Definición de contrato  



    La convención, para Aubry y Rau, es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. El Cód. Civ. arg. (art. 1.137) dice que "hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reblar sus derechos". Es muy semejante a la definición dada por Savigny, para quien el contrato "es el concierto de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones jurídicas". El Cód. Civ. esp. (art. 1.254) expresa que "el contrato existe desde que una o varias personas consientan en obligarse respecto de otra, u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio".
    Las tres notas de consentimiento (que implica diversidad de partes), objeto y cumplimiento compulsivo aparecen asimismo en la definición de la Academia Española: "Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser competidas".
    Todo contrato presupone la idea de un concurso de voluntades. Por más que se hable de la posibilidad del contrato consigo mismo, es ésta realmente una ficción. El contrato consigo mismo, cuyos ejemplos son el caso del heredero con beneficio de inventario, que presta a la sucesión una suma para pagar deudas de ésta, o el del mandatario que da su propio consentimiento cuando él mismo vende a su mandante, no son en realidad tales contratos; pues para ello es preciso el concurso de dos o más voluntades coincidentes.
    Como elemento esencial del contrato surge la necesidad del consentimiento, que ha de ser unánime entre todas y cada una de las partes que intervengan en la relación jurídica proyectada. El consentimiento no es más que el concurso de voluntades, y debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptación por la otra. Son requisitos esenciales en los contratos, además del consentimiento, un objeto, la capacidad de los contratantes y una causa lícita. El objeto ha de ser lícito y determinado o determinable. La capacidad, que es la aptitud legal para obrar válidamente, entraña el discernimiento. La causa, cuarto requisito que establece el art. 1.108 del Cód. Civ. francés, ha de ser lícita.
    "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma" (art. 1.197 del Cód. Civ. arg.). "Los contratos obligan, no sólo a lo que esté formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse que hubiesen sido virtu^lmente comprendidas en ellos" (art. 1.198). "Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres" (art. 21).
    "Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros" (art. 1.195). Los acreedores pueden, sin embargo, ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona (art. 1.196). "Las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos, y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido; y también, por mutuo consentimiento, revocar los contratos, por las causas que la ley autoriza, (art. 1.200).
    "Si en el contrato se hubiere hecho un pacto comisorio, por el cual cada una de las partes se reservase la facultad de no cumplir el contrato por su parte, si la otra no lo cumpliere, el contrato sólo podrá resolverse por la parte no culpada, y no por la otra que dejó de cumplirlo". Este pacto está prohibido en el contrato de prenda (art. 1.203). "Si no hubiere pacto expreso que autorice a una de las partes a disolver el contrato, si la otra no lo cumpliere, el contrato no podrá deshacerse, y sólo podrá pedirse su cumplimiento" (art. 1.204).
    Los contratos hechos fuera del territorio de la República, expresa el art. 1.205 del Cód. Civ. arg., serán juzgados, en cuanto a su validez o nulidad, su naturaleza y obligaciones que produzcan, por las leyes del lugar en que hubiesen sido celebrados; exceptuándose (art. 1.206) aquellos contratos que fuesen inmorales, y cuyo reconocimiento en la República resultase injurioso a los derechos, intereses o conveniencias del Estado o de sus habitantes. "Los contratos hechos en país extranjero para violar las leyes de la República, son de ningún valor en el territorio del Estado, aunque no fuesen prohibidos en el lugar en que se hubiesen celebrado" (art. 1.207). (v. arts. 1.209 a 1.211). El lugar de cumplimiento de los contratos, cuando en ellos no estuviere designado, o no lo indicare la naturaleza de la obligación, es aquel en que el contrato fué hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque después mudare de domicilio o falleciera (art. 1.212, y también los arts. 1.213 a 1.216).
    Después de lo dicho hasta aquí, puede resumirse el contrato como un acuerdo de voluntades, entre dos o más contratantes, manifestado en forma legal y que tenga por objeto la creación, modificación o extinción de una relación jurídica.
    Los requisitos de los contratos pueden ser esenciales, que son capacidad, consentimiento, objeto, causa; y formales, aquellos en que se exige por la ley una determinada forma para su validez. Son requisitos naturales los que se presumen incluidos en todo contrato, aun cuando sobre ellos nada hayan dicho las partes; y accidentales, los libremente determinados por los contratantes, sin que su omisión vicie o anule el acto jurídico.
    La doctrina legal española acerca de los contratos coincide en líneas generales con la expuesta en la legislación argentina; ya que ambas tienen una común ascendencia cercana en el Código de Napoleón y la remota del Derecho romano, además de ser muchas normas forzosas por la naturaleza del vínculo y de la propia índole humana. El art. 1.091 del Cód. Civ. esp. determina asimismo que "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos". Las formas y solemnidades de los contratos se rigen por las leyes del país en que se otorguen, con la reserva de las leyes prohibitivas y de las que atañen al orden público o se relacionan con las buenas costumbres (art. 11). Esos mismos límites se fijan a la omnímoda libertad de los contratantes, reconocida en el art. 1.255, con la fórmula: "los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por conveniente". La validez y cumplimiento no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes; porque ello destruiría la dualidad de vínculo, y entregaría a la parte pasiva* al capricho de la resolvente (art. 1.256). "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley" (art. 1.258). "No se admitirá juramento en los contratos. Si se hiciere, se tendrá por no puesto" (art. 1.260). En este caso, la ley no declara la nulidad, sino tan sólo la ineficacia del juramento; no obstante, si conocedora de tal precepto una parte hubiera obtenido con ello, y sólo por ello, alguna importante concesión de la otra, estimamos que habría un vicio fundamental del consentimiento, un dolo patente, causa de nulidad.
