias sobre conducción de cadáveres y enterramientos es castigada con multa y reprensión si, por su escasa gravedad, constituye falta (art. 577, n9 59, del Cód. Pen. esp.); pero, de violar las leyes sobre inhumaciones con hecho de mayor importancia, se pena con multa crecida y arresto mayor (art. 340). (v., para la legislación arg., los arts. 63 y ss. de la Ley 1.565, de 1884, sobre el Registro civil; y para la esp., la análoga de 1870, en sus arts. 75 y ss.; y, además, CUERPO, MUERTE, MUERTO.) (5.163, 5310.)

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