Art. 1 del Codigo Civil y Comercial


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    Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

    I. Relación con el Código Civil y el Código de Comercio. Fuentes del nuevo

    texto Se trata de un tópico clásico de los títulos preliminares. Vélez Sársfield, acorde con el pensamiento de su tiempo, ciñó las fuentes del derecho a la ley (art. 15) y al papel del "uso, costumbre o práctica", los que sólo pueden crear derecho "cuando las leyes se refieren a ellos". Este último punto fue reformado por la ley 17.711, el que incorporó a las costumbres praeter legem , a las que Llambías define como "la norma consuetudinaria que rige una situación no prevista por la ley", excluyendo la voz "práctica"; y reemplazando las expresiones singulares "uso" y "costumbre" por las plurales y alterando la conjunción "o" por la "y", que es gramaticalmente más precisa. A su vez, el Título Preliminar del Código de Comercio prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales (art. III), e instruye únicamente al Poder Legislativo la interpretación de las leyes (art. IV). Por su parte, el art. II se ocupa de la derogación de la ley a través de la costumbre y el art. IV admite que las costumbres mercantiles sirvan de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y de los actos mercantiles (art. V). Este artículo recepta cinco fuentes del derecho, tres de ellas ya vigentes en el anterior ordenamiento: a) la ley; b) los "usos, prácticas y costumbres" cuando "las leyes o los interesados se refieren a ellos" y c) dichas prácticas "en situaciones no regladas legalmente". A su vez, innova incorporando dos: d) la Constitución Nacional, y e) los tratados de derechos humanos. En cuanto a la Ley Fundamental, su presencia obedece, como se señaló al glosar el Título Preliminar, a la creciente constitucionalización del derecho en su conjunto y, por tanto, del derecho privado. De ahí que el legislador ordene que las leyes civiles aplicables a los casos que rige este Código lo sean "conforme con la Constitución Nacional", consagrando expresamente lo que en jurisprudencia y doctrina nacional y comparada se conoce como la interpretación "de conformidad con la Constitución". En efecto; como se lee en los Fundamentos (III, 4, 1) con cita de inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema, "el juez debe tratar de preservar la ley y no destruirla", de modo que "se impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme con la Constitución". Respecto de los tratados de derechos humanos, si bien la relevancia de los convenios internacionales, sin importar su índole, no fue ajena al constituyente histórico, como lo muestra la inclusión y el alcance que les otorga en el art. 31, su reconocimiento como normas superiores a las leyes internas (y, por tanto, a las civiles) recién acaece cuando el Alto Tribunal en "E. c. S." (Fallos: 316:1934), deja sin efecto la doctrina asumida invariablemente hasta ese momento y según la cual no existía prelación normativa entre dichas disposiciones. Este criterio fue consagrado por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional con la reforma de 1994, la cual, además, eleva a jerarquía constitucional a diez instrumentos internacionales relativos a la materia de derechos humanos, incorporándose con posterioridad, con ese rango, otras dos convenciones sobre esa materia. Lo expuesto significa que a) los tratados son superiores a las leyes; b) algunos tratados sobre derechos humanos ostentan rango constitucional y c) los tratados de derechos humanos (ostenten o no rango constitucional) según el art. 1° son fuentes del derecho de conformidad con los cuales deben interpretarse las leyes civiles en los casos contenciosos. Fuentes: Del capítulo y del artículo: Código Civil argentino, arts. 15 y 16; Código italiano, arts. 1° y 2°; Proyectos de 1987; 1993 y 1998, arts. 5° y 6°.