    De los requisitos de los contratos se ocupa el texto citado en sus arts. 1.261 a 1.277; de la eficacia de los mismos, del art. 1.278 a 1.280; de la interpretación, desde el 1.281 al 1389; de la rescisión, entre el 1.290 y el 1.299; y, finalmente, de la nulidad tratan del 1.300 al 1.314.
    Hay diversas maneras de clasificar los contratos, según se enuncie uno y otro de sus caracteres. El Cód. Civ. francés señala en sus arts. 1.102 a 1.107 algunas de estas clasificaciones, lo cual también hace el Cód. arg. (arts. 1.138 a 1.143).
    Sin perjuicio de ampliar las definiciones correspondientes en las voces respectivas, indicaremos las clases principales insertas en el Cód. Civ. arg.: a) Unilaterales y bilaterales. "Los primeros son aquellos en que una de las partes se obliga hacia la otra, sin que ésta le quede obligada; los segundos, cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra" (art. 1.138). b) A título oneroso y a título gratuito. "Son a título oneroso, cuando las ventajas que procuran a una u otra de las partes no les es concedida sino por una prestación que ella le ha hecho o que se obliga a hacerle a la otra; son a título, gratuito, cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja, independiente de toda prestación de su parte" (art. 1.139). c) Consensúales o reales. Los primeros quedan concluidos para producir sus efectos propios desde que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento; los segundos, para producir sus efectos propios, quedan concluidos desde que una de las partes haya hecho a la otra tradición de la cosa sobre la que versare el contrato. Forman la clase de los contratos reales el mutuo, el comodato, el depósito y la constitución de prenda y anticresis (arts. 1.140 a 1.142). d) Nominados e innominados, según que la ley los designe, o no, bajo una denominación especial.
    Los contratos bilaterales, o sea aquellos en que los dos contratantes se obligan recíprocamente uno hacia el otro, se denominan también sinalagmáticos.
    Además, los contratos, conforme con la clasificación que de ellos hace el Cód. Civ. francés, pueden ser conmutativos y aleatorios. Es ésta, en realidad, una subdivisión que se hace de los contratos a título oneroso. Es conmutativo el contrato cuando las prestaciones que se deben las partes pueden ser apreciadas por cada una de ellas inmediatamente; y aleatorios, cuando la prestación debida por una de las partes depende de un acontecimiento incierto que hace imposible evaluarle hasta su realización.
    Pueden también dividirse los contratos en principales y accesorios. Los primeros son aquellos que subsisten por sí solos; mientras los accesorios solamente pueden existir unidos al principal del cual dependen. Así, la fianza requiere una deuda u obligación principal.
    También pueden distinguirse los contratos de utilidad pública de aquellos de utilidad privada; lícitos o ilícitos, por razón de ser celebrados de acuerdo o en contra de la ley, la moral o las buenas costumbres; solemnes o no solemnes, según que la forma esté establecida obligatoriamente por la ley o quede al arbitrio de los contratantes. En otras especies se diferencia entre contrato verbal o escrito; de buena o de mala fe; civil o mercantil; verdadero o simulado; colectivos o individuales, etc. (v. ACEPTACIÓN, CAPACIDAD, CAUSA, CONSENTIMIENTO, CONVENCIÓN, CUASICONTRATO, FORMA, INTERPRETACIÓN, NULIDAD, OBJETO, OFERTA, PACTO, RESCISIÓN; además de las diversas y numerosas especies consideradas a continuación.) (42, 85, 93, 99, 104, 524, 571, 664, 1.111, 1.119, 1.121, 1.196, 1326, 1.457, 1.462, 1.463, 1.476, 1.477, 1334, 1.630, 1.647, 1.969^.038, 2.130, 2.131, 2.468, 2.469, 2.470, 2.471, 2.473, 2.606, 2.839, 2.895, 2.896, 2.897, 3.316, 3.393, 3.429, 3.446, 3.466, 3.509, 3.510, 3.755, 3.840, 4.216, 4224, 4255, 4.326, 4.350, 4.415, 4.681, 4.682, 4.698, 4.744, 4.784, 4.931, 5.244, 5.382, 5.732, 5.744, 5.751, 5.752, 5.778, 5.863, 5.865, 5.866, 5.874, 5.948, 5.949, 5.950, 5.951, 5.953, 5.954, 5.968, 5.970, 5.977, 5.989, 5.993, 6.002, 6.004, 6.043, 6.070, 6.103, 6.107, 6.119, 6.208, 6219, 6279, 6280, 6289, 6290, 6210, 6242, 6.364, 6273, 6.385, 6.413, 6.488, 6.489, 6.503.)

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