Definición de veto  



    Derecho para vedar o prohibir una cosa. | | En Derecho Político, facultad del soberano o del jefe del Estado para oponerse a la promulgación de una ley votada en el Parlamento, ya con carácter obstativo, ya para ser sometida a nueva deliberación con exigencia de mayoría cualificada, ya para suspender su eficacia durante un lapso más o menos prolongado. En lo canónico, derecho de algunos reyes para excluir a ciertos cardenales de la condición de papables. Acto de vedar o vetar.
    A. — En el Derecho Político. No se le había escapado a los sagaces juristas romanos esta institución, que toma su nombre de ellos, ya que veto quiere decir prohibo. Y ésa era la fórmula de los tribunos para oponerse a los decretos del Senado. De ahí el vocablo ha pasado al Derecho Constitucional, para referirse a la discrepancia del Poder ejecutivo o moderador con respecto al legislativo; y en ocasiones a los conflictos entre las dos Cámaras de éste, cuando la alta no aprueba la ley votada por la Cámara baja.
    Dos clases de veto se distinguen: el absoluto, cuando rechaza la ley, que no puede tener vigencia; y suspensivo, cuando se limita a retrasar su aprobación o aplicación.
    Sobre la conveniencia de uno u otro veto existen opiniones muy discordes. Santamaría de Paredes dice que: "Conceder al monarca o al presidente de la República la facultad de suspender indefinidamente la publicación de las leyes, equivale a Qtor- garle la función legislativa, permitiendo que sobreponga su voluntad a la nación en la declaración del Derecho; por eso es inadmisible el veto absoluto.
    Pero el veto suspensivo es necesario; porque puede darse el caso de que los Parlamentos se aparten de la opinión pública, o den la ley sin preocuparse de las dificultades para su aplicación práctica, o se separen del espíritu de la Constitución, o infrinjan las disposiciones que mantienen la armonía de los Poderes públicos. Y cuando esto suceda, el jefe del Estado obrará racionalmente suspendiendo la publicación de la ley hasta tanto que el país manifieste, en unas nuevas elecciones, su conformidad o desacuerdo con la decisión parlamentaria. De esta suerte, ei jefe del Estado, lejos de oponerse a la voluntad nacional, será su más firme garantía contra el abuso, la negligencia o la impremeditación de una Cámara".
    El intransigente Alcalá Galiano defiende por el contrario el veto absoluto. El suspensivo es un mal término medio, dice; pues no contenta a nadie e impide de cierto uno de los dos bienes a que aspira. En las cuestiones urgentes, además, el veto suspensivo equivale al absoluto. En las no urgentes, se hace casi sin necesidad una afrenta mayor al trono que si el veto no existiese; pues, no existiendo, publicaría y haría ejecutar el monarca todas las leyes, sin declararse favorable o contrario a las mismas mientras que, tras el veto suspensivo, cuando la ley rige en definitiva, el monarca queda vencido, tras haber peleado contra lo que pedía la razón, la justicia y la conveniencia.
    Joaquín María López, renombrado estadista español del siglo xix, condena todo veto; porque divide el Poder legislativo, con la intervención de un mecanismo extraño, y porque lo enajena, arrancándolo del corazón nacional, a quien únicamente pertenece, para colocarlo en órgano tan diferente como el rey, que, aun jefe y caudillo de la nación, no puede ser la nación unánime.
    Dentro del proceso constitucional esp., el veto fué admitido en la Const. de Cádiz de 1812; pues el rey podía negar la sanción de las leyes con la fórmula:
    "Vuelva a las Cortes", con una exposición de razones.
    Con ello no se trataba dé la ley hasta transcurrido un año, en que cabía usar segunda vez del veto suspensivo, con igual duración. Aprobada por tercera vez, la ley tenía que ser sancionada por el monarca.
    En el Estatuto Real de 1834 no se menciona el veto; pero existía el absoluto al requerir las leyes la sanción regia, y no condicionar ni limitar ésta.