    II. Comentario

    1. Modificaciones del Proyecto originario El documento exhibe dos modificaciones respecto del proyecto preparado por la Comisión y elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. La primera es que se había previsto incorporar como fuente del derecho a "los tratados en que la República sea parte", temperamento que, si bien no expuesto expresamente en los Fundamentos, guarda coherencia con la referida finalidad de sujetar el contenido de las leyes civiles a todas las normas de carácter supra legal. El legislador, al reemplazar el texto del proyecto ha reducido esa sujeción únicamente a los tratados de derechos humanos, alteración técnica y conceptualmente inconveniente, si se repara que excluye de esa necesidad de conformidad de las leyes a una importante porción de convenciones (sobre derechos humanos que no tienen rango constitucional y sobre otros temas), pese a su superior jerarquía. La segunda, anticipada al glosar el Título Preliminar, es la exclusión de la jurisprudencia como fuente jurídica. El proyecto había previsto que en la aplicación de las leyes civiles se tuviera "en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso", remisión esta última análoga a la ya prevista en la parte final del art. 16 del Código de Vélez, la cual, anticipándose a su tiempo, guarda plena coherencia con la relevancia asignada en la actualidad, al "pensamiento problemático", como oposición al meramente "sistemático". Si bien con la expresión asignada no se había otorgado un rango pleno a la jurisprudencia dentro del elenco de fuentes, cuanto menos se reconocía su desbordante relevancia práctica, además de importancia teórica, en línea con la también "modesta", como expresa Vigo, fórmula del art. 1.6 del Título Preliminar español: "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho". El legislador reemplazó el texto por "a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma" civil que debe aplicarse, con lo que incurre en un doble desacierto: técnico, por cuanto la interpretación teleológica está prevista en el art. 2°, por lo que su presencia aquí es redundante, y conceptual, en razón de que al excluir de plano a la jurisprudencia como fuente del derecho, además de hacer caso omiso de un dato de la realidad, parece recaer en una postura legalista contradictoria con el resto del articulado y con el espíritu asumido, in genere, por la Comisión. 2. Distinción entre derecho y ley Apartándose del Código reemplazado, la Comisión (Fundamentos, III, 2) se inspira en varios instrumentos, de entre los que menciona al Código Italiano. A su juicio, "El Anteproyecto distingue normativamente el derecho de la ley", ya que "una identificación entre ambos no es admisible en el estadio actual de la evolución jurídico-filosófica", con lo que profundiza su distancia con el modelo legalista imperante al tiempo de la sanción de los códigos en el siglo XIX, retomando las ideas jurídicas romanas (Digesto , 50, 7,1:" la esencia de la regla es la de enunciar una cosa preexistente", pues "el derecho no se extrae de la regla, sino que es del derecho que preexiste, que aquélla debe ser extraída"), más tarde asumidas por Tomás de Aquino ("la ley es una cierta razón de derecho") y que irrumpen en el escenario teórico-práctico luego de la Segunda Gran Guerra con el objeto de delimitar el contenido de la ley a partir del Derecho, de modo de evitar, como la llamó Kaufmann, la tragedia de la "lex corrupta". Como recuerda este autor, quien tiene presente la distinción derecho-ley efectuada por la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (art. 20, inc. 3°), aquel emerge como ese tertium resultado de una indagación en el sentido último del problema "puesto en correspondencia" con las reglas (o leyes), principios y valores que dimanan del sistema, al modo como se postula en el art. 2° al aludir a los criterios de interpretación. Además de lo recién expuesto y de la neta distinción metodológica que exhibe el Proyecto entre derecho y ley en los capítulos I y II, la sujeción de ésta a aquél se advierte, en este artículo, cuando se condiciona el valor de los usos, prácticas y costumbres "siempre que no sean contrarios a derecho", en una fórmula acaso más precisa que la empleada con análogo alcance en el art. 1.3 del Código Civil español; y en el art. 12, al referir a las convenciones particulares, a través de una doble perspectiva: la delimitación de aquellas a la luz del orden público y si persiguieran "un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa". 3. La ley Para la Comisión, aquélla continúa siendo la "fuente formal principal" (Fundamentos, III, 3 y 4, 1) pues de lo contrario "aparecen sentencias que no aplican la ley, o se apartan de ella sin declarar su inconstitucionalidad, siendo esta una decisión contra legem que origina litigiosidad innecesaria". Y si bien precisa que la "aplicación" entraña "delimitar el supuesto de hecho y subsumirlo en la norma, es decir, una deducción", con lo que parece asumir una perspectiva típicamente legalista, de inmediato torna inoperante dicho alcance al expresar que "queda claro y explícito en la norma que la interpretación debe recurrir a todo el sistema de fuentes". En efecto; como éste incluye a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, cuyas disposiciones asumen la estructura normativa de los principios, como se verá en el siguiente artículo, la tarea de desentrañar los casos regidos por el Código asume una dimensión ponderativa o valorativa, por completo extraña a la metodológica deductiva previamente postulada. 4. Los usos, prácticas y costumbres La Comisión no le dedica mayor tratamiento (cfr. Fundamentos, III, 4, 1, in fine ), seguramente por considerarlo innecesario en tanto el texto mantiene lo medular de la redacción del art. 17, luego de la reforma de la ley 17.711, con dos salvedades: a) añade a continuación de "las leyes" la referencia a "los interesados", que se toma del Proyecto de 1998, lo que revela una importante novedad, en tanto supone que estas normas no solo son fuentes jurídicas cuando la ley alude a ellas, sino cuando lo invocan los particulares, en línea con lo que ya disponía el Código de Comercio y en armonía con el reconocimiento jurídico a la personalidad humana en tanto portadora de derechos innatos e inalienables y b) la relevante matización ya anunciada supra III, 2, 2° parr.

    III. Jurisprudencia

    1. La prioridad de rangos del derecho internacional convencional sobre el derecho interno integra el ordenamiento jurídico argentino en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aprobada por ley 19.865 (...) La necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos equivalgan al incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27 (CSJN, 7/7/1992, Fallos: 315:1492). 2. La necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino una vez asegurados los principios de derecho público constitucional asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria (CSJN, 7/7/1993, Fallos: 316:1669). 3. En la interpretación de la ley debe preferirse la que mejor concuerde con los derechos, principios y garantías de la Constitución Nacional, en tanto tal exégesis pueda practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu (CSJN, 24/2/1965, Fallos: 261:36). 4. El derecho internacional de los derechos humanos (...) forma parte de nuestro bloque constitucional federal (CSJN, 3/5/2005, Fallos: 328:1146). 5. En nuestro sistema normativo la costumbre sólo adquiere poder jurígeno en situaciones no regladas legalmente (CNCiv., sala G, 21/3/2011, LA LEY, 2011-C, 357).

    Comentario Infojus del Art. 1 del C.C.C.N

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    Artículo actualizado vigente de la Republica Argentina
    Fecha de vigencia: apartir del 1 de Agosto del Año 2015
    Fuente de información: infojus: Fuente: Infojus Codigo Comentado
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[*] Jurisprudencia en Fallos judiciales

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