    En la Const. de 1837 se implanta el veto absoluto; pues, si uno de los cuerpos colegisladores negase la aprobación de una ley proveniente de otro o el rey no la sancionare, no cabía en la legislatura proponerla de nuevo. Tal criterio se trasplantó a las otras dos Constituciones que le sucedieron: la moderada de 1845 y la liberal de 1869, luego de destronada Isabel II; e incluso había sido injertado en la non- nata de 1855.
    En la Const. de 1876 persiste ese principio: "Si uno de los cuerpos colegisladores desechara algún proyecto de ley, o le negara el rey la sanción, no podrá volverse a proponer otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura" (art. 44). Pero como la situación podía reproducirse indefinidamente en las legislaturas ulteriores, el veto era realmente absoluto.
    En la Const. de 1931, transaccional en diversos aspectos de la mecánica de los poderes, se refería al veto de manera oblicua, pero indudable: "El presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de 15 días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.
    Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el presidente procederá a su inmediata promulgación. Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el presidente podrá pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el presidente quedará obligado a promulgarlas" (art, 83).
    En la Const. arg. de 1853 se establece el vetq legislativo y el presidencial; ya que la aprobación de los proyectos de ley requiere la conformidad de ambas Cámaras y la del jefe del Estado. El texto es el siguiente: "Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días hábiles" (art. 70).
    "Ningún proyecto de ley, desechado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de origen; y, si en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta^ de los miembros presentes, pasará al Poder ejecutivo de la nación. Si las adiciones o correcciones fueren rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora; y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes, pasará el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes" (art. 71).
    En cuanto a) veto presidencial: "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder ejecutivo, vuelve con .sus objeciones a la Cámara, de origen; ésta lo discute de nuevo y, si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan Dor igual mayoría, el provecto es ley y pasa al Poder ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder ejecutivo, se publicarán inmediatamente por Ja prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año" (art.
    72).
    Con el restablecimiento del texto de 1853 en 1955 se borró la disminución de las mayorías —en 1949— a "los presentes", para poder superar mejor la abstención opositora.
    Por la rareza que constituía y por la exigencia de la unanimidad que significaba para innovar, merece ser citada la regla vigente en la antigua dieta polaca; donde bastaba una sola disidencia para que no se pudiera aprobar una ley. Esta anarquía legislativa, o petrificación nacional, se conoce como "líberum veto" (v.e.v.).
    B. — En el Derecho Canónico. Sin estar convenido entre la Iglesia y las naciones, ni estar reconocido expresamente por las reglas eclesiásticas, es evidente que desde varios siglos atrás diversas coronas europeas se han atribuido el derecho de oponerse, con motivo de la elección de un nuevo papa, a que pudiera ser designado un cardenal determinado, por no ser persona grata para un país o por las consecuencias desfavorables que ello tendría.
    Este derecho, aun llamado generalmente veto, se conoce también como de exclusiva de cardenales.
    España, Francia y Austria han hecho uso en diversas ocasiones del mismo. Suele ejercerse a través de un cardenal de la misma nacionalidad que el soberano que veta; este cardenal, antes de que el vetado reúna los votos necesarios para su ¿lección (pues entonces no cabría invalidarla), debe transmitir al cónclave el encargo de su país.
    El último de los vetos conocidos fué el célebre de Austria contra el cardenal Rampolla, en 1905, que se señalaba como candidato más probable para el pontificado. Pío X, con notable serenidad, pese a haberle favorecido el veto, porque condujo a su elección, declaró extinguido para Jo sucesivo el derecho de veto; poique no puede el poder temporal injerirse en las decisiones del poder • espiritual.
    En las posteriores elecciones papales no se ha suscitado en efecto la cuestión, resucita en gran parte por no ser ya monarquía ninguna de las tres naciones citadas; y no sentir esas veleidades intervencionistas los jefes de Estado sin corona.


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